En Buenaventura se hará la primera búsqueda de desaparecidos en el mar
La Comisión de la Verdad, la JEP y la UBPD recorrieron el estero San Antonio, donde habría más de mil desaparecidos por el conflicto armado. Esta última entidad haría la primera acción en el país de búsqueda de personas desaparecidas en zona marítima.
Carolina Ávila Cortés
Valentina Parada Lugo
Hay una historia de silencio sobre el estero San Antonio, el ecosistema de manglar ubicado en el suroriente de Buenaventura (Valle del Cauca). Sus habitantes recuerdan que era un lugar para “vivir sabroso”: ir a pescar, nadar y pasar tiempo con la familia. En los barrios de las orillas se hacían trueques de comida y las casas se levantaron sobre palafitos, porque así era la conexión del pueblo negro con su territorio.
Ahora es un espacio de muerte, fosas y terror. “Muchos de nuestros muchachos los vimos embarcarse por el estero y nunca más volver”, aseguran. Los niños y niñas ya no van a nadar por miedo a encontrarse con cuerpos desmembrados, y los adultos se protegen a través del silencio. Este sitio fue usado por los grupos armados, como el bloque Calima, el frente Pacífico, La Empresa y los Urabeños, como cementerio clandestino de sus víctimas desde mediados del año 2000.
Regrese al especial: Los mapas de la desaparición forzada en Buenaventura
Las organizaciones sociales de Buenaventura estiman que hay más de mil cuerpos de personas desaparecidas en el fondo del estero. Fueron víctimas de las “casas de pique” que instalaron los grupos en varias comunas, como la 3, 4, 7 y 8, o eran amarrados de sus prendas de vestir a los manglares de la Isla Pájaro, hoy conocida por sus habitantes como la Isla Calavera.
El pasado lunes 12 de abril, cinco balsas recorrieron el estero para realizar un acto simbólico por las víctimas de desaparición forzada. La principal iba decorada con los rostros de quienes siguen desaparecidos y de allí salía música de tamboras y cununos. En las otras embarcaciones iban integrantes de las organizaciones, familiares de desaparecidos y tres representantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); Alexandra Sandoval, vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y Leyner Palacios, comisionado de la Comisión de la Verdad.
En la mitad del recorrido, en el que varias lideresas iban narrando sus historias de desaparición y dolor, las cinco balsas se detuvieron en la Isla Calavera. Sus ocupantes le pidieron perdón a la madre tierra por la violencia que ha sufrido. Lanzaron sal, aceite, leche, semillas, viche y desde todas las balsas arrojaron flores hacia el mar.
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Luego señalaron un pedazo destapado de esta isla donde se veían costales gigantes para contener el material que saldrá del proyecto de dragado en este estero. Con la obra, que es del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Consorcio San Antonio, se quiere aumentar 4,5 metros de profundidad a lo largo de 6,4 kilómetros del estero para facilitar la navegación de embarcaciones y mejorar el comercio en el distrito. El presupuesto de la obra es de $15.114’136.556.
Sin embargo, para las organizaciones y familias, el dragado pone en riesgo la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. “Nuestras voces no han sido escuchadas, necesitamos que se entienda que por la lógica del pueblo negro una persona muerta y desaparecida es un duelo colectivo”, sostuvo uno de los asistentes y que por seguridad no revelamos su nombre.
Los bonaverenses, además de ser víctimas del conflicto, dicen que también son víctimas del desarrollo. El dragado intervendría la tierra donde pueden estar los cuerpos sin identificar. Los podría succionar y destruir. Esa es la razón por la que las tres cabezas del sistema de justicia transicional estaban haciendo este recorrido. “Este es un territorio donde la violencia no sólo ha causado violaciones a los derechos humanos, sino que esas violaciones han sometido a las comunidades a unas condiciones de vida no consistentes con la dignidad humana. Y esto es algo intolerable”, dijo Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.
Lea: Unidad de Búsqueda, JEP y Comisión de la Verdad buscarán a los desaparecidos de Buenaventura
Aunque actualmente la obra se encuentra detenida, según lo confirmó a este medio el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, no es por las peticiones de la población, sino por problemas contractuales que no especificó. “No creo que haya que escoger entre una cosa y otra (dragado o búsqueda de desaparecidos). Ahí está el desafío, en cómo Colombia aprenderá a buscar desaparecidos en un contexto como el de Buenaventura: de esteros, manglares, de flujo de marea cada seis horas”.
