Desde Italia, Salvatore Mancuso podría contar la verdad en la justicia transicional

Salvatore Mancuso fue uno de los máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Se desmovilizó en 2005 y fue extraditado en 2008 hacia Estados Unidos.

Foto: Archivo El Espectador

A Salvatore Mancuso lo espera la justicia colombiana para responder por al menos 53.000 crímenes en los que tendría responsabilidad como exjefe paramilitar entre 1995 y 2005. Pero además, hay miles de víctimas que también lo esperan en Colombia para que esclarezca la verdad de estos delitos, señale el paradero de quienes fueron asesinados y diga quiénes respaldaron el surgimiento y actuar de grupos paramilitares desde el poder político.

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Con su deportación a Italia, que, según ha trascendido, será el próximo 4 de septiembre y donde llegará como un “hombre libre”, queda en vilo ese acceso a la verdad y la justicia para las víctimas, las cuales esperaron por más de 15 años a que este hombre, junto a los demás jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos por Álvaro Uribe, regresara a Colombia para aportar su verdad sobre el conflicto armado.

No obstante, todavía hay distintos escenarios en los que Mancuso puede dar su testimonio en las entidades que integran el Sistema de Justicia, Verdad y Reparación que nacieron tras el acuerdo de paz con las Farc. De hecho, el exjefe paramilitar está a la espera de la decisión de la JEP para acogerlo, y voluntariamente podría asistir a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Acá le contamos cómo:

En la Jurisdicción Especial para la Paz:

Salvatore Mancuso tiene un pie afuera de la JEP. A comienzos de junio, en una primera instancia, los magistrados de la Sala de Reconocimiento le negaron su entrada al Tribunal de Paz. El principal argumento de esta decisión es que Mancuso siempre ha sido un paramilitar y nunca fungió como un tercero civil, es decir, como una persona que apoyó, auspició o financió el conflicto armado. Y solo bajo esta categoría de tercero podía ser aceptado en la JEP.

Para los magistrados, Mancuso fue un combatiente activo que, como los demás paramilitares, debe ser juzgado en el tribunal de Justicia y Paz, creado después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2005.

La defensa del exjefe paramilitar pidió la revisión de esta decisión y ahora será la Sección de Apelación de la JEP la que determine si debe ingresar o no. En caso de que se le niegue, Mancuso tendrá que contar sus verdades sobre el conflicto armado en Justicia y Paz, donde ha hecho algunos aportes, y en la justicia ordinaria por los procesos que se le imputan después de la desmovilización.

Pero en caso de que se acepte al excomandante de las Auc, este deberá firmar un acta en la que se compromete a decir toda la verdad y reparar a sus víctimas. Luego empezaría con las versiones voluntarias. Si eso llegase a ocurrir, fuentes de la JEP le confirmaron a este diario, Mancuso podría entregarlas virtualmente o los togados podrían viajar hasta Italia a realizar estas diligencias.

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Mancuso, hasta ahora, ha dicho que en la JEP hablará, entre varios asuntos, sobre una lista de hechos que demostrarían que, entre 1989 y 1996, desempeñó el rol de tercero viéndose comprometido con acciones de intimidación y muertes violentas de personas pertenecientes a grupos de izquierda, al igual que con acciones de destrucción y apropiación de bienes civiles (despojo de tierras) en el municipio de Turbo (sector Tulapas del departamento de Antioquia).

Dentro de los crímenes está el asesinato de dos guerrilleros que extorsionaron sus negocios familiares en 1989. También mencionó que, en 1991, los empresarios y ganaderos de Córdoba, bajo su liderazgo, financiaron grupos de vigilancia privada bajo órdenes del comandante del Batallón de Contraguerrilla Coyarac de la Brigada XI. Cuando murió el comandante de esta unidad militar, un año después, Mancuso asumió el mando de dichos grupos y los respaldó con recursos de sus actividades de ganadería y agricultura. Y, en 1995, creó la empresa de seguridad y vigilancia Horizonte y promovió su réplica en varios municipios de Córdoba y en la región de Urabá.

Incluso, se refirió a aquellas investigaciones que en su mayoría han terminado con sentencias absolutorias y señala como responsables o partícipes a las siguientes personas: Santiago Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, “el doctor Lara” y la familia de Alfonso López.

En la Comisión de la Verdad:

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, al ser un organismo extrajudicial (es decir, que la información que recoge o la que las personas aporten a ella no tiene efectos judiciales) puede recibir el testimonio de Salvatore Mancuso, si este quiere darlo de manera voluntaria.

De hecho, en el acuerdo de paz quedó estipulado que uno de los puntos que deberá esclarecer la Comisión será “la relación entre producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, incluyendo la relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico”. Precisamente son estos los dos principales cargos contra el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Otra de las verdades que las víctimas están buscando es el por qué los paramilitares de Mancuso cometieron masacres como la de El Salado o Chengue, así como la verdad de la violencia sexual contra mujeres y niñas.

Es de anotar que otros exparamilitares han manifestado su intención de ir a la Comisión, como Fredy Rendón Herrera, comandante del bloque Élmer Cárdenas; Rodrigo Pérez Alzate, del Bloque Central Bolívar; Ramón Isaza, jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; y Edwar Cobos Téllez, jefe del Bloque Héroes de los Montes de María.

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En la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos

Salvatore Mancuso puede ir a la UBPD como aportante voluntario de información, al igual que en la Comisión de la Verdad. Algunos de los casos en los que podría aportar datos valiosos tienen que ver con la desaparición de 43 campesinos de Pueblo Bello (Antioquia) por el grupo paramilitar “Los Tangueros” el 14 de enero de 1990; la masacre de Chengue, cometida en el 2001 y en la que murieron 27 personas; o la desaparición de indígenas del pueblo embera katío en el Alto Sinú, en Córdoba, zona que Mancuso controló desde las Auc.

La directora de esta Unidad, Luz Marina Monzón, dijo que Mancuso, en el marco de su obligación como actor del conflicto y bajo su voluntad, debería contribuir a aliviar el dolor de tantas familias que esperan encontrar a su seres queridos. “La Unidad de Búsqueda hará todas las gestiones necesarias para entrar en contacto con él y entrevistarlo desde Italia para que dé información sobre personas que fueron desaparecidas y su paradero”, señaló.

Hay que tener en cuenta que esta es una entidad extrajudicial y humanitaria. Es decir, que nada de lo que pueda decir Mancuso en estas entrevistas podrá ser usado como prueba judicial y que, además, todo sería de carácter confidencial. Aun así, sería de gran insumo para reparar a las víctimas de un largo y doloroso conflicto armado.