Credhos, el costo de defender los derechos humanos en la guerra del Magdalena Medio

El 4 de noviembre de 2022, Credhos fue acreditada por la JEP como víctima colectiva en el caso 08. / Fotos: Cortesía Credhos

En 1987, los paramilitares y la antigua guerrilla de las Farc se disputaron a muerte el Magdalena Medio. Desde Puerto Boyacá hasta San Pablo (Bolívar), estos grupos armados —algunas veces en connivencia con la fuerza pública— cometían barbaries contra la población civil y poco o nada se denunciaba al respecto. El control territorial y la ley eran impuestos por ellos.

Ese mismo año surgió en Barrancabermeja (Santander) la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), colectivo que buscó desde sus inicios la visibilización de esos hechos asociados al conflicto armado en esa zona del país.

Pero ese trabajo significó señalamientos, amenazas y atentados —aún vigentes—, que esa corporación demostró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que los reconociera como una víctima colectiva acreditada.

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Para ello, el 10 de diciembre de 2021, Credhos radicó ante ese tribunal de justicia transicional el documento “Hoy como ayer: informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos en la región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado”. Allí evidenciaron cómo, entre 1987 y 2016, personas de esta organización fueron blanco recurrente de crímenes —muchos en la impunidad— principalmente perpetrados por paramilitares y agentes del Estado.

El informe relata afectaciones a más de 80 miembros (entre directivos e investigadores) de Credhos, durante esos años. Todos habían hecho investigaciones donde denunciaban crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de civiles, incluyendo defensores de derechos humanos.

La petición fue aceptada el pasado 4 de noviembre por la JEP. Mediante el comunicado 095 de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad de ese tribunal reconoció a Credhos víctima colectiva en el macrocaso 08, asociado con los “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.

De acuerdo con la JEP, “las capacidades organizativas, la autonomía, presencia y participación social de Credhos, así como sus proyectos colectivos, se vieron afectados por los asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, atentados y amenazas de las que han sido víctimas los miembros de su junta directiva, integrantes, empleados y colaboradores desde 1987, cuando empezó su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio”.

En ese mismo comunicado, el tribunal resaltaba el trabajo de Credhos y señalaba que “la labor de las organizaciones que defienden, promueven y protegen los derechos humanos en los territorios es fundamental para el cumplimiento del trabajo del Sistema Integral para la Paz y, con ello, la búsqueda de justicia y verdad”.

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En pro de esa búsqueda, Credhos ya había enviado otros informes a la JEP donde se detallaba la guerra en el Magdalena Medio. Entre abril de 2018 y marzo de 2022, esa corporación entregó sendos y detallados documentos mediante los cuales se detectaron más de 364 hechos victimizantes y un entramado de redes de exterminio que no estaba siendo monitoreado por la justicia.

En ellos se denunciaba la connivencia entre miembros de la fuerza pública y paramilitares, las redes delictivas que se crearon por esa unión, así como el surgimiento y la expansión del paramilitarismo desde Puerto Boyacá hacia Barrancabermeja y otras zonas de esa región.

El costo, claro, fue alto: por un lado, una persecución a sangre y fuego por parte de ambos bandos que por poco extermina a todos los investigadores y miembros de la organización.

Y, por otro, el impedimento de la realización del trabajo en territorio, clave para entender el conflicto que afectó esa región. En sus años de investigación, Credhos documentó, por ejemplo, cómo se iban transformando las estructuras paramilitares, cuáles fueron sus modus operandi y cómo resultó afectada la población. De la ola de Ramón Isaza pasaron a ser Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y luego Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Nuevo ciclo de estigmatización

A pesar del reconocimiento de la JEP, las amenazas no han cesado. Credhos ha seguido haciendo investigaciones en las que han resultado enlodadas multinacionales petroleras, alcaldías, altos mandos de fuerza pública y empresarios por la comisión de crímenes atroces durante el conflicto armado. Ello les ha traído nuevamente hostigamientos y estigmatizaciones.

De acuerdo con Camilo Ayala, abogado de la corporación, las amenazas carecen de todo fundamento a la naturaleza de Credhos: “Hay estructuras paramilitares que nos están señalando de aliarnos con grupos paramilitares. Es una locura esto. Nos hicimos víctimas colectivas por comentar hechos asociados al paramilitarismo y ahora nos acusan de estar vinculados con paramilitares. La JEP ya ha hablado con la Fiscalía para no perderle rastro a estas conductas que quieren atentar contra nosotros”, explica. De hecho, ese tribunal urgió a las autoridades a que se investiguen esos hechos.

