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Era la primera audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que las víctimas tuvieron un espacio para expresar sus inquietudes a su victimario. Tres madres de Soacha, acreditadas en el caso 003, que investiga las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, dialogaron con el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado por el asesinato y desaparición de sus hijos.
No era la primera vez que se veían. Ellas saben perfectamente quién es. Y, él, en su proceso judicial, supo que estas mujeres no se cansarían hasta saber la verdad de lo que pasó con sus hijos. Sin embargo, sí era la primera vez que entablarían una conversación en una audiencia. Después de más de 10 años en los estrados judiciales, sólo hasta ahora estas madres tuvieron un corto espacio para expresarle al general Rincón Amado lo que esperaban de este proceso.
La diligencia se realizó en cumplimiento de una decisión de la Sección de Apelación, que determinó escuchar los argumentos de las víctimas del coronel Rincón Amado, quienes manifestaron una serie de dudas, peticiones y sugerencias. Para los magistrados, era necesario tener en cuenta sus observaciones para continuar con el caso.
Todos llegaron muy puntuales. El primero en aparecer fue el coronel Rincón. Entró con la resignación de enfrenar la vergüenza. Los camarógrafos comenzaron a disparar y él, ignorando las preguntas de los periodistas, siguió caminando tranquilo, sin acelerar el paso.
Luego llegaron las madres de Soacha, junto con sus abogados, quienes dieron unas primeras declaraciones. “Queremos que esta jurisdicción sí cumpla con entregarnos la verdad y haya una reparación, lo que no sucedió con la ordinaria. Tenemos miedo de que eso no suceda”, dijo Carolina Daza, representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Mientras tanto, Idalí Garcerá y Carmenza Gómez, en silencio, ocupaban los puestos delanteros de la sala. Finalmente, ingresaron al salón los magistrados de la Sala de Reconocimiento y Verdad y la Sala de Decisiones Jurídicas.
Empezó la audiencia y se declararon las reglas de juego de este encuentro “dialógico”, como se llamó en la ley de procedimiento de la JEP. Quedó establecido que cada una de las partes tendría una intervención respetuosa, en la que podrían expresar sus preocupaciones frente a los magistrados. No eran aceptados gritos, ni actos de apoyo o desaprobación. También quedó establecido que cada víctima, junto con su abogada, tendría 15 minutos de intervención.
Una vez se establecieron las normas, se llamó lista. Víctimas, compareciente, magistrados, Procuraduría y Unidad de Investigación y Acusación asistieron a la audiencia. El único ausente fue el Ministerio de Defensa.
Vea toda la audiencia: La audiencia en la JEP sobre falsos positivos con las madres de Soacha
La Secretaria Jurídica, Lidia Mercedes Patiño, continuó con el resumen de los hechos. Contó que el coronel Amado Rincón está condenado “a la pena privativa de la libertad de 46 años de prisión por ser responsable de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir”. Describió en detalle cómo, en enero y agosto de 2008, cinco jóvenes de Soacha, Cundinamarca, fueron engañados para ser trasladados hasta Ocaña, Norte de Santander, por una supuesta oportunidad de trabajo. Narró cómo fueron entregados en falso retén a miembros del Ejército. Luego todos aparecieron como bajas. Los llamaron narcoterroristas. Los tildaron de pertenecer a bandas criminales. Mientras la secretaria seguía con los puntos de la agenda, el coronel Rincón Amado agachó la cabeza y tomó nota.
Antes de dar la palabra a las madres de Soacha, los magistrados explicaron que esta audiencia corrobora que la centralidad de la JEP son las víctimas y sus inquietudes. Hicieron énfasis en la importancia de la verdad para la justicia restaurativa y de esta primera audiencia conjunta de la jurisdicción, atendiendo la solicitud de Idalí Garcerá. “Para esta Sala de Definición Jurídica es un momento extraordinario esta audiencia”, agregó el magistrado Pedro Díaz Romero.
La magistrada Catalina Díaz explicó que esta sala es el foro donde se establecerán las responsabilidades y los comparecientes deberán contar la verdad plena y detallada sobre lo ocurrido. También explicó que el coronel Rincón Amado ha cumplido con sus compromisos con la JEP y aseguró que ya ha rendido dos versiones voluntarias, cada una de seis horas, en las que explicó cómo sucedieron los delitos, su recorrido en el Ejército y ofreció detalles del fenómeno criminal. Dichas versiones, dijo Díaz, pueden ser vistas por las víctimas, que en una audiencia futura tendrán una participación más amplia.
