Este jueves, la experta internacional para los Derechos Humanos, Antonia Urrejola, dio un informe preliminar que analiza los contextos de cada uno de los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz. Dichas observaciones, que serán presentadas con mayores detalles ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en marzo del próximo año, incluyen desde lo ocurrido en el caso de entrampamiento del ex-FARC Jesús Santrich y el debilitamiento de la confianza en la Jurisdicción Especial para la Paz hasta la perpetuación de la violencia en los territorios y el fortalecimiento de los distintos grupos armados tras la firma de 2016.
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Urrejola señaló que esta no es una investigación criminal y lo que se busca es brindar una mirada externa de lo que viene ocurriendo en Colombia en materia de derechos humanos para que se pueda continuar favorablemente con la implementación.
Esta investigación fue pedida en un comienzo por el canciller, Álvaro Leyva, a principios de este año en el Consejo de Seguridad de la ONU. Después, el magistrado de la JEP, Roberto Vidal, interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía por los obstáculos que ha enfrentado para cumplir con su mandato, incluyendo lo concierne al caso Santrich y que involucra a funcionarios de la administración de Néstor Humberto Martínez.
Estos son los puntos clave que menciona este reporte:
1. Inestabilidad en la seguridad jurídica de los firmantes del Acuerdo:
“He recibido testimonios de que muchas personas firmantes que se encuentran en procesos de reincorporación no saben de su realidad judicial”, afirmó la experta, y dijo que, en su concepto, impiden “el acceso a garantías del acuerdo”.
Si bien, un número considerable de excombatientes han sido amnistiados por vía administrativa, en relación con delitos políticos y conexos, Urrejola señaló que ha “conocido información diversa y contradictoria sobre la efectiva notificación de todas las amnistías administrativas que han sido concedidas desde 2017″.
Es decir, varios excombatientes aún siguen siendo retenidos por las fuerzas de seguridad por tener vigentes órdenes judiciales que debieron ser amnistiadas.
2. La necesidad de una alta entidad que coordine la implementación del Acuerdo de Paz
Distintos sectores han criticado la estructura estatal que existe para la eficiente implementación de lo pactado en La Habana, pues afirman que no hay coordinación entre las distintas entidades implicadas. Otros han criticado el cambio que dio el Gobierno de Petro al cambiar a la alta Consejería para la Estabilización -encargada de articular las entidades que trabajan en la implementación del Acuerdo de Paz- por la Unidad para la Implementación, hoy bajo la tutela de la Oficina del Alto Comisionado y en cabeza de Gloria Cuartas.
Ese punto también lo tocó Urrejola en su informe. “Estoy convencida de la inaplazable necesidad de que exista una sola instancia estatal de alto nivel que lidere la implementación del Acuerdo, concrete el diálogo entre las diferentes políticas públicas de justicia transicional y asegure la coordinación institucional e interjurisdiccional”, reiteró.
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A lo que agregó: “Los problemas de descoordinación, algunos relacionados con el diseño institucional y otros con la falta de un liderazgo aglutinador y del más alto nivel, dificultan la implementación efectiva del acuerdo de paz”.
3. Recrudecimiento de la violencia
El que no se hayan tomado “medidas inmediatas necesarias, en particular el despliegue total en los territorios que dejaron las extintas FARC-EP” es uno de los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz, por lo que las mismas poblaciones siguen siendo víctimas de la violencia.
Por ello, señala el informe: “Es urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el acuerdo, sesione de manera regular” para hacerle un seguimiento riguroso a la recién aprobada política de desmantelamiento de organizaciones criminales. “Su implementación integral, junto con la política de seguridad humana y la política de drogas, sin dudas será un avance para lograr el cese de la violencia de los grupos armados no estatales”, se lee también.
4. Alerta por la seguridad de los excombatientes de las FARC
Esa violencia que se sigue viviendo en los territorios por cuenta del fortalecimiento de los grupos armados, como las disidencias de las FARC, es la que también ha interrumpido la reincorporación de los firmantes del Acuerdo a la vida civil. Muestra de ello es la persecución de la que han sido víctimas los ex-FARC de los ETCR de Meta, Mariana Páez, en Mesetas y el Georgina Ortiz en Vistahermosa.
Ante esta problemática, que se agudizó a mediados de este año, la especializada en Derechos Humanos, señaló que considera que “debe existir una estrategia intersectorial para su protección integral, más allá de los esquemas de protección que pueda brindar la Unidad Nacional de Protección (UNP)”. Esto porque, en su concepto, “la responsabilidad de proteger la integridad de los excombatientes recae primeramente en las autoridades locales y nacionales”.
Y aunque aplaudió que la Mesa Técnica de Seguridad y Protección haya aprobado el pasado 2 de noviembre de 2023 el Plan estratégico de Seguridad y Protección (PESP), instó el Gobierno Nacional a que expida el marco normativo para que este plan se integre a la legislación colombiana y cuente con los presupuestarios suficientes para su implementación efectiva.
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5. Seguimiento al Legado de la Comisión de la Verdad
Hace poco más de un año fue entregado al país el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Para que sus hallazgos y recomendaciones no queden solamente consignados en un documento, la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomienda “dotar de recursos y capacidades al Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, así como implementar desde el Estado estrategias de difusión de las recomendaciones en todo el país”.
6. Rezagos en el enfoque étnico y las disposiciones de género
Los porcentajes en los avances de enfoque étnico y las disposiciones de género están en rojo, por lo que Urrejola hizo un llamado especial a todo el aparato estatal para agilizar el paso en las acciones que se deben instalar para hacer una reparación efectiva a las víctimas de la guerra.
De hecho, el pasado 20 de noviembre, la vicepresidenta Francia Márquez advirtió que no se siente “contenta” con los avances de la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
7. Ambiente adverso para el Acuerdo de Paz
La investigación preliminar de Urrejola también indica que el Acuerdo firmado en 2016 tenía un ambiente adverso en la sociedad y cita, por ejemplo, la polarización que se dio por el plebiscito para su refrendación en el que ganó el NO.
Aunque para la experta fue un debate válido, le marcó un inicio negativo a la implementación del Acuerdo.
¿Con quién se reunió Urrejola para esta investigación?
Para construir dicha investigación, Urrejola y su equipo se reunió dos veces con el expresidente Juan Manuel Santos, quien le dio su punto de vista sobre los puntos críticos que persisten tras siete años de la firma.
En sus visitas a Colombia se ha reunido con altos funcionarios del Estado, incluyendo a los representantes del Ministerio de Defensa, del Interior, Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Corte Constitucional, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Además, con personal de la Agencia de Renovación del Territorio, de la Agencia Nacional de Tierras, de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, del Departamento Nacional de Planeación, de la Unidad Nacional de Protección, de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, congresistas, firmantes del acuerdo de paz, organizaciones de la sociedad civil, la academia, representantes del cuerpo diplomático y representantes de diversas agencias de las Naciones Unidas en Colombia.