El insulto mayor de Abelardo a las víctimas del Palacio (opinión)

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Hay una forma de crueldad que no dispara ni tortura. Elevar a la categoría de héroe a quien las víctimas señalan como su verdugo, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, y hacerlo justo el día que el país conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos, es una afrenta ante años de lucha por la memoria, la justicia y la verdad. Eso hizo el presidente Abelardo de la Espriella días antes de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, mientras en Miami un jurado escuchaba por primera vez cómo murió torturado el magistrado Carlos Horacio Urán. El presidente eligió estos días, entre todos, para escribir que el coronel Plazas Vega «es un héroe de la Patria» y para ordenarle a su canciller y a su embajadora en Washington que lo blindaran. Esta manifestación es una clara concepción frente a las víctimas de crímenes de Estado.

Ante tal exabrupto, tuvo que ser el mismo embajador colombiano ante la ONU, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en esos fatídicos hechos, quien lo calificara como «insulto mayor» e indicara que «Colombia no les va a dar ese lugar en la historia de grandes hombres» a personas como Plazas Vega. No es un desliz retórico. Es una decisión de Gobierno, tomada por quien más debería cuidar el lenguaje con el que Colombia nombra su propio dolor. El mensaje del presidente no es una opinión inocente, es una forma de revictimización. Las víctimas del Palacio de Justicia llevan cuatro décadas exigiendo verdad, y lo que reciben de su propio presidente es la instrucción de que el Estado respalde a quien participó de la operación militar donde desaparecieron forzadamente sus familiares.

En el plano judicial, la cadena de decisiones que dan cuenta de la responsabilidad estatal de tan doloroso crimen parte del 9 de junio de 2010, cuando el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Plazas Vega, entonces comandante de la Escuela de Caballería, como coautor mediato de la desaparición forzada agravada de once sobrevivientes del Palacio de Justicia. El 30 de enero de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena al concluir que el entonces coronel «hizo parte de una estructura de poder ilegal que diseñó y ejecutó» su desaparición. El 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado internacionalmente responsable por la desaparición forzada de al menos once personas y por la ejecución extrajudicial del magistrado Urán. Sin embargo, en una cuestionada decisión y pese a existir sólidos precedentes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega el 16 de diciembre de 2015.

Dos condenas internas en dos instancias, una responsabilidad internacional del Estado declarada por los mismos hechos y una absolución final en casación que no borra lo que dos jueces probaron, con nombres propios, durante años de instrucción e investigación criminal. Esta vez el debate será ante un tribunal federal de Miami, donde desde el pasado 8 de septiembre se le atribuye a Plazas Vega responsabilidad por presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas contra el magistrado, en el contexto de la toma del Palacio de Justicia. Ante la impunidad, esta vez las víctimas tuvieron que recurrir a la ley federal estadounidense Torture Victim Protection Act o TVPA de 1991, que permite interponer demandas civiles en tribunales estadounidenses contra personas individuales que, actuando bajo autoridad oficial de un país extranjero, hayan cometido tortura o ejecuciones extrajudiciales.

El presidente no tiene dentro de sus funciones constitucionales fabricar héroes por decreto, ni tampoco es patriotismo poner al servicio de una persona el aparato estatal de quien debe responder individualmente ante la justicia. Esta es quizás la primera fractura pública y moral de un gobierno que hoy debe elegir entre el relato heroico, ante su incomodidad por reconocer y proteger la verdad y la justicia de las víctimas de crímenes de Estado. Las víctimas del Palacio de Justicia no necesitan más disputas de relato; necesitan que el Estado siga cumpliendo lo que la Corte Interamericana le ordenó hace once años.

*Columna de opinión por Camilo Fagua.

** El pasado 17 de septiembre, el general (r) Luis Alfonso Plazas Vega, fue declarado no responsable en el juicio civil que se adelantaba en su contra en Estados Unidos por el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Desde 2022, la justicia de ese país lo investigaba por los delitos de delitos de tortura y ejecución extrajudicial.

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