Tres exguerrilleras que lideran la búsqueda de los desaparecidos en el conflicto

De izquierda a derecha: Shirley Mendez, Yaritza Paniagua y Mireya Andrade.

Foto: Cortesía Mujer Fariana

En las mismas regiones donde años atrás vistieron de camuflado y se alzaron en armas, donde levantaron sus cambuches y se trenzaron en combates con la fuerza pública, tres exguerrilleras buscan a las personas desaparecidas por el conflicto armado. Shirley, Mireya y Yaritza son las coordinadoras de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas —conformada por las Farc—, en las regiones sur, oriente y occidente, respectivamente.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas está integrada por 84 exguerrilleros en todo el país, la mayoría son mujeres (56). Empezó a operar en 2017 a partir del comunicado 062 emitido en La Habana, a través del cual las Farc se comprometieron a reparar a las víctimas con la búsqueda de los desaparecidos. Durante estos tres años han recogido y entregado información de 354 casos de personas desaparecidas al Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR) y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para que se encarguen de la exhumación de los cuerpos o para encontrar a quienes siguen vivos.

En este momento tienen 110 casos en documentación que han tenido que detener por la pandemia. Sin embargo, el trabajo de la Comisión continúa en el proceso de medidas cautelares sobre sitios donde habría personas desaparecidas y en el caso 01, sobre secuestro, en la Jurisdicción Especial para la Paz.

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Las tres militaron en la insurgencia por más de veinte años y operaron en diferentes lugares del país, pero coincidieron por primera vez, cuando representaron a la antigua guerrilla en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación para coordinar la logística de los puntos de preagrupamiento a donde llegarían quienes dejaron sus armas por el proceso de paz. De allí pasaron a esta Comisión porque tienen en común, entre otras cosas, que ellas también buscan a un ser querido desaparecido: un hermano, una hermana o un compañero.

Han asumido su responsabilidad con la reparación de las víctimas del conflicto y buscan a quienes fueron secuestrados y asesinados por las Farc, a policías y soldados muertos en combate y a sus compañeros exguerrilleros también desaparecidos en medio de la guerra. No hay distinción alguna. Las tres coinciden en que el dolor por la desaparición forzada de un ser querido es el mismo sea cual sea su posición política. Y agregan que detrás de sus antiguos enemigos en la guerra hay familias que los esperan.

Hablan sobre su paso por la guerrilla y, a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, cuentan cómo les están respondiendo a las víctimas del conflicto, los casos en los que han avanzado y las dificultades que tiene esta labor en plena implementación del Acuerdo de Paz.

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Mireya Andrade

Su nombre real es María Lucelly Urbano. Nació en Miranda (Cauca), en una familia campesina humilde de siete hermanos y madre soltera.

Ingresó a las Farc a sus 21 años. Comenzó en la Juventud Comunista, luego pasó a la Unión Patriótica y se lanzó como candidata al Concejo de su municipio en las primeras elecciones populares de autoridades locales en el país. Sin embargo, en medio del asesinato sistemático de integrantes de la UP, a mediados de los años 80, desaparecieron a su compañero, uno de los líderes de ese proceso. Para protegerse, entró a la guerrilla.

Comenzó en el sexto frente en el Cauca, en el bloque occidental Alfonso Cano. Recorrió el Huila, Tolima y el Valle del Cauca. Duró 28 años en la vida guerrillera hasta que llegó a La Habana como integrante de la delegación de paz, en octubre de 2014. Sin dar muchos detalles de su pasado, cuenta que se dedicó al trabajo de enfermería, comunicaciones y seguridad en esas zonas.

Llegó a la Comisión de Búsqueda por la desaparición del cuerpo de su hermana, Doris Amelia Urbano o Paola, como se llamó en guerra. “Ella ingresó al octavo frente de las Farc después que yo, cuando tenía 16 años. Posteriormente murió en un combate, en agosto de 1990, en la salida del Bordo Cauca, según las historias. Dicen que la capturaron herida, pero su cuerpo nunca apareció. Mi familia y yo siempre hemos preguntado por ella y no se ha dado con su paradero”, cuenta Mireya.

