Colombia + 20

16 Jun 2022 - 10:55 p. m.

Día ‘D’ en el Urabá para conocer nuevos relatos de la guerra que les arrebató todo

La Sala de Reconocimiento de la JEP llamó a declarar nuevamente a comandantes de los frentes 5, 34, 57 y 58 de las extintas Farc sobre la guerra en esta zona del noroccidente colombiano. Víctimas de la masacre de La Chinita, el caso más emblemático de afectaciones colectivas, aseguran que este es el momento para ser reparadas y dignificar la memoria de sus seres queridos.
Camilo Pardo Quintero

Camilo Pardo Quintero

Periodista Proyectos especiales
Entierro colectivo de las víctimas de La Chinita.
Entierro colectivo de las víctimas de La Chinita.
Foto: Archivo El Espectador

Dulfaty Córdoba Valencia le ha entregado su vida al liderazgo social en Apartadó, lugar en el que ayudó a fundar el hoy conocido barrio Obrero en 1992, en el que aprendió a amar, a ver la bondad de su gente y a entender que una meta no es bien lograda si no tiene detrás una lucha incansable.

Sus ojos también vieron horrores dejados por la guerra, familias destruidas y sueños rotos en un parpadeo. Pandillas, guerrillas y paramilitares desfilaron ante ella y los suyos; el dolor se ha ido de a poco, se ha apaciguado, aunque con una herida latente que permanecerá por siempre en sus corazones: la masacre en el barrio La Chinita, perpetrada el 23 de enero de 1994, por el antiguo frente 5 de las Farc.

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Volver al pasado ya no es para Dulfaty un acto destinado a abrir ampollas y llorar. Recordar ese día tenebroso se volvió también una muestra de respeto y dignidad por quienes ya no están y su memoria no ha dejado de pedir a gritos una justicia que paulatinamente va conociendo la luz. En la madrugada de ese día de enero, ese frente guerrillero no solo arrasó con un vecindario entero, hoy llamado barrio Obrero, sino que dejó la que para muchos locales es una de las cicatrices más profundas del conflicto armado en el Urabá antioqueño.

Comenzando la madrugada de ese día, en La Chinita había una verbena con un fin muy especial: la vecina Rufina González, querida y respetada por la comunidad, armó fiesta en el barrio para recolectar fondos que le completaran caja para pagar los estudios de sus hijos. Llegaron personas de barrios vecinos, y el mondongo, la cerveza y la música se pusieron al servicio de la diversión. El tiempo se detuvo a la 1:30 a.m., hora en la que comenzaron a sonar los fusiles de las Farc.

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Los armados no mediaron palabra, le dispararon a todo aquel que encontraron a su alcance, especialmente si eran hombres. Masacraron a 35 personas y dejaron a 17 más heridas. La Chinita quedó en llamas y despoblado. Sus habitantes, que llegaron allí como una invasión y se habían formalizado en febrero de 1992, no tuvieron más remedio que huir. Un pronto regreso no era opción ante la inminencia de nuevos ataques guerrilleros, que tras la masacre continuaron con sus hostigamientos tanto en Apartadó como en los municipios vecinos de Turbo y Carepa.

“En la masacre de La Chinita los muertos fueron trabajadores bananeros. Decían, por los días de la matanza, que eso iba a suceder. Las directrices del frente 5 las tenía Karina (Elda Neyis Mosquera), quien ordenó matar a los hombres. Por eso 34 de los 35 asesinados fueron varones […]. Luego de tanto dolor, desde hace 15 años nos organizamos con más líderes del barrio Obrero para salir adelante. No podíamos seguir proyectando lamento sobre mantos de lágrimas y desolación. Comenzamos a resurgir”, narró Córdoba.

*Así se documentó en El Espectador la masacre de La Chinita:

El caso de la Chinita (y de otras atrocidades vividas en el Urabá) ha sido un ciclo de impunidad. Su cronología describe años sin respaldos judiciales y relatos a medias por parte de Jhoverman Sánchez, Rubén Cano o Manteco -antiguo comandante de las Farc – y otros máximos responsables del frente José María Córdoba y demás estructuras armadas.

Sin embargo, tampoco se pueden olvidar pasos de gigante como los que el abogado Javier Villegas Posada le dio al caso en enero de 2021, cuando lo puso en competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde allí se abrió un abanico jurídico que esclareció poco a poco hechos que hasta ese entonces eran paradigmas. Por un lado, el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano y a la Fiscalía General por un “falso positivo” judicial, en el que encarcelaron a un grupo de inocentes por más de 11 años, acusados de haber tenido relación con la masacre: (Francisco Calvo Sánchez, Luis Ruiz Arango, Yomar Hernández Pineda, Elizabeth López Tobón, Gonzalo Peláez Castañeda, Luis Sánchez Echavarría, Franklin Rivas de Diego, Alberto Villada Trujillo, Gustavo Manuel Arcia y Alcira Rosa Quiroz Hinestroza). Adicionalmente, los ojos de la comunidad internacional se pusieron más que nunca en función de ver avances en el macrocaso 04 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asociado a la situación territorial de la región de Urabá.

