Colombia + 20

28 Jun 2022 - 11:00 a. m.

Transformar la doctrina militar y otras recomendaciones del Informe Final

Liderar una reforma al sector defensa en Colombia, ponerles controles estrictos a las actividades de Inteligencia, controlar los ascensos de militares y policías denunciados por violaciones a derechos humanos y eliminar el servicio militar obligatorio son algunas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en esta materia.
El Informe Final recomienda que los militares o policías con denuncias “creíbles” en casos de violación a los Derechos Humanos o infracciones al DIH no deberían tener ascensos en sus rangos.. EFE/Luis Eduardo Noriega A.
El Informe Final recomienda que los militares o policías con denuncias “creíbles” en casos de violación a los Derechos Humanos o infracciones al DIH no deberían tener ascensos en sus rangos.. EFE/Luis Eduardo Noriega A.
Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Una de las principales conclusiones de la Comisión de la Verdad, en materia de defensa, es que en Colombia las instituciones de Fuerza Pública y defensa deben pasar por un proceso de transformación para que se ajusten de forma más precisa a las necesidades actuales y a la etapa de transición que vive el país. En el subcapítulo sobre las recomendaciones de seguridad, la Comisión sugiere varias reformas y transformaciones concretas a instituciones de las Fuerzas Militares y la policía, con el fin de “disminuir la militarización, poner en el centro el cuidado de la vida, la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”.

Colombia+20 conoció uno de los borradores de este capítulo en el que se plantea la importancia de liderar un diálogo público, diverso y plural para “construir una nueva visión de seguridad para la construcción de paz, enmarcada en el enfoque de seguridad humana, que se centre en la protección de la vida y las comunidades”. El documento también resalta la importancia de que se conciba la seguridad como un bien público que debe ser garantizado únicamente por el Estado y, por ello, sugieren que se consolide una comisión con personas expertas en el tema para liderar una reforma al sector defensa en Colombia.

Para ello, según la Comisión de la Verdad, una de las prioridades deberá ser revisar y ajustar toda la doctrina militar y de la Policía a una que garantice y respete la dignidad humana y el principio de distinción, pero además sugiere modificar el régimen disciplinario de las Fuerzas Militares “pues, por una parte, este incluye faltas en blanco cuando se cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario” y, además, se asigna competencia a la Junta Disciplinaria Militar cuando se presentan hechos de gravedad o interés público en el desarrollo de operaciones militares.

La Comisión también recomienda sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa “para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil” y crear mecanismos públicos de participación para que los ciudadanos puedan conocer y hacer seguimiento a los procesos de control interno disciplinario a los que sean sometidos los integrantes de la Fuerza Pública. También menciona la importancia de que se dé prioridad a las capturas y a las desmovilizaciones sobre las muertes en combate.

Sobre las propuestas de reformas al interior del Ministerio de Defensa también está sobre la mesa la necesidad de sacar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de esta cartera, con el fin de que “las empresas sean supervisadas bajo criterios acordes a su labor”. También sugiere que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de Paz en relación con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y su función de vigilar y regular los servicios de seguridad privada en el país, con requisitos de conformación y funcionamiento más estrictos para las empresas.

(Vea: Una Comisión de la Verdad inédita en el mundo)

De hecho, otro de los aspectos sobre los que la Comisión fue enfática fue en la necesidad de que los colombianos también tengan acceso transparente a los procesos disciplinarios que la Procuraduría adelante a la Fuerza Pública cuando se cometan infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos. “Además de garantizar la aplicación de la suspensión provisional de los funcionarios que estén investigados por ese tipo de delitos”.

Para continuar con el legado de la verdad, la Comisión también recomienda al Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Defensa y del Interior, además de las Fuerzas Militares y la Policía junto a otros sectores de la sociedad, que promueva espacios de reconocimiento de responsabilidades sobre: ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, crímenes cometidos por el antiguo DAS, el estatuto de seguridad, los consejos verbales de guerra, el paramilitarismo y las chuzadas o interceptaciones ilegales.

Reformar la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia

La Comisión también sugiere que se realicen reestructuraciones que permitan que las actividades de inteligencia “cuenten con controles civiles e independientes del Gobierno y las Fuerzas Armadas a todas sus labores, particularmente, de las actividades más intrusivas como el derecho a la intimidad, los perfilamientos y el monitoreo al espectro electromagnético”. Esta recomendación implicaría reformar la Ley 1612 de 2013, que es la que configura las actividades de inteligencia y contrainteligencia militar en el país.