Así que ahora, a través de la Comisión, ha emprendido la búsqueda de su hermana. Le han dicho que está en un cementerio en una zona rural del Cauca, pero por la pandemia y la presencia de grupos armados en la zona quedó estancada la posibilidad de hallarla.

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Como coordinadora de la zona occidental tiene a cargo los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y sur del Chocó, los mismos lugares donde operó el Bloque Alfonso Cano. Allí trabaja en la búsqueda de desaparecidos junto a once excombatientes más.

Cuando se le pregunta cómo trabajan en la búsqueda de los cuerpos, explica: “Se define un período de visitas para un lugar en específico. Primero vamos nosotros a esos territorios y verificamos la información de los casos con los exguerrilleros que estuvieron en los hechos. Le damos esa información al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para que vayan a hacer la exhumación”.

De los 354 casos de los que han entregado información este año, 25 son de la región occidental. Se ha encontrado con varias familias y madres que vienen preguntando por sus hijos, sobre todo por aquellos que fueron reclutados por la antigua guerrilla.

“Tuvimos un caso en La Elvira (Cauca). Una familia había hecho la denuncia sobre la pérdida de su hija y resulta que ella estaba viva. Luego del proceso de paz se reencontraron. Ellos viajaron desde el Guaviare. Ha sido de las pocas veces que se encontró a la persona viva”. Por eso también están trabajando en la reunificación de familias que se disolvieron en su momento por la guerra.

“Lo más difícil de todo esto son las expectativas de las familias. No es sencillo, porque en muchos casos preguntan por el nombre de nacimiento y nosotros jamás conocimos a alguien por ese nombre. Nos conocíamos por nuestros seudónimos. Eso hace más difícil encontrarlos”, agrega.

También están buscando a miembros del Ejército. Una familia del Valle del Cauca les preguntó por el hijo, un soldado. Mireya sabe, por la información recopilada, que murió durante un enfrentamiento en la zona rural del centro del Valle del Cauca, pero los exguerrilleros que estuvieron directamente en ese hecho y sabían la ubicación de su cuerpo ya murieron. Están haciendo toda la reconstrucción del caso y averiguando quiénes más estuvieron en ese combate, para darle una respuesta a esa familia.

Shirley Méndez

María Bonilla Rosas se vinculó a las Farc hacia 1985, influenciada por el historial de violencia que cargaba su familia. Sus padres fueron desplazados del Tolima después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y llegaron a Caquetá. Allí creció y por ahí ingresó al Bloque Sur.

Un año después se fue al Bloque Oriental, donde permaneció hasta 2011. Formó parte de la guardia de Jorge Briceño, el Mono Jojoy, hasta su muerte, el 22 de septiembre de 2010. Luego pidió traslado a la región Caribe. Y en el 2014, como Mireya, también se fue a La Habana en la delegación de paz. En total, fueron 34 años en esta organización.

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Hoy coordina la región sur de la Comisión de Búsqueda, que incluye a los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y parte del Tolima, en la zona de Marquetalia. Con los excombatientes de los cinco espacios de reincorporación de esta región han entregado información de 37 casos de personas desaparecidas.

Según Shirley, el derecho a saber lo que pasó con cada ser querido desaparecido y la labor humanitaria para responder esta pregunta es lo que motiva su trabajo. “Es la posibilidad que tenemos ahora con el Acuerdo de Paz de resarcir de alguna manera el dolor de las víctimas”, añade.

Sin embargo, al igual que sus compañeras, defiende el derecho a buscar a quienes fueron actores principales de la guerra. “El hecho de que nosotros hayamos estado en armas no quiere decir que hayamos estado desligados de la sociedad, porque tenemos familias. Pero también hay muchos cuerpos de policías y soldados que quedaron en las montañas y también nos estamos preguntando qué pasó con ellos, dónde están”.

Ella, al igual que el resto de la Comisión de Búsqueda de las Farc, ha recibido desde 2017 capacitaciones y talleres del CICR para la recolección de información y las entrevistas a familias buscadoras. Esta entidad también los está apoyando con parte de los recursos para realizar los viajes a los territorios (antes de la pandemia). Pero por esta labor no reciben retribución económica, por lo que varios de sus integrantes han salido de la Comisión ante el afán de tener un sustento para sus familias.

