7 Mar 2021 - 10:37 p. m.

Siete relatores de la ONU para DD.HH. piden a Duque rechazar fumigación con glifosato

En una misiva enviada al presidente, los relatores de Medio Ambiente, Sustancias Tóxicas, Derecho a la Salud y Derecho a la Alimentación, entre otros, afirman que la propuesta del gobierno de retomar las aspersiones aéreas con el herbicida supondría enormes riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente.

Hasta ahora se conoce, dos meses después, que siete relatores especiales de las Naciones Unidas, por medio de una carta enviada el 17 de diciembre de 2020, le pidieron al presidente Iván Duque y al Congreso de la República que rechacen la intención de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) por los riesgos que tiene para los derechos humanos y el medio ambiente.

Según la misiva con el concepto de los relatores —el de Sustancias Tóxicas, la de Afrodescendientes, el de Medio Ambiente, el de Derecho a la Alimentación, la de Derecho a la Salud, la de Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Indígenas— la reanudación de este programa “atentaría contra el Acuerdo de Paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos”, que de hecho, prioriza sobre cualquier otro método, la erradicación manual.

En el documento, arriba adjunto, los relatores hacen explícita su preocupación sobre los efectos de la aspersión de glifosato en relación a la contaminación de los cuerpos de agua, especialmente en medio del contexto actual de la pandemia de COVID-19. “ Dicha contaminación se da no solo porque los cuerpos de agua sean asperjados, sino por la filtración del químico hacia aguas subterráneas”, aseguran.

De igual forma, aseguraron que la decisión de volver a las fumigaciones se esta llevando a cabo “en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.

Como si fuera poco, también manifestaron que la reanudación de la fumigación con glifosato atentaría y vulneraría los derechos protegidos por el Derecho Internacional y sobre los que Colombia tiene compromisos firmados. Dentro de los cuales está proteger a la población de sustancias y desechos peligrosos, como es el herbicida.

No es un dato menor, resalta la carta, que según la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, de los líderes sociales asesinados en Colombia durante 2019 y el primer semestre de 2020, 37 de las víctimas hayan impulsado el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) o perdido su vida en medio de los abusos de autoridad en las operaciones de erradicación forzada de cultivos.

Además, continúa la carta, del total de masacres reportadas en el 2020, el 78% habría tenido lugar en municipios en que la Fuerza Pública planteaba retomar las aspersiones aéreas con glifosato.

La misiva de los relatores es la respuesta a une petición enviada por DeJusticia y otras 16 organizaciones y centros académicos que enviaron en noviembre de 2020. Allí se alertó sobre el plan del Gobierno de retomar la fumigación y la implicación que esto conllevaría para las comunidades afectadas.

De igual forma, los relatores le solicitaron al presidente Duque proporcionar información sobre las medidas que tiene planteadas para prevenir los riesgos que conlleva la fumigación. De acuerdo con DeJusticia, los relatores ya recibieron una respuesta por parte del Gobierno, pero esta no se ha hecho pública.

Este lunes 8 de marzo se conoció la respuesta a los relatores por parte de la Cancillería colombiana, la cual se dio en febrero. Así sostiene que el Estado colombiano rechaza el pronunciamiento ya que no ha iniciado con las aspersiones aéreas.

“La comunicación del Estado rechaza que los relatores prejuzguen y afirmen, sin una base cierta, que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema ‘no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia’”, afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores.

*Nota de la editora: Esta nota se actualizó el 8 de marzo con la respuesta enviada por la Cancillería a los siete relatores.

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