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Queda un día para que la Comisión de la Verdad entregue al país su Informe final, un documento que resume los más de tres años de mandato de esta institución que busca explicarle al país los orígenes y las razones del conflicto armado de más de cincuenta años. En sus páginas habla de lo que fue la violencia entre 1958 y 2016, las razones de persistencia del conflicto en el país, los patrones criminales y las responsabilidades de cada sector de la sociedad en esta guerra.
Esta no es la primera vez en el mundo que se crean estos espacios para lograr hacer una transición a la paz, después de un conflicto armado o un Acuerdo de Paz. Han existido 51 en todo el mundo: la primera fue la de Uganda, que pretendía investigar la desaparición forzada que existió en ese país en medio de su conflicto armado en los años 80, pero en Latinoamérica varios países ya han pasado por esta experiencia: Perú, Panamá, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Argentina, entre otros.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad en Colombia tiene unas características inéditas que no ha tenido ninguna en otro país: hay un capítulo de género, en el que se aborda la violencia de las mujeres y la población LGBTIQ+ en medio del conflicto; hay un capítulo étnico, en el que se trata de manera diferenciada los patrones de violencia de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y también existe un capítulo dedicado a las voces en el exilio, que aborda la experiencia invisibilizada de los colombianos que han tenido que salir del país por la guerra.
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Otra de las particularidades del Informe final que recibirá el país este 28 de junio es el capítulo de Voces, donde se incluyen los testimonios y relatos sobre lo que significó el conflicto armado, como parte de un ejercicio de memoria histórica. Este punto, a cargo del comisionado Alejandro Castillejo, tiene protagonismo en la plataforma multimedia del Informe, pues hay extractos sonoros con algunos testimonios de las víctimas, pero también de actores armados. La Comisión de la Verdad es la primera en el mundo en incluir un volumen sonoro como parte de su informe.
La violencia contra las mujeres y la población LGBTIQ+
Uno de los diez capítulos del Informe Final es el de mujeres y población LGBTIQ+, que aborda la violencia sexual, reproductiva y las formas de violencia diferenciada a la que esta población fue sometida por distintos actores armados. La mujer detrás de este trabajo de investigación es la comisionada Alejandra Miller, economista de 51 años, quien ha trabajado más de la mitad de su vida con mujeres que han vivido el conflicto armado. Su trayectoria comenzó por la Ruta Pacífica de Mujeres y gran parte de su trabajo lo ha centrado en el departamento del Cauca.
Fueron varias las organizaciones civiles que entregaron, a lo largo de tres años, informes, documentos, testimonios e investigaciones a la Comisión de la Verdad para que sus relatos fueran incluidos en el Informe final: Sisma Mujer, la Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica de Mujeres, Women’s Link Worldwide, Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, entre muchas otras entidades territoriales que también participaron de este proceso extrajudicial.
Su expectativa es que la Comisión logre dimensionar los impactos que han vivido las mujeres a lo largo de la historia de Colombia y cómo han sido botines de guerra para los actores armados. Mariana Ardila, de Women’s Link, dice que esperan que este capítulo aborde de forma detallada la violencia reproductiva a la que fueron sometidas varias mujeres. “Hay una subcategoría de la violencia de género que es la violencia reproductiva, es diferente a la violencia sexual y en el conflicto armado se cometió, por ejemplo, cuando obligaban a las mujeres a planificar o las sometían a abortos forzados en condiciones inseguras. Este tema ha sido mucho más invisibilizado”.
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La abogada Ardila dice que esperan que una de las recomendaciones del Informe final sea la reparación de las niñas y mujeres víctimas de violencia reproductiva, por ejemplo, que integraban grupos armados como las Farc, bien sea por haber sido reclutadas a temprana edad o por haber llegado a las filas de forma voluntaria. “La Ley de Víctimas (1448 de 2011) las excluye de reparación si esas mujeres se desmovilizaron o huyeron del grupo siendo mayores de edad, a pesar de que son víctimas también. Esperamos que esa Ley cambie y no que ellas tengan que interponer tutelas en cada caso”.
Carmen Perlaza*, una mujer víctima de desplazamiento forzado y de violencia de género en 2004 en Casanare, dice que contó su relato a la Comisión de la Verdad en 2021 para que documentaran los tipos de violencia a los que fue sometida por ser mujer. “A la vereda llegaban los paramilitares, la Fuerza Pública y la guerrilla y pedían que los atendiéramos. Nos tocaba hacer todas las labores de cocina y de aseo para ellos, y era muy duro porque yo tenía a mis hijos pequeños y uno tenía que salir a mercar con la violencia a plena luz del día y seguir cumpliendo con las labores de cuidado de ellos”. Laura Beltrán, politóloga del área de Paz de Colombia Diversa, afirmó que esperan que el Informe final reconozca la discriminación de las personas de condición sexual diversa como un hecho central en el desarrollo de la guerra y no como un accesorio o un asunto menor. “Hay que entender que a los grupos armados la población LGBTIQ+ les era útil para el desarrollo de sus fines, como era castigarlos frente a toda la población civil y así sembrar terror en el resto de la sociedad. Eran utilizados”.
