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Una dura carta con fecha de este miércoles fue entregada al presidente Gustavo Petro por los siete miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC alertando sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ese tribunal fue creado para investigar y juzgar a los integrantes de ese grupo armado y miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles -que decidan voluntariamente someterse a esa justicia- que hayan participado en el conflicto armado.
La misiva, que se conoce el mismo día en que arriba el país el Consejo de Seguridad de la ONU que justamente le hace seguimiento al Acuerdo de Paz, está firmada por Rodrigo Londoño (conocido en la guerra como Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda.
En el documento expresan una serie de preocupaciones y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, pero se hace énfasis en que las decisiones de la JEP están creando una inseguridad jurídica para los excombatientes.
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“A pesar de nuestro cumplimiento con relación a la jurisdicción, nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del Acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo un terreno judicial positivista, más propio de un sometimiento a la justicia”, dice la carta.
El documento recoge tres preocupaciones que desde hace varios meses han venido expresando personas cercanas a los excombatientes: La primera que la JEP tiene la idea de dictar resoluciones por cada macrocaso —actualmente hay 11 abiertos—, cuando la ley estatutaria de ese tribunal señala que debe haber una resolución única de conclusiones. Esto “vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes, especialmente, en lo referente al principio de legalidad, a la vez que puede generar demoras en el cumplimiento de la temporalidad con la que fue diseñada la jurisdicción para la paz”, explica el antiguo secretario en la misiva.
Otro reclamo, que también viene tomando fuerza, es la poca diligencia de la JEP en la resolución de amnistías. “De un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas”, dice la carta.
Y agrega: “Este tipo de accionar de la Jurisdicción afecta y pone en riesgo el Acuerdo de Paz (...) pues es evidente la restrictividad con la que ha venido funcionando el sistema, lo que genera falta de confianza y un alto grado de incredulidad, además de ser violatorio del principio consagrado en el Derecho Internacional Humanitario que obliga a los estados, al final de las hostilidades, otorgar la amnistía más amplia posible”.
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La tercera preocupación es la vinculación en las investigaciones de exintegrantes de esa guerrilla de escala media y baja del mando. Según la carta, esto es contrario a buscar a los máximos responsables y “centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del DIH y los Derechos Humanos”. De acuerdo con los exjefes de esa guerrilla, eso “ha disparado las alarmas frente a la seguridad jurídica del conjunto de firmantes del Acuerdo, provocando desconfianza en los mismos”.
En la misiva, los firmantes reconocen y agradecen la reciente declaración unilateral del presidente Petro ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en la que reafirmó el compromiso del Estado colombiano con los términos del acuerdo de paz. Este gesto es valorado como un paso significativo hacia la consolidación de la paz y la reconciliación en el país.
En la carta, los ex-FARC le advierten al presidente que “de persistir la idea de incumplir lo acordado entre las partes en materia de justicia, por parte de la JEP, se estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esta jurisdicción, por ser abiertamente contrario al espíritu del Acuerdo Final de Paz”.
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Los otros desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz
En la misiva, los firmantes reconocen y agradecen la declaración unilateral del presidente Petro en una carta enviada a la Asamblea de las Naciones Unidas el pasado 20 de octubre, en la que reafirmó el compromiso del Estado colombiano con los términos del acuerdo de paz. Este gesto es valorado como un paso relevante hacia la consolidación de la paz y la reconciliación en el país.
En esa carta, el presidente Petro enviaba duros dardos a la JEP. “Habrá un empeño adicional para que la JEP se consolide como modelo, referente, para y de todas las naciones del mundo. De allí que ponga el suscrito de presente que la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia (...) La JEP tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”, decía la misiva.
Y agregaba que la JEP deberá aplicar “el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal”, y “deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía cuando haya lugar a ella en los términos pactados y al tenor del artículo 6(5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Por ningún motivo podrá limitar o condicionar la JEP el derecho a la verdad (…) El esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades”.
Una semana antes, ante el Consejo de Seguridad de la ONU durante la presentación del informe trimestral, el canciller Álvaro Leyva también había criticado a la JEP. “Se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas, teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, dijo Leyva.
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En la carta enviada este miércoles a Petro, los firmantes señalan que, a lo largo de los últimos siete años desde la firma del acuerdo, han enfrentado una serie de desafíos que han obstaculizado el avance hacia la paz deseada. Estos desafíos van desde dificultades naturales hasta obstáculos creados, incluyendo la falta de garantías para la vida y seguridad de los firmantes de paz.
Uno de los puntos más preocupantes es el elevado número de asesinatos de firmantes de paz, con un total de 419 personas asesinadas hasta la fecha. Esta cifra refleja una grave amenaza para la estabilidad y la seguridad de quienes han apostado por la paz en Colombia.
Además de los asesinatos, los firmantes también enfrentan amenazas, atentados y desplazamientos, sin que las autoridades competentes logren avances significativos en la investigación y persecución de los responsables. Esta situación genera un clima de impunidad que pone en riesgo la confianza en el proceso de paz.
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