Colombia+20 tuvo acceso a material audiovisual y panfletos, cuya autoría sería presuntamente de paramilitares de las Agc —o Clan del Golfo—, decretando planes pistola contra Credhos. Este diario también conoció amenazas emitidas por un grupo autodenominado “Bandas Criminales de Barrancabermeja”, estructura que desde el 29 de octubre de 2022 ha dicho que la corporación “tiene pactos con grupos armados ilegales y que de no abstenerse a hacer estas alianzas, serán declarados objetivo militar en todos los barrios de la ciudad”.

Ayala afirma que las amenazas vienen de grupos armados que rechazan actividades adelantadas por Credhos para impulsar las mesas humanitarias para esclarecer hechos en favor de la comunidad y de la verdad sobre desapariciones forzadas.

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“Hemos estado en puestos de mando unificados para conocer en qué situación nos encontramos. Hay que saber si se trata de delincuencia organizada o manifestaciones de grupos más grandes. La Unidad Nacional de Protección no nos ha hecho estudios integrales de riesgo, dicen que todo es delincuencia común y cada día ponen más requisitos para protegernos. Seguiremos en la lucha”, concluye.

La lucha por la acreditación como víctima

Buena parte de la representación jurídica que Credhos tuvo ante la JEP estuvo a cargo del abogado Ayala. Él gestionó y estuvo presente en diálogos, propuestas para ser escuchados y solicitudes radicadas, junto con otros compañeros suyos de la corporación.

Junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Ayala impulsó la coordinación de Credhos en el marco del caso 08 de la JEP y fue parte de los informes de una organización que le hizo una guerra jurídica al Estado colombiano para resarcir y reparar atrocidades que dejó el conflicto armado en el Magdalena Medio, con hechos que por poco se quedan en la impunidad.

“Somos la primera corporación de este tipo que presenta un informe de lo que sucedió en el conflicto desde la óptica de la sociedad civil. Nuestra lucha ha sido desde el esclarecimiento de hechos que sucedieron hace más de 30 años, pasando por las barbaries del Batallón Nueva Granada y la Red de Inteligencia 07 de la Armada —al mando del coronel Rodrigo Quiñones Cárdenas— con alta connivencia con los paramilitares, hasta una batalla judicial que en derecho nos permitiera asegurar medidas cautelares y garantías de no repetición para nuestra gente”, afirma Ayala y agrega: “Nos dolía sobremanera que, tras décadas de tanto dolor, el Magdalena Medio no estuviera priorizado en ningún subcaso o caso territorial de la JEP”.

Los esfuerzos de Ayala y de Credhos se vieron reflejados en el Auto 104 (2022) de la JEP. En ese documento por fin la justicia transicional confirmó que el Magdalena Medio iba a ser priorizado por la Jurisdicción Especial y que Credhos ya podría comenzar a ser visto como un nuevo caso nacional para la reparación colectiva.

De acuerdo con la magistrada Julieta Lemaitre, una de las que más cerca ha estado del caso Credhos, la información que ha llevado esta organización a la JEP es de gran relevancia, pues “da muestras contundentes de que distintas autoridades políticas y de fuerza pública en esa zona del país han tenido información a lo largo de varios años sobre atentados a población civil —incluyendo defensores de derechos humanos— y han actuado bajo acción u omisión, permitiendo así crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Ese análisis también es compartido por la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien en una audiencia de observaciones para la apertura de nuevos macrocasos de la JEP señaló que “Credhos fue la primera institución que nos remitió el primer informe (sobre patrones criminales en el Magdalena Medio). En esa ocasión fuimos el pleno de la sala a Barrancabermeja y claramente la historia en el Magdalena Medio tiene todo el sentido para explicar lo que ha sucedido en otros territorios frente a violencias de paramilitares y terceros civiles”.Para Credhos haber sido acreditados como víctimas colectivas y haber conseguido que el Magdalena Medio fuera una zona priorizada, fue un logro tan importante como cuando consiguieron una sentencia de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la cual responsabilizó al Estado colombiano de la desaparición y muerte de Isidro Caballero y María del Carmen Santana. Ambos fueron los primeros casos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado colombiano que llegaron a ese tribunal internacional. Credhos estuvo en esa tras escena jurídica, junto a otras organizaciones a través de Jorge Gómez Lizarazo, abogado y figura simbólica de Credhos, quien también ha sufrido amenazas contra su vida, como las que hoy siguen sufriendo quienes denuncian hechos similares en esta corporación del Magdalena Medio.