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Este lunes se dio a conocer una nueva carta de los siete miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC, esta vez dirigida a los firmantes de paz, en donde vuelven a arremeter contra el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ese tribunal fue creado para investigar y juzgar a los integrantes de ese grupo armado y miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles —que decidan voluntariamente someterse a esa justicia— que hayan participado en el conflicto armado.
De acuerdo con la carta, los ex-FARC invitan a los firmantes a realizar encuentros para buscar alternativas “respecto al descarrilamiento de que viene siendo objeto la Jurisdicción Especial para la Paz”, se asegura en el documento.
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En la misiva, los ex-FARC se refieren al primer documento que enviaron el pasado 7 de febrero al presidente Gustavo Petro y al Consejo de Seguridad de la ONU —por entonces de visita en el país— en el que alertaban sobre presuntos incumplimientos de esa jurisdicción.
“Tal como lo señalamos en la carta al presidente, la motivación de la misma está sustentada en las múltiples preocupaciones que ustedes nos han hecho llegar por el desbordamiento de la actuación de la JEP, que viene desconociendo partes fundamentales de lo acordado”, dice el documento.
Y agregan: “Todos nosotros somos conscientes de las inmensas dificultades que hemos tenído que pasar durante estos 7 años largos desde que firmamos el Acuerdo de Paz; a los asesinatos, los atentados, las amenazas, el desplazamiento, la estigmatización y los entrampamientos se agrega la desfiguración de la Jurisdicción Especial de Paz, que ha llevado a que su verdadera esencia se haya perdido, como lo mencionamos en la carta dirigida al presidente en su condición de Jefe de Estado”.
En el documento, firmado por Rodrigo Londoño (conocido en la guerra como Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda, vuelven a expresarse preocupaciones sobre las decisiones que está tomando la JEP en relación con la creación de macrocasos y también la negación de amnistías y la vinculación de mandos medios y bajos en las investigaciones.
Las denuncias sobre cambios en el Acuerdo de Paz
En la carta también se nombran otras transformaciones del Acuerdo de Paz que se dieron antes de la firma del teatro Colón en noviembre de 2016. Una de ellas, según la misiva, es que se habrían suprimido partes del punto 5 sobre las víctimas para que los militares no fueran responsables en línea de mando.
“Todos nosotros sabemos que el texto original del Acuerdo en su punto 5 fue alterado, primero, como consecuencia de la encerrona que los altos mandos de la Fuerza Pública, le hicieron al presidente Santos, horas antes de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón, en la que hicieron suprimir partes de punto 5 para garantizar que no tuvieran que responder por los crímenes cometidos por sus tropas en virtud de la línea de mando, como también para proteger los bienes adquiridos ilegalmente durante el conflicto”, dice el documento.
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Además, dicen que luego hubo una modificación del Acuerdo en su paso por el Congreso y por la Corte Constitucional que dejó, según la carta, “un margen muy reducido para conocer la verdad por parte de la JEP de los civiles funcionarios del Estado y a los denominados tercero”, dice.
Los excombatientes dicen en su misiva que no entienden por qué la Corte configuró la comparecencia de esas personas a un tema voluntario y no obligatorio. Además, también dicen que la JEP ha dejado por fuera los testimonios de los paramilitares. “Ni que hablar de los paramilitares, a quienes jurisprudencialmente esta jurisdicción ha preferido ocultar su verdad, dejándolos en la inoperancia de Justicia y Paz”, se indica.
En octubre pasado, el suspendido canciller Álvaro Leyva también había criticado a la JEP y se había referido a ella como que está en un proceso de descarrilamiento. “Se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas, teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, dijo Leyva entonces.
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