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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó suspender el trámite de extradición del líder de la FARC Seuxis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, quien es requerido por la justicia de EE. UU. por delitos relacionados con narcotráfico. La decisión se toma mientras la Sala de Revisión de la JEP estudia de fondo si los hechos de los que se acusa a Santrich ocurrieron con posterioridad a la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, es decir, después del 1º de diciembre de 2016.
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Este estudio está contemplado en el acto legislativo 01 de 2017, en el cual se establece una “garantía de no extradición” por hechos ocurridos durante el conflicto armado con las Farc y hasta su finalización. Sin embargo, si se determina que los hechos que son materia de investigación fueron cometidos después del Acuerdo, el proceso será remitido a la “autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición”.
Con el ánimo de ampararse en esa garantía, Santrich radicó el pasado 11 de abril, por medio de su abogado, un memorial en el que solicitó a la JEP que se declarara competente para conocer la solicitud de extradición que se produjo tras la acusación emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (EE. UU.).
En efecto, los cinco magistrados de la Sala de Revisión de la JEP decidieron asumir la competencia para conocer la solicitud de la aplicación de la garantía de no extradición y, así las cosas, suspendieron el trámite. “La suspensión se produce para que la persona no sea extraditada, mientras la JEP define si los hechos ocurrieron antes o después de la firma del Acuerdo”, explicó Juan Carlos Ospina, coordinador de Incidencia de la Comisión Colombiana de Juristas.
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De momento, Santrich seguirá privado de la libertad. En ese sentido, Jesús Ángel Bobadilla, presidente de esa sala, aseguró que no se encontraron elementos suficientes para referirse a la solicitud de nulidad de la medida de aseguramiento elevada por él, “motivo por el cual dispuso requerir a la Fiscalía para que en un término que no supere los cinco días allegue la información solicitada relativa al trámite de extradición y la privación de la libertad”.
La Sección de Revisión de la JEP, mediante un auto del pasado 19 de abril, requirió a la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía para que le remitieran todos los documentos relacionados con la solicitud de extradición de Santrich. Mientras la Cancillería envió 21 folios del expediente y el Ministerio de Justicia aportó documentos relacionados con la materialización de la orden de detención y la circular roja de la Interpol, la Fiscalía indicó que no ha recibido la solicitud formal por cuenta de EE. UU.
“El proceso de extradición se inicia con el pedido formal del requerido por parte del Estado requiriente, circunstancia que no ha ocurrido hasta la fecha (…) por lo cual no existen documentos del referido trámite de extradición”, respondió el ente acusador.
De acuerdo con Bobadilla, ya empezó a correr un período de diez días para que los intervinientes en este asunto soliciten pruebas al respecto. “Se ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que, una vez reciba la solicitud formal de extradición, remita la copia de manera inmediata ante la sección”.
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Además, se decidió comunicar esta decisión a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, para que conozcan los avances del análisis que de manera formal empieza a estudiar la JEP.El Gobierno Nacional, por su parte, aseguró que la decisión de la JEP está fundamentada en protocolos que ella misma dictó para su funcionamiento. Por eso, le pidió al Congreso de la República “darle trámite con la mayor urgencia al proyecto de ley que fija las reglas de procedimiento de la JEP”.
“Quedó amenazada la institucionalidad”
El debate alrededor de la suspensión del trámite de extradición ha atizado el debate jurídico. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta de 16 páginas al procurador, Fernando Carrillo, en la que le indicó que la decisión de la JEP de suspender el trámite de extradición de Jesús Santrich “pone en riesgo la institucionalidad y el orden constitucional de Colombia” y además le pidió intervenga en su trámite.
Martínez cuestionó el hecho de que la JEP base sus actuaciones en protocolos que creó mientras el Congreso de la República tramita la ley de procedimiento. “No es admisible que un juez dicte su propia ley (…) La JEP no puede dictarse sus propias reglas de procedimiento. La expedición de los procedimientos legales ante esa jurisdicción especial compete únicamente al legislador”.
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Finalmente, el jefe del ente acusador reiteró su desacuerdo con que la Sección de Revisión de la JEP estudie las órdenes de captura impuestas por la jurisdicción ordinaria. “No sólo constituye una afrenta a las competencias constitucionales al interior de nuestro Estado, sino un paso deliberado para comprometer las reglas que eficazmente han contribuido a luchar contra el crimen organizado, mediante el instrumento de cooperación internacional”.
Por su parte, el Gobierno Nacional aseguró que la decisión de la JEP está fundamentada en protocolos que ella misma dictó para su funcionamiento. Por eso, le pidió al Congreso de la República “darle trámite con la mayor urgencia al proyecto de ley que fija las reglas de procedimiento de la JEP”.
El balón en este momento está en manos Sección de Revisión, que -según el acto legislativo 01 de 2017- tiene 120 días para resolver lo relacionado con el trámite de extradición. Entre tanto, Jesús Santrich continúa recluido en la Fundación Caminos de Libertad de la Conferencia Episcopal sin que haya levantado la huelga de hambre que hoy completa 40 días.