2023: Año para que el Comité de Seguimiento y Monitoreo afiance la labor de la CEV

Imagen previa a la entrega del Informe Final de la CEV. Hubo un evento que estuvo precedido de una jornada en la que las víctimas recibieron publicaciones del trabajo de la CEV en diferentes regiones.

Foto: Isabel Valdés / JEP

Si reunimos el total de volúmenes, anexos y casos que recopiló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en su Informe Final, que se entregó el pasado 28 de junio, estaríamos hablando de un documento cercano a las 10.000 páginas. Es difícil leer un texto tan extenso y aunque hay algunos ejercicios de difusión y pedagogía en ambientes escolares, será casi imposible abordar la totalidad de contenidos del informe en el corto plazo. Y es que una guerra de casi 60 años, descrita por miles de voces que vivieron el conflicto y lo compartieron con los comisionados y sus equipos, tenía que dejar un legado así, con un común denominador que no es más que una invitación a no repetir jamás tanta barbarie.

A sabiendas de que el legado de la CEV no puede quedar simplemente en un documento que intenta interpretar la guerra en Colombia, desde el 9 de agosto de 2022 se creó el Comité de Seguimiento y Monitoreo, instancia creada por un Decreto Ley cuya misión es trabajar por la implementación de las recomendaciones que dejó el Informe Final.

En contexto: Los guardianes de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Al menos desde el papel, la misión de las siete personas dentro del comité será el de facilitar la interlocución entre el Estado, los colectivos de víctimas, las organizaciones ligadas al proceso de paz con las extintas Farc y los organismos defensores de derechos humanos, con el fin de que se acate lo que hizo la CEV en territorio por 3 años y medio.

Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres; Armando Wouriyu Valbuena, líder indígena guajiro; Angelika Rettberg, investigadora de la Universidad de los Andes y ex negociadora con el Eln; Julia Eva Cogollo, lideresa afro del Caribe; Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo; Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – Codhes; Dorys Ardila, docente exiliada y vocera de derechos humanos en el exterior, son las siete personas que componen el Comité de Seguimiento y Monitoreo, hombres y mujeres que en medio de su diversidad de procedencias y saberes deberán unificar el mensaje del Informe Final de la CEV para que sea de larga recordación entre los colombianos y sea un instrumento primordial para seguir construyendo paz en los territorios.

El Comité tendrá vigencia hasta el 2029, pero por el afán de avanzar en la pacificación del país, deberán apurar sus labores. Por eso este 2023 será determinante para articular el trabajo para darle sentido a esta instancia de seguimiento de la CEV.

En diálogo Colombia+20, Angelika Rettberg afirma que el Comité de Seguimiento estará pendiente de los avances de la mesa diálogo entre el Gobierno y el Eln ya que “será una forma de abordar y difundir lecciones valiosas que den cuenta de que todos los conflictos armados deben tener una salida negociada, que piense en el futuro de las personas a quienes más afectó. Es otra manera de decirle nunca más a las guerras y seguramente el Eln negociando se dará cuenta de eso y muchas más cosas”, agregó.

Le puede interesar: Estas son las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad

Una de las primeras tareas del Comité para cumplir con las directrices de legado establecido por la CEV, será crear una metodología de seguimiento y monitoreo que permita promover la implementación de las recomendaciones. La académica señala que en este 2023 se tendrán que publicar los primeros informes semestrales que den constancia de los avances y dificultades encontradas en esa implementación del Informe Final. Estos informes podrán abordar temáticas específicas de incidencia regional.

Los lineamientos del Comité de Seguimiento y Monitoreo

Claro está que ninguna de estas labores se podrá hacer desde una oficina. Al igual que los comisionados de la Verdad, los siete miembros del Comité de Seguimiento tendrán labores en territorio para difundir sus informes, recopilar información necesaria que se articule con las recomendaciones de la CEV y dialogar permanentemente con medios de comunicación de todo el país para que sus mensajes lleguen a toda Colombia.

Así lo reconoció en octubre de 2022 Marco Romero: “Este es un trabajo de todos y todas. No es algo de reconstruir verdades a medias y solo con la palabra del comité, sino ser lo más participativos posible. Manejaremos un reglamento propio, pero eso no nos exime de buscar voces externas que nos nutran y nos permitan llevar a la Comisión de la Verdad y su legado por cada pueblo y cada vereda del país”.

Desde la creación del Comité de Seguimiento y Monitoreo quedó suscrito por ley que los recursos para el desarrollo de esta instancia será parte del Presupuesto General de la Nación, manejado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ante la ausencia de la CEV, será la justicia transicional la que administre presupuestalmente al comité, abriendo también la posibilidad de que eventualmente le ingresen fondos externos como donaciones público-privadas o recursos girados por la cooperación internacional que lleva más de un sexenio apoyando lo pactado en La Habana.

Lea: Francisco de Roux: una lucha por la verdad, la reconciliación y la paz grande

Si bien en el Informe Final de la CEV se ven documentadas 74 grandes recomendaciones del organismo extrajudicial, otro punto clave para preservar la importancia del legado de la Comisión de la Verdad será darle especificidad e importancia a las 10.091 sub-recomendaciones recopiladas de sociedad civil e instituciones estatales involucradas en el conflicto. Los informes semestrales que emita el comité desde 2023 deberán contar con parte de estos ejes temáticos y en su difusión se deberá ver reflejada la pluralidad de contenidos trabajados.

Otro tema no menos importante es que en 2023 se deberá definir la primera Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento y Monitoreo, cuya cabeza será uno de los siete miembros que deberá coordinar la preparación de sus informes con el Sistema Integral para la Paz y demás autoridades de nivel nacional a quienes competa los contenidos de esos documentos.

Sobre esta Secretaría Técnica recaerá también el deber de medir el impacto del trabajo del comité de acuerdo con la metodología elegida en consenso para trabajar y para diseñar mecanismos de participación.

“Habrá participación, se fortalecerán los canales de comunicación para no perder contacto con nadie en territorio, la persona desde Secretaría llevará los hilos de los informes y entre todos promoveremos su transparencia”, dijo Marco Romero.

Siga leyendo: ¿Son obligatorias las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad?