Comisión de la Verdad: los puntos clave del capítulo étnico del Informe Final

Trato colonial y racismo estructural. Esos son dos de los conceptos cruciales que encontró la Comisión de la Verdad en su investigación para revelar los esclarecimientos de las afectaciones que han sufrido los pueblos étnicos (indígenas, rrom, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros) en el marco del conflicto armado, y que quedaron consignados en las 663 páginas del volumen ‘Resistir no es aguantar’ del Informe Final de la entidad, que salió a la luz este 2 de agosto.

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El principal hallazgo, señala el documento, es que “Colombia ha sido construida sobre relaciones basadas en el trato colonial y en un racismo estructural que buscan justificar el despojo, el exterminio y la negación de la existencia de los pueblos étnicos como colectivo y como pueblos”.

Para la Comisión, los pueblos étnicos han sufrido un contínuum de violencias que no solo se quedan en hechos como homicidios, masacres, torturas, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, desplazamiento o exterminio, sino que trascienden a sus territorios, a la naturaleza, a su integridad cultural, sus autoridades, autonomía y gobiernos propios, causando múltiples daños.

Lea aquí el volumen étnico:

¿Qué concluyó la Comisión?

Sin embargo, de acuerdo con la entidad, no se trata de hechos exclusivamente en el marco del conflicto armado, sino que este “configura la expresión más reciente de las violencias históricas contra los pueblos étnicos de Colombia”.

De hecho, la Comisión de la Verdad concluyó que los diferentes modelos de gobierno que existieron durante la construcción de la República de Colombia “prolongaron el trato colonial y el racismo institucional, y reprodujeron múltiples formas de violencia y exclusión que hoy perviven. Estas exclusiones deshumanizaron a los pueblos étnicos, normalizaron las prácticas atroces del conflicto armado y agravaron sus impactos”.

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En el volumen étnico también se pone de relieve que la forma como el Estado colombiano establece relaciones con los territorios y los pueblos étnicos ha propiciado ambientes para la consolidación y degradación del conflicto, pues ha primado una desprotección de estas poblaciones y una omisión al deber de prevenir violaciones de derechos humanos, a lo que se suma los incumplimientos de la política de reparación de víctimas y de restitución de sus derechos territoriales.

Sobre el accionar de los grupos armados que violentaron a los pueblos indígenas, negros y rrom, la Comisión destaca que las guerrillas incorporaron patrones racistas a sus formas de hacer presencia en los territorios. “Desde su marco conceptual reduccionista y ciego a las identidades, nunca entendieron ni respetaron las cosmovisiones propias de los pueblos étnicos; tampoco el alcance de sus derechos colectivos, y utilizaron los territorios como escenarios de disputa militar y control de las economías de la guerra, lo que causó daños colectivos que han afectado la existencia de estos pueblos”, dice el volumen.

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En cuanto a los grupos paramilitares, la Comisión asegura que asumieron el enfoque de ‘guerra de contrainsurgencia’ promovido por el Estado colombiano “y, en consecuencia, consideraron que los territorios de las comunidades étnicas debían ser sometidos a dos dinámicas complementarias y simultáneas: debilitar y sacar a la guerrilla de los territorios, involucrando a los pueblos étnicos por considerarlos su base social, y establecer el control total de las economías ilegales como el narcotráfico, los aprovechamientos forestales y el contrabando de petróleo, y de las economías legales como la agroindustria y el extractivismo, sumando los territorios a la lógica de acumulación por desposesión”.

Sobre la Fuerza Pública, el capítulo étnico asegura que esta desarrolló estrategias cívico- militares en los territorios, donde involucró a los miembros de las comunidades en acciones de naturaleza militar durante la confrontación armada, “exponiéndolos a ellos y a sus comunidades a una espiral de represalias y violencia creciente”. Pero la Comisión va más allá, y asegura que “existe una responsabilidad del Estado colombiano como agresor directo, cuando ha actuado en contra de los pueblos étnicos y de la garantía de sus derechos fundamentales y étnicos”.

Por ejemplo, el documento enfatiza en el rol de algunos agentes del Estado al actuar en connivencia o complicidad con grupos paramilitares y actores económicos involucrados en la promoción del despojo de tierras y del desplazamiento de pueblos étnicos de sus territorios.