El Espectador intentó acceder a una entrevista con el director de Invías, Juan Esteban Gil, pero después de varios intentos la oficina de prensa respondió un cuestionario escrito en el que aseguraron que la decisión de la JEP de avocar conocimiento sobre la solicitud de medidas cautelares no los toma por sorpresa, “ya que desde el inicio del permiso de viabilidad ambiental para el dragado de mantenimiento, la autoridad ambiental EPA (Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura) condicionó el permiso de dragado a la realización de unas actividades previas de concertación con los familiares de las víctimas para descartar la presencia de cuerpos de personas desaparecidas”. Sin embargo, en otra respuesta del mismo cuestionario aseguraron que: “Nunca tuvimos conocimiento de la existencia de cuerpos de personas desaparecidas”.
También, dijeron que acatarán la decisión del Tribunal de Paz y que trabajarán “de manera coordinada con las diferentes entidades, de cara a cumplir las decisiones que toman las entidades judiciales del estado”. Sobre el dragado, explicaron que como bien es un proyecto que responde a las necesidades del Paro Cívico de Buenaventura en 2017, lo adelantaran sólo en el momento en que “se garanticen los derechos de las personas y que tengamos la autorización respectiva de las diferentes entidades”.
Los casos de desaparición forzada en el estero San Antonio, e incluso en otros lugares como el estero El Aguacate o en el Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), son un secreto a voces que no ha sido atendido por ninguna entidad para crear un plan de búsqueda o frenar el dragado. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 779 personas han sido desaparecidas de manera forzada en Buenaventura.
Por esta razón, diversas organizaciones de Buenaventura, entre ellas la Corporación Memoria y Paz (Cormepaz), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Proceso de Comunidades Negras, Madres por la Vida, Fundación Nydia Érika Bautista y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, le enviaron a la JEP tres solicitudes de medidas cautelares para que protegiera temporalmente el estero San Antonio para buscar a los desaparecidos.
En la información entregada a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, las organizaciones mapearon algunos de los puntos donde se han encontrado cuerpos. Señalan, entre otros lugares: la Isla Calavera, dos casas de pique usadas en 2004, otras que los paramilitares usaron entre 2002 a 2017 en nueve calles de las comunas 3 y 4, el embarcadero de “Juancho”, un sitio conocido porque arrojaban cuerpos, y “El Cocotero”, usado por el frente 30 de las Farc para ocultar cuerpos, que “fueron depositados en bolsas o costales y amarrados en el estero”, según testimonios de la comunidad.
¿Habrá protección para el estero?
El 13 de abril, justo el mismo día que se firmó el Pacto por la Búsqueda de Desaparecidos en Buenaventura, la JEP les informó a las organizaciones que oficialmente estudiará la solicitud de medidas cautelares para proteger el estero.
Según la magistratura, hay varios riesgos. Uno de ellos es que la maquinaria pesada podría destruir los restos óseos y el otro es el paso del tiempo, ya que el agua salada del mar descompone los cuerpos y daña el material genético con mayor rapidez.
A pesar de que la solicitud está sobre el estero San Antonio, la JEP le confirmó a este medio que no descarta la posibilidad de que amplíen la protección a otros lugares como el estero de El Aguacate o TCBuen. Otra de las decisiones de esta entidad es convocar próximamente a una audiencia con todas las organizaciones en el distrito y que entidades como la Defensoría, la Fiscalía y Medicina Legal entreguen toda la información relacionada con hechos de desaparición forzada en el estero.
El dragado también ha sido impulsado por la Gobernación del Valle bajo la bandera del desarrollo portuario de Buenaventura, porque ampliaría la capacidad de carga. Por eso, la decisión de decretar las medidas cautelares podría generar polémica por lo que representa este proyecto a nivel económico y por la existencia de una licencia ambiental que dio luz verde al dragado.
Sin embargo, según Adriel Ruiz, de Cormepaz, “es un mito decir que si no dejamos avanzar el desarrollo del dragado, la gente se va a empobrecer. Eso es falso, porque aquí el 80 % de la población es pobre teniendo un puerto hace muchos años. Eso quiere decir que el modelo de desarrollo que se ha implementado, altamente lesivo para todo, tampoco ha resuelto el tema de la pobreza”.
La vicepresidenta de la JEP, Alexandra Sandoval, explicó que este tribunal “tomó la decisión de no solamente priorizar a Buenaventura porque es un territorio simbólico, sino porque la situación actual nos muestra que las garantías de no repetición son una urgencia y un llamado que el Sistema Integral de Verdad debe hacer”.
El estudio que hará la JEP de las medidas cautelares será paralelo con el trabajo que tiene la UBPD sobre Buenaventura, a partir de la firma del Pacto por la Búsqueda. “No hay antecedentes de búsqueda de personas en agua, pero la tarea que tiene la Unidad es desarrollar esta metodología”, sostuvo Luz Marina Monzón.
Vea también: La unión de ciencias que ayudaría a encontrar los desaparecidos en ríos
Esta entidad está adelantando una consultoría sobre exploración subacuática. En otros países hay experiencia en búsqueda de patrimonios arqueológicos bajo el agua, lo que podría servir como punto de partida. Esta consultoría se desarrollará en tres fases para que al final se establezca cómo hacer las prospecciones en el estero. El tiempo de trabajo sería de siete meses, según la directora.
