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Antes de la firma del Acuerdo de Paz, en marzo de 2015, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC llegaron a dos acuerdos humanitarios de implementación temprana que buscaban aliviar el sufrimiento de las víctimas y consolidar la confianza entre las partes para garantizar avances certeros en la negociación. Uno de esos acuerdos consistía en el aporte de integrantes de la organización, aun estando en armas, para la búsqueda de personas que habían desaparecido en desarrollo de las confrontaciones. El otro acuerdo consistía en la entrega de información para desminar algunos territorios. Ambos requerían el trabajo conjunto de las dos partes.
Desde ese momento, se conformó un equipo de trabajo liderado por quien fuera el último comandante del Bloque Oriental de esa guerrilla, Jaime Alberto Parra, conocido en la guerrilla como Mauricio, el Médico para aportar información que permitiera ubicar cuerpos de personas desaparecidas. Ese equipo se convirtió dos años después en la Comisión de Búsqueda de las FARC que siguió el trabajo articulado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, el Instituto de Medicina Legal y, más tarde, con la naciente Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas, creada en virtud del Acuerdo Final.
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Hace un año, la Comisión se convirtió en la Corporación Reencuentros, una entidad con personería jurídica, que nació con la participación de cerca de 120 excombatientes que han creado enlaces regionales, asignados de acuerdo con la distribución regional de los antiguos bloques de la exguerrilla. La mayoría de las coordinadoras han sido mujeres que ofician como enlace entre las familias que buscan a sus desaparecidos y los excombatientes que pueden entregar información.
Estas personas se han dedicado a hacer pedagogía en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y en las Nuevas Áreas de Reagrupación sobre la importancia de esta labor humanitaria. La búsqueda incluye a excombatientes de todos los grupos armados y civiles que murieron en medio de las confrontaciones o personas que perdieron la vida siendo víctimas de secuestro por parte de la exguerrilla. Según el informe “Hasta encontrarlos”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, las Farc serían responsables de la desaparición de al menos 10.000 personas.
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Un año después de la creación de la Corporación Reencuentros, su coordinador, John León, hace un balance del trabajo y habla de los retos que tienen por delante en esta labor humanitaria.
¿Cuál es su balance un año después de creada la Corporación?
En el último año nos hemos posicionado, a nivel regional y nacional, como un actor clave en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Hemos crecido y contamos con cerca de 115 integrantes orgánicos, quienes en su mayoría son excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz. Y hemos consolidado procesos a través de la documentación de casos de personas desaparecidas y lugares de interés; aportes individuales y colectivos a la búsqueda y el relacionamiento con instituciones y organizaciones haciendo incidencia en escenarios de toma de decisiones sobre la búsqueda.
¿Qué avances y retos tiene el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas que adelanta la corporación?
La Corporación ha documentado 945 casos de personas dadas por desaparecidas que han sido entregados a la Unidad de Búsqueda para su revisión y para la creación de solicitudes de búsqueda que contribuyan a constituir el universo de personas dadas por desaparecidas. Hemos documentado 72 posibles lugares de ubicación a campo abierto y 49 posibles lugares de localización en cementerios, hemos participado en la realización de 18 encuentros colectivos de memoria entre la Unidad y excombatientes en los cuales se han entregado cerca de 748 aportes a casos individuales y colectivos de personas dadas por desaparecidas.
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¿Su trabajo sigue articulado con las instituciones estatales?
Sí. De hecho, hemos participado en cerca de 11 mesas tripartitas entre la Unidad de Búsqueda y el CICR para construir planes de trabajo regionales y proyectar acciones concretas para la localización y búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
¿Esto se ha traducido en la localización y entrega de cuerpos?
Sí, sabemos que el fin último es encontrar los cuerpos, aunque no se logra en todos los casos. Pero la acción reparadora hacia las víctimas se da siempre que haya búsqueda. Hemos realizado cuatro encuentros con familiares de víctimas de personas dadas por desaparecidas, ahí hemos dialogado en torno al componente reparador y restaurativo de la búsqueda y se ha avanzado en la generación de procesos que promueven la reconciliación. Por otro lado, hemos acompañado intervenciones en cementerios, fundamentalmente para buscar a los excombatientes en el marco de investigaciones humanitarias como la de operación Berlín.
La Jurisdicción Especial para la Paz se apresta a emitir las primeras sanciones propias contra el antiguo secretariado de las FARC, ¿estas labores de búsqueda harán parte de los trabajos y obras reparadoras tempranas o de las sanciones propias?
