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Cinco camiones con electrodomésticos y productos de miscelánea salieron el 4 de octubre de 1987 desde Cúcuta (Norte de Santander) con destino a Medellín. Era el primer viaje que iba a hacer Gerson Rodríguez, un joven de 23 años que estaba desempleado. Le iban a pagar $45.000 pesos de la época como remuneración por su labor. Sin embargo, horas después, hace 33 años, Gerson se convirtió en uno de los 17 comerciantes que salieron en esa caravana hacia la capital antioqueña y que entre la noche y la madrugada del 6 y 7 de octubre fueron asesinados y desaparecidos por paramilitares de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acgdegam).
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Los hechos sucedieron unos kilómetros después de haber sido requisados en un retén militar en el caserío de Puerto Araújo (Santander). La información que hasta ahora es pública en este caso es que su desaparición forzada pudo haberse dado en la finca “El Diamante”, propiedad de Henry de Jesús Pérez Baquero, jefe y creador de la asociación Acdegam.
El hermano de Gerson, Wilmar, recuerda que ocho días después de despedirlos empezaron los rumores de que habían sido asesinados. “Muchos familiares se reunieron a recoger plata y se fueron algunos a buscarlos. Les tocó venirse lo más pronto que pudieron porque los iban a asesinar. Ellos llegaron con esa incertidumbre de dónde los habían asesinado y desaparecido”, recuerda.
A otros dos familiares que tomaron el mismo camino de buscarlos les ocurrió la misma tragedia: terminaron desaparecidos por ese grupo paramilitar. En total, estos fueron los desaparecidos: Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor Quintero, Ángel María Barrera, Antonio Flórez, Víctor Manuel Ayala, Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corzo Vargas, Luis Hernando Jáuregui, Luis Domingo Sauza, Rubén Emilio Pineda, Carlos Arturo Riatiga, Juan Bautista, Alberto Gómez, Huber Pérez, Juan Alberto Montero y José Ferney Fernández.
Han pasado 33 años y las familias de estas 19 personas aún no saben qué pasó el 6 y 7 de octubre y dónde están sus parientes. Las institucionales gubernamentales tampoco les han cumplido con la totalidad de las medidas de reparación que sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de julio de 2004, cuya conclusión fue la condena al Estado colombiano por este hecho.
Esas medidas contemplan la búsqueda, localización e identificación de los 19 comerciantes, el pago de una indemnización a las familias que quedaron en la sentencia, la construcción de un monumento, la judicialización de los responsables y la gratuidad en el servicio de salud. “El gobierno cumplió con la indemnización, pero creyeron que con eso nos íbamos a quedar callados, que queríamos plata y ya. No, nosotros seguimos en la lucha”, asegura Wilmar Rodríguez.
El monumento fue levantado el 6 de octubre de 2018 en el Parque de los Niños en Bucaramanga, capital de Santander, en medio de un acto conmemorativo por los 31 años. Pero ocurrió luego de una tutela que interpusieron las familias para sacarlo de un batallón militar de la zona.
“Era común que las Unidades de Contraguerrilla del Batallón Bárbula adelantaran los patrullajes por el Magdalena Medio con miembros de las autodefensas (…) El informe del DAS del 13 de febrero de 1990 presenta una relación de miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas involucradas con la organización dirigida por Henry Pérez”, dice la sentencia. En 2018, El Espectador estableció que la Fiscalía precluyó la investigación en contra del mayor Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el sargento Otoniel Hernández, quienes habían sido vinculados al caso en 1996.
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“Hoy, 16 años después de la sentencia no se ha proferido ninguna acusación en contra de miembros de la Fuerza Pública, a pesar de que la misma Corte determinó en la sentencia la connivencia entre militares y paramilitares”, señala David Iregui, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una de las organizaciones que acompaña a las familias.
Al incumplimiento de la sentencia en materia de condenas, Iregui dice que el Estado tampoco ha dado resultados satisfactorios en la búsqueda de los 19 comerciantes ni en la gratuidad en el servicio de salud para las víctimas. Si bien entre 2015 y 2018 se trabajó con la Fiscalía General de la Nación, los cuerpos no fueron encontrados.
En 2018, durante la conmemoración e inauguración del monumento, las familias recuerdan que la vicefiscal en ese momento, María Paulina Riveros, se comprometió a continuar con la búsqueda. “A la fecha el fiscal que llevaba el caso renunció y el caso pasó a otro fiscal que dejó una solicitud probatoria donde manifestaba seguir con las labores de búsqueda. Ahora estamos intentando retomar esta labor con Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas”, sostiene el abogado.
El caso no ha llegado formalmente a la Unidad de Búsqueda. Es decir, no se ha hecho una solicitud de parte de familiares y seres queridos de las víctimas y, en ese sentido, no se está desarrollando una acción concreta. No obstante, es importante señalar que la mesa técnica, en la que participa la Fiscalía General de la Nación y que lleva la investigación de este caso, va a coordinar acciones para la búsqueda de los 19 comerciantes del Magdalena Medio.
Entre las grandes preocupaciones para las familias está la atención en salud. Wilmar Rodríguez sostiene que varias personas han muerto por vejez y enfermedades que se complicaron ante las demoras de las entidades prestadoras de salud (EPS). El Ministerio de Salud hizo un convenio con la Corporación Infancia y Desarrollo para que personal médico especializado en enfermería y psicología los atienda y sirva de enlace con sus EPS, pero lo que dicta la sentencia es completa gratuidad en este servicio básico.
Christian Peñuela, psicólogo de la CCJ y quien hace seguimiento a esta medida de reparación, asegura que al Estado colombiano le tomó casi 15 años, desde que se emitió la sentencia, dar alguna respuesta sobre este aspecto.
En la audiencia de seguimiento a la sentencia de la CorteIDH, en septiembre de 2019, los representantes del Estado aseguraron que no tenían la posibilidad de cumplir con este criterio debido a la forma como está concebido el sistema de salud colombiano (régimen contributivo y subsidiado) que de ninguna manera permite la posibilidad de ofrecer este servicio gratis.
“El ordenamiento jurídico nacional no debería impedir el cumplimiento de una orden internacional. El Estado le está incumpliendo a las víctimas. La reparación integral no debería pagarla las mismas víctimas”, señala Peñuela.
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Cada incumplimiento es revictimizante. Para las familias no se acaba el dolor con la entrega de sus seres queridos, de los que no hay ninguna pista. Hace falta la reparación y el trato digno por parte de un Estado que ha fallado en evitar la guerra en Colombia.
“Aquí no descansan los 19 comerciantes desaparecidos el 7 de octubre de 1987 porque sus restos aún no han sido encontrados. Este es, sin embargo, un monumento a su memoria y en contra del olvido para que el mundo sepa y para que la sociedad y el Estado colombiano recuerden que hechos tan atroces no deben volverse a repetir. El mayor castigo de los responsables es que nunca serán absueltos por su propia conciencia”. Este es el escrito que lleva el monumento.