Luego de la firma del pacto y el anuncio de la JEP, integrantes de las organizaciones rompieron en llanto y se abrazaron. La presencia de las tres instituciones representa una esperanza para las familias. “Si yo me muero ahorita, así sea que no encuentren a mis familiares, encontrarán a las otras víctimas de Entretejiendo Voces, de Madres por la Vida y de las otras organizaciones que están esperando a sus seres queridos”, afirmó una de las mujeres.
Hay una historia de silencio sobre el estero San Antonio, el ecosistema de manglar ubicado en el suroriente de Buenaventura (Valle del Cauca). Sus habitantes recuerdan que era un lugar para “vivir sabroso”: ir a pescar, nadar y pasar tiempo con la familia. En los barrios de las orillas se hacían trueques de comida y las casas se levantaron sobre palafitos, porque así era la conexión del pueblo negro con su territorio.
Ahora es un espacio de muerte, fosas y terror. “Muchos de nuestros muchachos los vimos embarcarse por el estero y nunca más volver”, aseguran. Los niños y niñas ya no van a nadar por miedo a encontrarse con cuerpos desmembrados, y los adultos se protegen a través del silencio. Este sitio fue usado por los grupos armados, como el bloque Calima, el frente Pacífico, La Empresa y los Urabeños, como cementerio clandestino de sus víctimas desde mediados del año 2000.
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Las organizaciones sociales de Buenaventura estiman que hay más de mil cuerpos de personas desaparecidas en el fondo del estero. Fueron víctimas de las “casas de pique” que instalaron los grupos en varias comunas, como la 3, 4, 7 y 8, o eran amarrados de sus prendas de vestir a los manglares de la Isla Pájaro, hoy conocida por sus habitantes como la Isla Calavera.
El pasado lunes 12 de abril, cinco balsas recorrieron el estero para realizar un acto simbólico por las víctimas de desaparición forzada. La principal iba decorada con los rostros de quienes siguen desaparecidos y de allí salía música de tamboras y cununos. En las otras embarcaciones iban integrantes de las organizaciones, familiares de desaparecidos y tres representantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); Alexandra Sandoval, vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y Leyner Palacios, comisionado de la Comisión de la Verdad.
En la mitad del recorrido, en el que varias lideresas iban narrando sus historias de desaparición y dolor, las cinco balsas se detuvieron en la Isla Calavera. Sus ocupantes le pidieron perdón a la madre tierra por la violencia que ha sufrido. Lanzaron sal, aceite, leche, semillas, viche y desde todas las balsas arrojaron flores hacia el mar.
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Luego señalaron un pedazo destapado de esta isla donde se veían costales gigantes para contener el material que saldrá del proyecto de dragado en este estero. Con la obra, que es del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Consorcio San Antonio, se quiere aumentar 4,5 metros de profundidad a lo largo de 6,4 kilómetros del estero para facilitar la navegación de embarcaciones y mejorar el comercio en el distrito. El presupuesto de la obra es de $15.114’136.556.
Sin embargo, para las organizaciones y familias, el dragado pone en riesgo la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. “Nuestras voces no han sido escuchadas, necesitamos que se entienda que por la lógica del pueblo negro una persona muerta y desaparecida es un duelo colectivo”, sostuvo uno de los asistentes y que por seguridad no revelamos su nombre.
Los bonaverenses, además de ser víctimas del conflicto, dicen que también son víctimas del desarrollo. El dragado intervendría la tierra donde pueden estar los cuerpos sin identificar. Los podría succionar y destruir. Esa es la razón por la que las tres cabezas del sistema de justicia transicional estaban haciendo este recorrido. “Este es un territorio donde la violencia no sólo ha causado violaciones a los derechos humanos, sino que esas violaciones han sometido a las comunidades a unas condiciones de vida no consistentes con la dignidad humana. Y esto es algo intolerable”, dijo Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.
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Aunque actualmente la obra se encuentra detenida, según lo confirmó a este medio el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, no es por las peticiones de la población, sino por problemas contractuales que no especificó. “No creo que haya que escoger entre una cosa y otra (dragado o búsqueda de desaparecidos). Ahí está el desafío, en cómo Colombia aprenderá a buscar desaparecidos en un contexto como el de Buenaventura: de esteros, manglares, de flujo de marea cada seis horas”.
