Sigue el rifirrafe entre ex-FARC y JEP: Rodrigo Londoño habló de “derrota moral”

A través de un comunicado enviado a la comunidad internacional, el firmante de paz y excombatiente de la extintas FARC se refirió a los recientes roces que han tenido con la Jurisdicción Especial para la Paz a raíz de los comentarios de algunos magistrados. Dice que ese tribunal pone en riesgo la seguridad jurídica.

Redacción Colombia +20
09 de diciembre de 2024 - 08:37 p. m.
Rodrigo Londoño, 'Timochenko', el último comandante de las FARC y firmante del acuerdo de paz con el Gobierno, se pronunció por supuesto riesgo jurídico para ex-FARC. EFE/ Edgar Sapiña Manchado
Rodrigo Londoño, 'Timochenko', el último comandante de las FARC y firmante del acuerdo de paz con el Gobierno, se pronunció por supuesto riesgo jurídico para ex-FARC. EFE/ Edgar Sapiña Manchado
Foto: EFE - Edgar Sapiña Manchado
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Continúan los roces entre los ex-FARC y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras varios pronunciamientos por parte de magistrados de ese tribunal especial y las recientes declaraciones de Rodrigo Londoño, firmante del Acuerdo de Paz. Este fin de semana se conoció una carta abierta a la comunidad internacional en la que Londoño señalaba que la “JEP se ha propuesto la derrota moral de los firmantes” y que ponía en riesgo la seguridad jurídica de los mismos.

Asimismo, Londoño señaló que ese tribunal especial se ha alejado del espíritu del Acuerdo de Paz firmado en 2016, y que le dio vida a la Jurisdicción Especial. Además, hizo énfasis en que el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Secretario General Antonio Gutérres, alertaron al Estado sobre el tiempo que se ha tomado la JEP para emitir sentencias y la “inseguridad jurídica” para los excombatientes.

Pero más allá de ese contexto general que ha estado enmarcado en recientes peleas entre firmantes y la JEP, el ex-FARC se refirió a los episodios de la semana pasada cuando el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de ese tribunal, advirtió que se quedarían cortos de tiempo para investigar todos los casos y que entonces pasarían a la justicia ordinaria, algo que no es del todo cierto porque ni la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz ni el Acuerdo de Paz contemplan ese traspaso de casos bajo el motivo de falta de tiempo.

Asimismo, el tribunal especial se pronunció y dijo que: “La JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de los procesos judiciales para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Los procesos jurídicos para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones culminarán según lo acordado en el Acuerdo de Paz”, se lee en una publicación en su cuenta en X.

A eso se le sumaron las declaraciones de la magistrada Xiomara Balanta, quien señaló que los firmantes siguen incumpliendo el Acuerdo de 2016.

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Al respecto, Londoño señaló que a los magistrados encargados de administrar justicia transicional y restaurativa se les debe exigir imparcialidad. “Los firmantes de paz encendemos las alertas ante los riesgos que entrañan las actuaciones, omisiones y declaraciones de magistrados y magistradas de a JEP (...) En esta materia no solo está en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes, sino la piedra angular para que las presentes y futuras generaciones puedan vivir sin los padecimientos de la guerra”, dice el comunicado.

Por su parte, la JEP también emitió un comunicado a la comunidad internacional denunciando los esfuerzos de sectores vinculados al conflicto armado que buscan evitar que la JEP esclarezca la verdad y juzgue a los máximos responsables de crímenes como el secuestro, los ‘falsos positivos’, el reclutamiento forzado y la violencia sexual. El comunicado fue dirigido a la opinión pública, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los países garantes y acompañantes del Acuerdo Final de Paz, y la Corte Penal Internacional (CPI).

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Asimismo, en la carta, el presidente de la JEP, Ramelli, subrayó que el modelo de Justicia Restaurativa consagrado en el Acuerdo Final de Paz tiene como eje central a las víctimas y sus demandas de verdad. En ese sentido, el magistrado advirtió que los beneficios otorgados a los comparecientes están condicionados a que entreguen una verdad completa, eviten la repetición de crímenes y respondan de manera satisfactoria a las víctimas.

“Los firmantes de Paz, los integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que han cumplido con su comparecencia ante la JEP, tendrán derecho a una sanción propia y a resolver su situación jurídica siempre y cuando asuman su responsabilidad de manera pública y entreguen verdad detallada y exhaustiva”, enfatizó el presidente de la JEP, dejando claro que declaraciones generales no serán suficientes para cumplir con los requisitos de la jurisdicción.

Así se gestó el pleito entre firmantes y la JEP

A mediados de febrero de este año, los siete miembros del último secretariado que tuvo la extinta guerrilla de las FARC dieron a conocer dos duras cartas en las que advertían sobre varios presuntos incumplimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una de las misivas fue enviada al presidente Gustavo Petro con un propósito: crear una especie de tribunal de cierre que reemplace a la JEP.

Esa misiva, que se conoció un día antes de la llegada a Colombia del Consejo de Seguridad de la ONU -organismo que justamente le hace seguimiento al Acuerdo de Paz- y horas antes del encuentro que los firmantes sostendrán con ese organismo internacional, reúne una serie de inquietudes que desde hace un tiempo venían expresando los excombatientes sobre algunas decisiones de esa jurisdicción transicional.

De acuerdo con la carta, la JEP ha tenido varios incumplimientos que, de persistir, llevarían a algunos excombatientes a apartarse de las decisiones de ese tribunal. Además, afirman que la jurisdicción se está “alejando” del espíritu del Acuerdo de Paz y que está generando inseguridad jurídica de los firmantes de paz.

Tras la publicación de la carta, Roberto Vidal, quien para ese entonces era presidente de esa jurisdicción especial, señaló que es inadmisible relacionar la deserción del proceso de paz y su retorno a las armas, con el trabajo que realiza la jurisdicción. “Es inaceptable atribuir un asunto tan complejo a la actividad de la JEP donde lo que hemos hecho es buscar la garantía y el procesamiento adecuado de los comparecientes”.

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