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El deseo de conocer verdades sobre lo ocurrido allí fue un añoro de bases sociales, como las que lideraba la comisionada de la Verdad (QEPD) Ángela Salazar. De hecho, una de sus hijas en diálogo con Colombia+20, comentó que “el sueño de ella como lideresa y comisionada que quería proteger a las negritudes siempre tuvo un trago amargo cuando pensaba en episodios como el de La Chinita. Sabía en el fondo que había muchas cosas ocultas y que para llegar a la verdad tocaba tener paciencia y más valentía que nunca. A ella en vida no le tocó ver ni a la verdad ni a la justicia en plenitud. Un dolor grande, porque la lucha bananera era la lucha de ella”, dijo Viviana Cruz Salazar.

Un nuevo ‘round’ en la JEP

Casi 28 años y cinco meses después de La Chinita, sus máximos responsables y quienes también figuraron como principales cabecillas guerrilleros de las extintas Farc en el Urabá antioqueño le darán de nuevo la cara a la JEP. Sus diligencias con la justicia transicional no son inéditas, pues hay antiguos mandos como Manteco o José Gregorio Castro, Jimmy, ex comandante del frente 34 de las Farc, que vienen estando en el radar y en las salas de la jurisdicción desde 2020.

Lo novedoso en esta serie de declaraciones, agendadas por la JEP para el 17 de junio (en Mutatá); para el 14 y 15 de julio de 2022 (en Dabeiba) y para fechas por definir entre los próximos 3 de agosto y 9 de septiembre (en Carmen del Darién), es que la Sala de Reconocimiento del tribunal transitorio compilará testimonios más a profundidad del accionar y conductas en la guerra de los frentes 5, 34, 57 y 58 de las Farc.

Este diario pudo conocer que inicialmente, y como venían ocurriendo en audiencias anteriores de Manteco, estaba contemplado que los testimonios recibidos estuvieran asociados a hechos ocurridos entre 1997 y 2007; pero por decisión de la sala se amplió ese espectro de tiempo, incluyendo así episodios como el de La Chinita.

El pasado 10 de junio, mediante un documento, la JEP confirmó esta tanda de declaraciones de la siguiente manera: “se procede a identificar, este llamado, orientado a avanzar en la indagación de las circunstancias de ocurrencia de algunas de las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario acontecidas principalmente, pero no exclusivamente, entre 1998 a 2007, en apariencia perpetradas por los frentes 5, 34, 57 y 58 del Bloque Noroccidental de las extintas Farc”.

Manteco ante la justicia transicional reconoció en noviembre de 2021 responsabilidad colectiva suya y de los hombres y mujeres a su mando conductas como la práctica obligada de abortos, daños en bienes a la población civil (sin especificidad), robo de centenares de cabezas de ganado y la muerte de sindicalistas como Jesús Guevara Angarita, asesinado por el frente 5 de las Farc en enero de 1993, en zona rural de Turbo.

Las víctimas de La Chinita claman por un diálogo directo y una verdad integral que los repare. Un grupo de exrepresentantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad (sobrevivientes de esa masacre) le dijeron a Colombia+20, bajo reserva de identidad, que “Rubén Cano (Manteco)” no puede olvidar entre sus testimonios todo el daño que le hizo a Apartadó y al ahora barrio Obrero. Él estaba en esas filas desde 1985 y una omisión de sus palabras es un irrespeto más a la memoria de los 35 asesinados, durante su campaña de exterminio a sindicalistas del Epl (Ejército Popular de Liberación)”.

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En el macrocaso 04 de la JEP hay cerca de 36.000 acreditados, incluyendo personas que viven en el barrio Obrero de Apartadó. Allí la lucha sigue y no se apaga. “Resurgimos como águilas, nos rasgamos los cueros que nos quedaron después de la masacre, nos pusimos nuevas vestiduras, nuevos anhelos, nuevas ideas y procesos para no seguir llorando sobre la que yo estaba perdido. Aprendimos a perdonar; todos… la subregión de Urabá, porque cuando pasó lo de La Chinita, también pasaron masacres en San Pedro, Necoclí, Arboletes, en San Juan, En Chigorodó, en todos los municipios. Diferente que hoy solo La Chinita tenga el estatus de reparación colectiva, pero siempre pensamos en que sufrimos todos como región.”, insistió Dulfaty Córdoba.

Dulfaty se reunió con Karina en 2015 para pedirle reconocimiento de verdades que nunca llegaron de su parte para encontrar a su hermano desaparecido tras esos hechos. Aun así, junto con los colectivos de víctimas siguieron clamando para que la fortaleza en la justicia fuera la resiliencia de los sobrevivientes de La Chinita. No tenían tiempo ni voluntad para más lamentos, porque su vida seguía y sus sueños se reanudaron.

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Nos destrozaron nuestras vidas, pero estamos orgullosos y con admiración mutua por todo lo que hemos conseguido. Las Farc nos ha reparado con algunos enseres, lo mismo el Estado. Nos pidieron perdón, pero falta más y queda pendiente saber al detalle los otros grupos que hicieron la guerra acá. La justicia va a llegar y nosotros nos seguiremos levantando, como siempre supimos hacerlo”, concluyó la lideresa.

Karina tomó otro camino dentro de la justicia colombiana y un tribunal de Medellín la condenó la semana pasada. Ahora, Manteco y sus compañeros de fila tendrán una nueva oportunidad ante la JEP para volver a hablar de lo sucedido en La Chinita – y en la subregión-, mediante aportes sanadores, que cumplan con el régimen de condicionalidad de la Ley Estatutaria de la JEP y que, tras casi tres décadas, puedan comenzar a cerrar el capítulo de terror más grande que vivió el noroccidente colombiano durante 60 años de una guerra que casi no llega a su fin.

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