JEP alerta por aumento de asesinatos de exFARC: 2025 suma mitad de muertes de todo 2024

Foto de archivo que muestra una protesta en la plaza de Bolívar de Bogotá en rechazo a los asesinatos y amenazas en contra de los excombatientes de las FARC.

Foto: Mauricio Alvarado

Durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares dictadas para proteger a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a alertar sobre la inseguridad hacia los ex-FARC y el aumento de los asesinatos hacia esa población.

Según cifras presentadas por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, desde el Acuerdo se han registrado 456 homicidios de firmantes en al menos 158 municipios del país. Solo en el primer trimestre de 2025, 15 excombatientes han sido asesinados, lo que equivale a la mitad de los crímenes reportados durante todo 2024. El mes de enero fue especialmente grave, con 11 homicidios. Al menos seis de ellos ocurrieron durante el ataque del ELN y posteriores enfrentamientos entre esa guerrilla y la disidencia de las antiguas FARC, Estado Mayor de los Bloques y Frente en Catatumbo.

La diligencia, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento, tuvo como objetivo evaluar el cumplimiento de las órdenes emitidas por el tribunal para garantizar la vida e integridad de los firmantes, así como los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Además, de la alerta por homicidios, el tribunal de paz también mencionó la grave situación que vienen atravesando los Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR). “Seis ETCR están en riesgo de desaparecer: La Pradera, Toribio, Puerto Guzmán, Pitalito y San Vicente del Caguán. Añadió que se observa un aumento preocupante de hechos de violencia de carácter colectivo”, explicó Giovanni Álvarez, directora de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA).

Sobre el tema, también se pronunció el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. “La JEP ha destacado que estos desplazamientos han impactado de manera riesgosa los procesos de reincorporación. Para nosotros es muy importante contribuir a que haya un cumplimiento cabal del Acuerdo de Final Paz, porque de ello se desprenden los mandatos de esta Jurisdicción”, dijo el magistrado.

En marzo pasado, los exguerrilleros de las FARC que adelantaban su tránsito a la vida civil en la vereda San Francisco de Yondó, Antioquia, anunciaron que saldrán desplazados de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Omaira Díaz debido a las amenazas en el territorio.

Hace poco más de un mes, casi 100 personas del NAR Simón Trinidad, en Mesetas Meta, también se desplazaron por amenazas. El año pasado tuvieron que irse también de ese lugar firmantes y familias del ETCR Mariana Páez y también los que estaban en Miravalle, Caquetá.

En su cuenta de X, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, llamó la atención sobre la muerte de los firmantes, especialmente los más recientes en la región de Catatumbo. “El país ha sido testigo, en vivo, del más reciente capítulo en la persecución a los y las firmantes de paz, hecho ocurrido en el Catatumbo entre enero y febrero del presente año y que aún sigue sin una solución definitiva”, dijo.

Además, también se refirió al aplazamiento de esta audiencia que le supuso un duro regaño de la JEP a varias entidades que no asistieron. En su momento, la JEP dijo que las actitudes mostraban indiferencia sobre la situación de los excombatientes y daban a entender que “no es un tema prioritario en sus agendas”. A la cita estaban llamados la Fiscalía, la Agencia de Reincorporación, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y el Ministerio de Defensa, entre otros.

“Lamento profundamente que esta audiencia no se hubiera llevado a cabo en la fecha establecida, y llamo respetuosamente la atención del Gobierno Nacional frente a este hecho y exhorto a que las situaciones humanitarias aquí descritas sean atendidas de manera urgente”, dijo Londoño.

La JEP insistió en que proteger a quienes dejaron las armas es una obligación ineludible, no una opción política.

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