Sobre este asunto, también explica la necesidad de que se levante, de forma gradual, la reserva de ciertos archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia que ya hayan cumplido el tiempo legal de reserva. Además, también sugiere al Congreso de la República que sobre este tema se derogue la disposición de la Ley de Inteligencia que establece que dichos archivos tienen una reserva de 30 años. “(Con ese plazo) se desconocen los estándares internacionales del derecho de acceso a la información y los de transparencia (...) Se debe mantener vigente como único plazo de reserva el de 15 años”.

(Lea: El país en transición al que llega el Informe final de la Comisión de la Verdad)

Otro de los aspectos sobre los que profundiza es en la importancia de que se derogue el Decreto 2149 de 2017, mediante el cual fue creado el Sistema Nacional de Depuración de archivos de inteligencia y contrainteligencia. Pide, incluso, que se suspenda de forma inmediata el proceso de depuración actual sobre estos archivos y que, en su lugar, se consolide una instancia de carácter civil y autónomo para esta labor, de forma que se conserven documentos de derechos humanos que tengan valor histórico.

Para este punto, la Comisión exhorta a que se abra un espacio para las víctimas del conflicto armado a que participen del proceso de evaluación y depuración de esos archivos de inteligencia y contrainteligencia. De forma paralela, sugiere que los desmovilizados de forma individual o personas en procesos de reincorporación colectiva no sean usados para labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas, “más aún cuando se trate de niños, niñas y adolescentes desvinculados”.

Sobre las violaciones a los derechos humanos y DIH

Uno de los puntos sobre los que las recomendaciones son enfáticas es en la necesidad de eliminar la obligatoriedad del servicio militar en Colombia y proponen transitar hacia un servicio social en instituciones de carácter civil. En ese mismo apartado, la Comisión plantea revisar o, si es el caso, reducir el presupuesto de Fuerzas Militares y de la Policía “para que sean adecuadas a las necesidades institucionales y operaciones que se establezcan con la nueva visión de seguridad”.

El Informe Final recomienda que los militares o policías con denuncias “creíbles” en casos de violación a los Derechos Humanos o infracciones al DIH no deberían tener ascensos en sus rangos. Para ello, recomienda un proceso de verificación de antecedentes y denuncias en su contra que competa a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, como a asociaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y organizaciones sociales.

Para acceder a los ascensos, se plantea la necesidad de que se acrediten evidencias de conocimiento y respeto por los derechos humanos, el DIH y pide que se adjunte un documento que certifique que no hay denuncias “creíbles” en su contra por procesos relacionados con este tipo de delitos.

(En video: +Verdad -Cuento: ¿Qué es y cómo será el informe final de la Comisión de la Verdad?)

Finalmente, proponen una revisión profunda de antecedentes de todos los integrantes de Fuerzas Militares y Policía que estén implicados en delitos contra los derechos humanos y reestructurar, de ser necesario, todos los procedimientos institucionales de las Fuerzas Armadas para que estén acordes a la nueva visión de “seguridad para la paz”.

El control sobre la tenencia de armas de fuego

Sobre el Departamento de Control y Comercio de Armas -entidad encargada de autorizar el porte legal de armas en el país- se sugiere que no sea supervisada por el Comando Central y el Ministerio de Defensa sino que se traslade esa función al ministerio donde quede la Policía Nacional.

Según la Comisión, uno de los objetivos que se deben cumplir es desincentivar el uso y la tenencia de armas de fuego en particulares, por lo que propone abrir espacios de debate con el fin de revisar los requisitos y robustecer los controles de los mismos. Para ello, plantea la posibilidad de que se elaboren reportes públicos por parte de las entidades privadas de seguridad sobre este asunto y recomiendan que se diseñen campañas de sensibilización y pedagogía sobre la problemática de las armas de fuego.

(Además: Así funcionará el comité que continuará con el legado de la Comisión de la Verdad)

Seguridad en la ruralidad y cooperación internacional

Con el fin de fortalecer la seguridad en zonas rurales y en espacios de frontera, la CEV pide a la Policía que fortalezca su liderazgo en materia de seguridad ciudadana y que se eliminen los convenios entre Fuerzas Militares y empresas privadas con presencia en lo rural “sin perjuicio de la necesidad de atender la seguridad de los ciudadanos y comunidades en lo rural, así como la protección de las actividades empresariales”. Otra de las sugerencias es que incluyan a las guardias comunitarias (indígena, cimarrona y campesina) en las actividades de cuidado de las comunidades y se refieren a la importancia de fortalecer las figuras de los inspectores de policías en esas zonas.

Finalmente, el último apartado del borrador sugiere que los acuerdos de cooperación internacional en materia militar sean sometidos a debates públicos y, en caso de que se requiera, que sean tramitados como “tratados internacionales en los que participe la ciudadanía y todas las ramas del poder”. Esta recomendación, por ejemplo, buscaría tener más regulación y control sobre los acuerdos militares vigentes entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

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