Dice también que esperan que dentro de las recomendaciones del Informe haya una orientada a entender cómo el conflicto armado separó y atomizó a esta población del resto de la sociedad colombiana y esperan que también haya un minucioso aporte sobre cómo deben ser reparadas.
El dolor del exilio
El comisionado Carlos Martín Beristain, médico y psicólogo español, fue el encargado del capítulo del Exilio, uno de los más novedosos en una comisión de la verdad en el mundo, que busca explicar el fenómeno del exilio como la última salida de muchos colombianos después de vivir múltiples victimizaciones en el marco del conflicto. Según Beristain, lograron recopilar más de 2.000 testimonios de colombianos en el exterior en 27 países.
Este capítulo, según el comisionado, contiene información sobre la que poco se ha hablado e indagado en el país. “Por ejemplo, la verdad sobre la justicia en Colombia: hay jueces y fiscales que conocen, como nadie, casos de violaciones de derechos humanos, corrupciones públicas, privadas, que, por ese conocimiento, tuvieron que salir y guardarse esa verdad hasta el día de hoy”. Este apartado fue consolidado con una metodología distinta al resto: fueron las mismas víctimas quienes, en otros países, recopilaron los testimonios de sus compatriotas para entregarlos a la Comisión, a través de talleres que apoyaron varias embajadas y organizaciones sociales para formar a 240 entrevistadores en todo el mundo.
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Es la oportunidad de dimensionar el desarraigo territorial y cultural, las frustraciones al proyecto de vida y otro tipo de afectaciones que viven los colombianos en el exterior. Según la Unidad de Víctimas, hay 25.643 personas refugiadas, exiliadas o asiladas por razones del conflicto armado interno. Uno de ellos es Carlos Echeverri, quien lleva 18 años en el exilio tras recibir amenazas después de que el 17 de septiembre de ese mismo año los paramilitares, con ayuda del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), asesinaran a Alfredo Correa de Andreis, destacado profesor universitario de Barranquilla a quien tildaban de ser un “ideólogo guerrillero”.
Su historia es la protagonista en el documental “La paz difunta”, un largometraje que dirigió Juan Pablo Méndez, cineasta colombiano que reside en Argentina que quiso hacer un homenaje a las personas que han tenido que salir exiliadas de Colombia a causa de la guerra. El capítulo del exilio de la Comisión de la Verdad es una oportunidad para reunir estos testimonios y darle dimensión a esta victimización de la que hay poco documentado en el país.
Por ejemplo, John Jairo Romero, exiliado en España, quien integra la Mesa Nacional de Víctimas como representante de las víctimas en el exterior, dice que hay una constante en esos colombianos que anhelan retornar, pero aseguran que no tienen las garantías de seguridad para hacerlo. “Conocí al menos 38 familias de colombianos en el exilio que retornaron después de la firma del Acuerdo de Paz, pero doce de esas familias tuvieron que volver a salir del país por su seguridad”.
Los impactos a la población étnica
Los comisionados Leyner Palacios, abogado, oriundo de Bojayá (Chocó) y Patricia Tobón Yagarí, abogada, indígena embera oriunda del resguardo Carmatarrúa (Antioquia), fueron los encargados del capítulo Étnico de la Comisión de la Verdad, que analiza los impactos de la población indígena, afrodescendiente, palenquera y raizal de Colombia que ha vivido los estragos de la guerra en sus poblaciones y territorios. Este capítulo, entre otras cosas, hace parte de la implementación del enfoque étnico del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, que sería transversal a todo el proceso de transición al posconflicto.
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Es la primera vez que una Comisión de la Verdad en el mundo ahonda en los impactos diferenciales de los pueblos étnicos en una guerra, en especial porque esta población, después del Acuerdo de Paz, ha seguido viviendo todo tipo de victimizaciones en sus territorios. Por ejemplo, la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico entregó este año en la Comisión de la Verdad un informe que se enfoca en explicar los etnocidios ocasionados por grupos armados y el daño a la espiritualidad propia de las comunidades.
Una de las mujeres que más ha trabajado en este asunto es Remedios Uriana, lideresa feminista wayuu que ha documentado varios casos de violaciones a los derechos humanos en comunidades indígenas. Fue una de las mujeres que abanderó la causa del aborto en varios resguardos en La Guajira y explica que una de las deudas históricas del Estado es la educación sobre salud sexual y reproductiva en esas zonas del país.
Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, dijo que una de las expectativas que tienen frente al Informe final es que aborde las victimizaciones de las mujeres indígenas y negras de forma diferencial, “y que en las recomendaciones haya apartados específicos sobre la importancia de la educación y la pedagogía en asuntos de género y paz en los pueblos étnicos del país”.
La población raizal, concentrada específicamente en el archipiélago de San Andrés y Providencia, también tiene un apartado en el Informe final en el que se habla sobre los más de 600 desaparecidos y 290 personas asesinadas en las islas. Uno de los retos de la Comisión de la Verdad será lograr difundir su Informe en los territorios más alejados del país, para que su legado llegue hasta las comunidades que también aportaron en el proceso.