Durante estos años hemos escuchado de las víctimas y de nuestros familiares la necesidad y exigencia de que sus seres queridos sean buscados. Hemos vivido experiencias en las que las víctimas nos han dicho que ver a un excombatiente buscando a su ser querido tiene un impacto reparador, que ver a la JEP, a la Unidad de Búsqueda y a todos los actores que participan buscando, es un acto reparador. Aquí lo reparador no solo es encontrar a la persona, el acto de buscar también lo es. El Acuerdo Final estableció que la JEP debe posibilitar que como cumplimiento anticipado a la sanción o en desarrollo mismo de la sanción puedan realizarse actividades encaminadas a la búsqueda de personas desaparecidas. No se han proferido sanciones a comparecientes, las primeras deben darse en el caso 01 (secuestro). Los miembros del antiguo secretariado ya remitieron al despacho de la magistrada Julieta Lemaitre, tres proyectos de sanción, uno encaminado al suministro de información para desminado humanitario, otro para la rehabilitación ambiental en el páramo de Sumapaz y uno para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. La pregunta para la JEP es cómo se coordina eso y si los excombatientes pueden ir descontando esas actividades de sus sanciones. También hay que preguntarle a la Unidad de Búsqueda si certifica esos aportes y cuál es la ruta para esa certificación.
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¿Qué retos representa buscar a sus propios excombatientes?
Muchos, hay una falta de reconocimiento de esos excombatientes desaparecidos, y que, al igual que las víctimas, merecen ser buscados. Esto se da por muchas razones, pero pesa mucho la estigmatización sufrida por los familiares de esos excombatientes desaparecidos quienes han tenido que enfrentar enormes barreras para poder hablar sobre lo sucedido. Incluso se han visto obligados a negar su relación y parentesco con sus seres queridos y su trayectoria. Ese es un estigma que ha existido por una historia de persecución. La fuerza pública ha perseguido a las madres, a los hijos y familias de los guerrilleros. En el caso de la Operación Berlín, por ejemplo, ha sido difícil encontrar a los familiares y explicarles que ya no hay persecución, que no hay acción penal, que buscar a sus seres queridos no es un delito y que el Estado tiene obligación de encontrarlos.
¿Qué ha significado buscar desaparecidos en medio del conflicto?
En el último año miembros y personas cercanas a la Corporación han sido víctimas de acciones en contra de su seguridad e integridad. Varios han sufrido amenazas. Una compañera en Bogotá fue víctima de robo, entraron en su casa y le robaron el computador de la corporación. Muchos se han visto obligados a desplazarse de sus lugares de residencia habitual. Todos los compañeros del ETCR de Mesetas ya salieron del lugar y en Arauca llevamos más de un año sin hacer el trabajo por la situación de orden público.
A esto se suma la débil capacidad y compromiso estatal para garantizar la protección y la seguridad a los firmantes. Los vehículos de la UNP están en mal estado, no les pagan a los escoltas y no se garantizan los desplazamientos para las labores de búsqueda. El asesinato de excombatientes que aportaban a la búsqueda trunca la labor y detiene a muchos compañeros que tienen información que pueden contribuir a la búsqueda. En zonas como Arauca, Antioquia, Nariño, Catatumbo, ciertas regiones del Cauca, Caquetá, Putumayo, la presencia de actores armados impide las labores humanitarias de prospección de lugares y la recuperación de los cuerpos. Por ejemplo, en el caso de Angela Cordón hemos solicitado con insistencia que en el diálogo con los actores armados se habiliten corredores humanitarios para la acción de Unidad y el CICR.
¿En qué consiste el encuentro que realizan a partir del 30 de junio?
Tendremos un espacio de encuentro entre los miembros de la organización junto con actores claves relacionados con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Allí se realizará el conversatorio: “La búsqueda repara: Intercambio de experiencias alrededor de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas” que contará con la participación de Gustavo Salazar, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz; Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda; Angela Cordón, víctima de desaparición forzada por FARC; y Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia. Se presentará la obra de teatro “El Palacio Arde” dirigida por Leonardo Rodriguez. Luego tendremos nuestra asamblea anual para presentar balances de la Unidad, del CICR y de la corporación además de la proyección de un plan estratégico y operativo para el próximo año. Y una capacitación y formación para los documentadores de la Corporación.
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