De otro lado, el volumen concluye que a pesar del reconocimiento de estas poblaciones en la Constitución de 1991, esto no garantizó la protección de sus comunidades. “De hecho, trágicamente, la etapa de apertura y consolidación constitucional, que significaba reformas en términos de reconocimiento de derechos, tuvo una respuesta violenta por parte de guerrillas y grupos paramilitares, y fue vivida por los pueblos como un recrudecimiento del conflicto armado con la disputa constante entre grupos armados para apropiarse de los territorios étnicos y sus ecosistemas”, sostiene la Comisión.

Incluso, tras identificar los 17 territorios étnicos más golpeados, la entidad determinó que en varios casos hay vínculo de esas zonas con donde están las concesiones para la exploración y explotación de oro, petróleo y coltán, para proyectos agroindustriales, y para los cultivos de coca. “Guerra y modelo económico extractivo son así las dos caras del proceso destructivo que han experimentado las comunidades étnicas, que incluye la crisis humanitaria, la devastación de la vida, la humillación de sus saberes y culturas, así como la profanación de sus territorios”, concluye la Comisión de la Verdad.

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A esos daños ambientales hay que añadir la violencia cultural, con hechos como la prohibición de hablar los idiomas propios, de desarrollar la espiritualidad y la cultura, y la negación de su humanidad.

La resistencia de las comunidades

Aunque el capítulo étnico profundiza en todas estas afectaciones, también hace un reconocimiento a la resistencia de los pueblos indígenas, negros y gitanos, que se remonta incluso a la Colonia.

Durante el conflicto armado, se lee en el documento, las comunidades desarrollaron acciones para defenderse de los ataques, para proponer salidas negociadas, para exigir protección, para emprender acciones humanitarias. Y por atreverse a eso, varios actores armados se ensañaron con las autoridades étnicas y los liderazgos.

Aunque el informe reconoce que algunos miembros de estas comunidades han hecho parte de los grupos armados (legales e ilegales) que han tenido un rol en el conflicto, deja en claro que esa participación no está ligada a una decisión colectiva de los pueblos ni de sus estructuras organizativas.

La Guardia Indígena del Cric es una iniciativa pacífica de defensa y seguridad territorial.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Es más, la Comisión destaca que los pueblos étnicos han desarrollado mecanismos como la Guardia Indígena o la Guardia Cimarrona para el gobierno propio y la autoprotección de las comunidades, y pone de relieve que las comunidades étnicos han propuesto y desarrollado acciones de resistencia y para la defensa de la vida y rechazo a la acción armada.

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Los cuatro ejes de las recomendaciones

Para la Comisión de la Verdad, hay que trabajar, sobre todo, en cuatro líneas para lograr la no repetición del conflicto en los pueblos étnicos: construcción de paz, víctimas, régimen político y transformaciones socioeconómicas y culturales.

Sobre la primera, la entidad resalta la necesidad de cumplir el Acuerdo de Paz, avanzando en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT) y con la participación de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (Ieanpe) y la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. También, dar pasos en los programas de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios indígenas y afro, así como en el desminado humanitario, entre otras iniciativas.

En cuanto al punto de víctimas, aunque la Comisión reconoce que hay avances significativos en los procesos de reparación, memoria y reconocimiento, hace un llamado a que el Estado comprometer mayores esfuerzos y recursos para una reparación “colectiva, integral y transformadora”, no solo de carácter económico. La entidad también recomienda la creación de un sistema de información para unificar los datos de la población étnica victimizada, profundizar en las investigaciones sobre las violencias de género y los delitos sexuales cometidos contra mujeres, hombres y personas LGBTIQ+ de los pueblos étnicos, así como asegurar una protección efectiva de sus territorios.

Respecto al régimen político y participación, la Comisión asegura que hay que desarrollar casi una decena de artículos de la Constitución de 1991 que involucran a las comunidades étnicas, así como poner en marcha el bloque de constitucionalidad y el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.

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Y sobre las transformaciones socioeconómicas y culturales, la entidad hizo sugerencias que buscam “modificar las formas negativas de relacionamiento, como las violencias de género, el trato colonial, el racismo, la discriminación, la venganza, el odio y la estigmatización”. Entre las recomendaciones está ampliar el acceso de los pueblos étnicos a oportunidades sociales y económicas relacionadas con la educación y el empleo, generar e implementar políticas y medidas que contribuyan al goce efectivo de derechos por parte de las mujeres de los pueblos étnicos. También recomiendan la creación, por parte del Estado colombiano, de una Comisión Histórica de la Verdad para los pueblos indígenas, negro, afrocolombiano, raizal, palenquero y rrom, que recupere la memoria oral e histórica de los pueblos étnicos del país.