A esta intervención, los magistrados Óscar Parra y Alejandro Raminelli le agregaron que la JEP no está para repetir lo hecho por la justicia ordinaria y que en el ejercicio de las versiones, los comparecientes han contado hechos hasta ahora son desconocidos por las autoridades. “Llegan hechos que no pasaron por la justicia ordinaria. Estamos yendo más allá. Quiero transmitirles a las víctimas un parte de tranquilidad. Recuerden que este proceso sin ustedes no tiene sentido”, agregó Raminelli.
El diálogo
El primer turno lo tuvieron las víctimas y sus abogados. Diana Daza, en nombre de Idalí Garcerá, arrancó su intervención con una pregunta al coronel Rincón Amado: “Queremos saber por qué cree que este caso es competencia de la JEP”. Los magistrados le dieron la palabra al compareciente, quien, sereno, respondió que en esta justicia “sí existen garantías”. Insistió que quiere ofrecerla verdad plena para que el país sepa qué paso en estos casos y volvió a pedirles perdón por el asesinato de sus hijos.La abogada Daza luego siguió con su intervención, en la que le solicitó a la JEP tener en cuenta otros criterios a la hora de juzgar sus casos: “Queremos sentar una tesis sobre la diferenciación. Consiste en que no todos los hechos deben analizarse desde la lógica del conflicto armado. Dentro de nuestro acompañamiento, hemos visto cómo unos hechos hacen parte de la violencia socio política y otros, del conflicto armado. De este segundo, entendemos un desarrollo de hostilidades entre dos bandos enfrentados. Pero vemos que en el primero existieron hay planes, estrategias y políticas estatales para fundamentar varias violaciones a derechos humanos dentro de las cuales destacamos las ejecuciones extrajudiciales”.
Según la abogada, se espera que las ejecuciones extrajudiciales no salgan de la JEP, sino que se evalúen con otros criterios. Por ejemplo, que se tenga en cuenta que estos jóvenes ejercían algún liderazgo en su comunidad y que dentro del derecho internacional humanitario no hacían parte de la confrontación armada.
Pero las intervenciones que más llamaron la atención, sin duda, fueron la de las madres de los falsos positivos. Idalí Garcerá se acercó al micrófono, miró al coronel Rincón Amado y le preguntó qué verdad podría ofrecerles, a parte de la que ya conocieron en la justicia ordinaria. Con una calma, que parece cultivada en la resignación, Idalí pidió que su verdad contribuya para que no se vuelva a cometer otro asesinato como el de su hijo.
“Quisiera saber si la muerte de mi hijo y de otros jóvenes por qué lo hicieron. Quisiera saber esa respuesta. Y que sea con toda la verdad. Espero su aporte, su ayuda… A nuestros hijos no los vamos a olvidar nunca. Siempre los tendremos en nuestro corazón, pero no quisiera que hubiera más repetición”, afirmó.
Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, también decidió intervenir. De su cartera sacó un papel doblado y lentamente dijo cada una de sus peticiones: “Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle personalmente al señor Rincón Amado y los demás miembros de la Fuerza Pública, implicados en la muerte de nuestros hijos, que en las versiones que están rindiendo digan la verdad… y se comprometan de corazón”.
Gómez tomó airé y con la voz rasgada por el dolor que carga desde hace una década agregó que las madres quieren saber quiénes fueron los máximos responsables de las muertes de sus hijos. Sólo así, añadió, “podremos mitigar el dolor y esa cruz que hemos cargado durante 12 años”.
Finalmente, el coronel Rincón Amado tomó la palabra: “Mi compromiso es ofrecer una verdad plena. Y hasta el momento en las comparecencias lo he hecho al mínimo detalle. He aportado documentos, evidencias, un sinnúmero de pruebas fundamental para el esclarecimiento de cada uno de los hechos”.
Refiriéndose a ellas, insisitó que no va a permitir que quede un manto de duda o incertidumbre frente a los hechos sobre los cuales reconoce su responsabilidad: “No piensen que no tengo una responsabilidad. Claro que lo tengo. Y no sólo con los suyos, como lo manifestó el magistrado. Aquí se están conociendo otros hechos que no tenían participación en la justicia ordinaria. Y como ustedes, señora Idalí y Carmenza, hay otras personas que deben conocer lo que pasó”.
Su abogada, Tania Padra, agregó que los delitos cometidos por el compareciente sí deben juzgarse a la luz del conflicto armado. Además, junto con Rincón Amado, les pidió a las víctimas reunirse para que en conjunto construyan la reparación: “Las puertas están abiertas para que podamos emprender ese plan dialógico y la construcción de esta paz estable y duradera”.