Además de esto, Shirley señala que otra traba más para este proceso es la inseguridad que hay en los territorios ante la llegada de nuevos grupos armados. Hay lugares a los que no pueden entrar por el temor a ser asesinados y eso atrasa mucho más la recolección de información. Y con la pandemia peor aún. Desde marzo tienen todos los casos detenidos.

Yaritza Paniagua

A pesar de la cuarentena, ella continúa viajando por Arauca y Guaviare recopilando información. Su nombre de nacimiento es Dilsia Quintero Ojeda y es oriunda de Santa Rosalía, en el Vichada.

Se vinculó a las Farc a sus 18 años con otros seis hermanos varones después de que asesinaran a un líder de la UP en Mapiripán (Meta). Su abuela estuvo en las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo y sus padres también vivieron la época de la Violencia en el Huila y el Tolima. Ingresó al Frente 39, estuvo al lado de Jorge Briceño y Manuel Marulanda. Pasó por Arauca, el Meta y luego de un bombardeo en 2011 cayó presa. En 2015 salió bajo libertad condicionada y se sumó al proceso de diálogos de paz en La Habana desde un campamento en Colombia.

Se fue a la Comisión de Búsqueda motivada a encontrar a su hermano Fabián (Wilfredo Quintero Ojeda). Juntos se vincularon a la guerrilla, pero él quedó en el Bloque Móvil 1 y se trasladó hacia la región del Valle del Cauca y Chocó. Luego de una emboscada fue asesinado por el Ejército, en septiembre de 2001. “Era la época del despeje en El Caguán y por la misma presión en el país en ese momento nadie se atrevió a preguntar por ellos”, recuerda.

Aunque ninguno de los dos hermanos que quedaron vivos se sumaron al proceso de paz, ella asegura que ya está “encarretada” con lo que está haciendo a pesar de los reparos que tiene al Acuerdo de Paz. Este le abrió el paso para que pudiera ir a Medicina Legal a tomarse, junto a su mamá, una prueba de ADN para que sea cotejada con cuerpos no identificados, con el deseo de encontrar a su hermano.

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Actualmente está instalada en el espacio de reincorporación Mariana Páez, en Mesetas (Meta). Desde allí coordina un equipo de 35 personas en el área oriental: parte del Tolima, Meta, Guaviare y Arauca. Han entregado información de 150 casos, entre esos, el de seis comerciantes secuestrados por las Farc, en enero de 2003, en los Llanos del Yarí, a quienes sus familias reclaman desde entonces.

Así como lo conoció El Espectador en 2019, ellos fueron secuestrados por el frente 13, aunque nunca pidieron recompensa a las familias. Un excombatiente en Charras (Guaviare) dio sus ubicaciones y estas fueron entregadas a la UBPD en agosto de 2019 para la recuperación de los cuerpos. Este caso también hace parte de los testimonios que han aportado las Farc dentro del caso 01 (secuestro) en la JEP.

Le preocupa la demora institucional. Asegura que se necesita más apoyo estatal a los equipos forenses para que se encarguen de la localización, exhumación y búsqueda de todos los desaparecidos en Colombia.

“Las instituciones se han centrado en los casos grandes de desaparecidos en cementerios o fosas colectivas, pero tenemos registradas fosas individuales y sabemos que ahora no son prioridad. A veces la gente en las veredas nos pregunta qué ha pasado con la información que nos dieron hace meses. Ahí está, pero no avanza la búsqueda. Ya está en el campo de la UBPD”, sostiene.

Para Yaritza, lo fundamental en la búsqueda es el acceso a la información y el poder hablar con la gente en las zonas rurales, que son quienes conservan la memoria en muchos casos de desaparición forzada. Por eso pide mayor seguridad y que se den más diálogos para que la gente conozca a la Comisión y hasta los mismos excombatientes hablen de los desaparecidos sin el temor a que se les abran procesos judiciales.