Durante 36 meses, los once comisionados de la Verdad y su extenso equipo de investigación recorrieron el país y escucharon 28.543 testimonios de víctimas, pueblos indígenas, afros, campesinos, miembros de grupos armados ilegales, la Fuerza Pública, políticos, empresarios y otros actores que tuvieron que ver con el conflicto armado en Colombia. Junto a más de 1.100 informes recibidos de distintas organizaciones e instituciones contrastaron el enorme volumen de información y lo sistematizaron. Escudriñaron en las razones de la guerra, los motivos para que perdurada durante más de 60 años y por los que aún hoy permanece. Presentarán al país el resultado de su titánica labor este martes 28 de junio.
El Informe llega en un momento de transición. Desde el día en que resultó electo presidente de la República, con más de once millones de votos, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en el país, ha convocado a un Acuerdo Nacional que reúna a todos los sectores políticos alrededor de un gran diálogo. Lo vimos esta semana reunirse con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; sentarse en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque y acordar un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe, cosa impensable hace unos meses. Se va abriendo paso esa gran conversación nacional.
Un país distinto
Por cerca de una década, Gonzalo Sánchez estuvo al frente de la construcción de verdad y memoria en Colombia, en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Conoce de cerca los desafíos de esa tarea en un contexto como el colombiano y hoy dice sin dudarlo que el Informe final de la Comisión “cuenta con el mejor escenario de recepción. Estamos saliendo de un momento político cultural autoritario, asociado a la Constitución de 1886, y pasando a un momento de restablecimiento del espíritu democrático, pluralista e incluyente de la Constitución de 1991”.
Para él, lo que marcó el Gobierno saliente fue el negacionismo, no solo en términos de verdad, sino “negacionismo de las razones de la protesta social, de las razones del conflicto armado; hubo una larga pausa, un largo silenciamiento de la paz”. A lo que el país se enfrenta ahora es a un “redescubrimiento de su potencial democrático”, sostiene.
En la Comisión de la Verdad son conscientes de ese país distinto —y más favorable— al que tuvo que sortear durante sus años de mandato. “La Comisión comenzó en un escenario de mucha controversia en torno al Acuerdo de Paz y a los mecanismos de justicia transicional, y hubo muchos intentos de acabarla, pero fracasaron. La justicia transicional se consolidó; la paz se impuso como una realidad”, sostiene Martha Ruiz, comisionada de la Verdad. Agrega que al principio las prevenciones eran fuertes, no los bajaban de santistas —en referencia al presidente Juan Manuel Santos—, izquierdistas o guerrilleros, pero cree que con el tiempo esa resistencia se fue disipando, mientras en la comisión sentaban a exguerrilleros y militares con sus víctimas o a Salvatore Mancuso al lado de Rodrigo Londoño, Timochenko. “El país del plebiscito ya no es el país de hoy”, recoge.
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Durante 2019, 2020 y 2021, en las calles estallaron las movilizaciones masivas de protesta, que se mantuvieron vivas y se reflejaron ahora en las urnas, con la abstención más baja de los últimos 24 años (42 %). Para María Camila Moreno, del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), ahí hay “un país que reclama que se resuelvan los problemas de fondo que aquejan a millones de personas, un país empobrecido por la pandemia, que está reclamando una acción contundente y eficaz del Estado, para aliviar las necesidades de las mayorías”. Agrega que “la preocupación de esa mayoría sigue siendo cómo le van a resolver sus problemas. Eso es un reto también para el Informe, que tiene que dar pistas para poder encontrar las soluciones de fondo que requieren esas mayorías”.
Un compromiso de Estado y de largo plazo
Con los ojos del país puestos en esa transición, ¿cómo lograr posicionar ese Informe final? La lectura desde la Comisión de la Verdad es que esto no depende de la “propaganda” o la pedagogía que se le haga desde el 28 de junio, sino de todo lo que estuvo haciendo esa comisión en los últimos tres años o lo que ellos llaman el legado: “Los actos de reconocimiento, el diálogo social, acercar a víctimas y victimarios, abrir conversaciones; eso es lo que legitima y le abre espacio al informe. No creo que hoy puedan decir que la Comisión se encerró en una torre de marfil o en unos sótanos a ver cómo hacía un informe. Lo hicimos de cara al país, con conversaciones públicas; pusimos al país a ver lo que estábamos haciendo, abrimos las cámaras, los micrófonos. En realidad, no tenemos ningún secreto que contar, mucho de eso el país lo vio en vivo y en directo”, sostiene la comisionada Ruiz.
Ese legado de la Comisión, que incluye al informe pero abarca toda esa labor de la entidad, pasará a manos del Comité de Seguimiento y de lo que se ha denominado la red de aliados, que integra centenares de organizaciones sociales, miembros del empresariado, de la comunidad internacional y de la academia, entre muchos otros sectores. “Cuando se habla de la sociedad, esto debe tener unos receptores concretos y ahí entra esta red de aliados, cuyo propósito es buscar que haya una masa crítica en la sociedad colombiana que recoja ese legado”, dice María Camila Moreno.
“Al final, ¿de qué se trata todo esto? No solamente que la gente sepa qué dice el Informe final, o cuáles son sus hallazgos, sino de desatar una serie de conversaciones y reflexiones en la sociedad sobre el informe. Lo que sería un indicador de éxito es que no haya un consenso en torno a lo que va a decir la Comisión, que haya debate, que se interpele y se dialogue con ese informe. Ese éxito no se mide por cuántos tomos publica, sino qué tanto debate logra promover, y esto toma años”, agrega la experta en justicia transicional.
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Esa tarea debe apalancarla el Estado. “La Comisión lo que pudo hacer lo hizo porque era Estado”, resume la comisionada. Y en ello la respalda Gonzalo Sánchez: “Ese ha sido uno de los cuellos de botella para todos los que hemos trabajado en estos temas en casos anteriores: hacemos recomendaciones, pero no hay Estado que se apropie de ellas. Uno supondría que, con este nuevo panorama, las recomendaciones del Informe sí van a tener un Estado que se las apropie y garantice su desarrollo y cumplimiento”.
El senador Iván Cepeda es uno de los liderazgos más visibles en la que ahora será la bancada de Gobierno en el Congreso de la República. En diálogo con Colombia+20, sostiene que ahora la principal responsabilidad frente al informe “es, por supuesto, acatarlo, estudiarlo, difundirlo y, si suscita opiniones diversas y polémicas, promover el debate público; pero sobre todo impulsar desde la perspectiva del trabajo en el poder Legislativo el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones, para eso es que se ha hecho este esfuerzo enorme”.
La responsabilidad frente al Informe es impulsar desde la perspectiva del trabajo en el poder Legislativo el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones, para eso es que se ha hecho este esfuerzo enorme
Iván Cepeda
Sobre la necesidad planteada desde la comisión y otros sectores, de que debe haber un apalancamiento desde el Estado de la tarea de construir verdad y memoria, sostuvo que, “a diferencia del gobierno que termina, aquí sí va a haber un compromiso coherente, permanente, con las víctimas y con la verdad, la justicia y la reparación; todas las instituciones que están ligadas a estos procesos tendrán que desarrollar labores concertadas para hacer realidad esos derechos. Hablo del CNMH, del Museo de la Memoria, de la Unidad de Víctimas”.
En las regiones siguen en conflicto
Durante la jornada electoral en que resultó electo Gustavo Petro, en Guapi (Cauca) fueron asesinadas nueve personas, otras más están desaparecidas y 35 familias tuvieron que salir desplazadas. “No pudimos celebrar el vivir sabroso”, titulamos en Colombia+20 esta semana. Mientras tanto, en Cúcuta, la Fundación Progresar, que dirige Wilfredo Cañizares, presentaba su más reciente investigación en la que documenta la expansión silenciosa de las Agc o Clan del Golfo en el área metropolitana de la capital de Norte de Santander. En marzo pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) determinó que en Colombia existen seis conflictos armados.
Según un informe multipartidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo, liderado por Juanita Goebertus, que conoció Colombia+20 y se presentará el próximo 12 de julio, entre 2017 y 2020 hubo un incremento del 44,4 % en homicidios de líderes sociales y entre 2016 y 2021 del 278,9 % en el número de masacres. Entre 2017 y 2021 las víctimas de desplazamiento masivo aumentaron en un 478,7 %, las de minas antipersonales en un 157,6 % y los homicidios de miembros de la Fuerza Pública en un 78,3 %.
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Diógenes Quintero es un líder de la región del Catatumbo y a partir del próximo 20 de julio se posesionará como congresista de la República en una de las 16 curules de paz destinadas a las víctimas del conflicto. Sobre la expectativa y el impacto real que pueda tener el Informe en una región que sigue en conflicto, expresó que, “sin duda, las preocupaciones de la gente están en el momento actual del conflicto; la confrontación armada continúa, como las violaciones constantes a los derechos humanos y las infracciones al DIH”. Pero agrega que “sí hay un interés en la comunidad respecto a que se reconozca la realidad de lo que ha ocurrido y que se diga la verdad histórica del conflicto en una región como esa. El valor que tiene el Informe de la Comisión para la gente en la región es importantísimo; aquí hay muchas verdades calladas, ocultas, muchas voces que han estado silenciadas precisamente porque el conflicto ha hecho que permanezcan así”, afirma.
El valor que tiene el Informe de la Comisión para la gente en la región es importantísimo; aquí hay muchas verdades calladas, ocultas, muchas voces que han estado silenciadas precisamente porque el conflicto ha hecho que permanezcan así
Diógenes Quintero, líder del Catatumbo
Para Moreno, del ICTJ, precisamente la convergencia entre un nuevo gobierno que busca “la paz completa” y la llegada del Informe que traerá recomendaciones en ese sentido es una ventana enorme. “Los hallazgos frente a los factores de persistencia o las causas estructurales del conflicto y las recomendaciones mismas tienen que servir para cerrar el conflicto, tiene que haber insumos para la búsqueda de la solución política de esos conflictos”.
El electo congresista Quintero sostiene, además, que seguramente algunas recomendaciones del Informe vendrán orientadas a la implementación integral del Acuerdo de Paz, y que precisamente la agenda de la bancada de paz que integra “es la de los pendientes legislativos en la implementación”. Aún están pendiente el 33 % de las 107 normas necesarias para la implementación, según el informe multipartidista que se presentará el 12 de julio. La reforma rural es el punto más rezagado, con 21 normas pendientes de trámite.