El Espectador intentó acceder a una entrevista con el director de Invías, Juan Esteban Gil, pero después de varios intentos la oficina de prensa respondió un cuestionario escrito en el que aseguraron que la decisión de la JEP de avocar conocimiento sobre la solicitud de medidas cautelares no los toma por sorpresa, “ya que desde el inicio del permiso de viabilidad ambiental para el dragado de mantenimiento, la autoridad ambiental EPA (Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura) condicionó el permiso de dragado a la realización de unas actividades previas de concertación con los familiares de las víctimas para descartar la presencia de cuerpos de personas desaparecidas”. Sin embargo, en otra respuesta del mismo cuestionario aseguraron que: “Nunca tuvimos conocimiento de la existencia de cuerpos de personas desaparecidas”.
También, dijeron que acatarán la decisión del Tribunal de Paz y que trabajarán “de manera coordinada con las diferentes entidades, de cara a cumplir las decisiones que toman las entidades judiciales del estado”. Sobre el dragado, explicaron que como bien es un proyecto que responde a las necesidades del Paro Cívico de Buenaventura en 2017, lo adelantaran sólo en el momento en que “se garanticen los derechos de las personas y que tengamos la autorización respectiva de las diferentes entidades”.
Los casos de desaparición forzada en el estero San Antonio, e incluso en otros lugares como el estero El Aguacate o en el Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), son un secreto a voces que no ha sido atendido por ninguna entidad para crear un plan de búsqueda o frenar el dragado. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 779 personas han sido desaparecidas de manera forzada en Buenaventura.
Por esta razón, diversas organizaciones de Buenaventura, entre ellas la Corporación Memoria y Paz (Cormepaz), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Proceso de Comunidades Negras, Madres por la Vida, Fundación Nydia Érika Bautista y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, le enviaron a la JEP tres solicitudes de medidas cautelares para que protegiera temporalmente el estero San Antonio para buscar a los desaparecidos.
En la información entregada a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, las organizaciones mapearon algunos de los puntos donde se han encontrado cuerpos. Señalan, entre otros lugares: la Isla Calavera, dos casas de pique usadas en 2004, otras que los paramilitares usaron entre 2002 a 2017 en nueve calles de las comunas 3 y 4, el embarcadero de “Juancho”, un sitio conocido porque arrojaban cuerpos, y “El Cocotero”, usado por el frente 30 de las Farc para ocultar cuerpos, que “fueron depositados en bolsas o costales y amarrados en el estero”, según testimonios de la comunidad.
¿Habrá protección para el estero?
El 13 de abril, justo el mismo día que se firmó el Pacto por la Búsqueda de Desaparecidos en Buenaventura, la JEP les informó a las organizaciones que oficialmente estudiará la solicitud de medidas cautelares para proteger el estero.
Según la magistratura, hay varios riesgos. Uno de ellos es que la maquinaria pesada podría destruir los restos óseos y el otro es el paso del tiempo, ya que el agua salada del mar descompone los cuerpos y daña el material genético con mayor rapidez.
A pesar de que la solicitud está sobre el estero San Antonio, la JEP le confirmó a este medio que no descarta la posibilidad de que amplíen la protección a otros lugares como el estero de El Aguacate o TCBuen. Otra de las decisiones de esta entidad es convocar próximamente a una audiencia con todas las organizaciones en el distrito y que entidades como la Defensoría, la Fiscalía y Medicina Legal entreguen toda la información relacionada con hechos de desaparición forzada en el estero.
El dragado también ha sido impulsado por la Gobernación del Valle bajo la bandera del desarrollo portuario de Buenaventura, porque ampliaría la capacidad de carga. Por eso, la decisión de decretar las medidas cautelares podría generar polémica por lo que representa este proyecto a nivel económico y por la existencia de una licencia ambiental que dio luz verde al dragado.
Sin embargo, según Adriel Ruiz, de Cormepaz, “es un mito decir que si no dejamos avanzar el desarrollo del dragado, la gente se va a empobrecer. Eso es falso, porque aquí el 80 % de la población es pobre teniendo un puerto hace muchos años. Eso quiere decir que el modelo de desarrollo que se ha implementado, altamente lesivo para todo, tampoco ha resuelto el tema de la pobreza”.
La vicepresidenta de la JEP, Alexandra Sandoval, explicó que este tribunal “tomó la decisión de no solamente priorizar a Buenaventura porque es un territorio simbólico, sino porque la situación actual nos muestra que las garantías de no repetición son una urgencia y un llamado que el Sistema Integral de Verdad debe hacer”.
El estudio que hará la JEP de las medidas cautelares será paralelo con el trabajo que tiene la UBPD sobre Buenaventura, a partir de la firma del Pacto por la Búsqueda. “No hay antecedentes de búsqueda de personas en agua, pero la tarea que tiene la Unidad es desarrollar esta metodología”, sostuvo Luz Marina Monzón.
Vea también: La unión de ciencias que ayudaría a encontrar los desaparecidos en ríos
Esta entidad está adelantando una consultoría sobre exploración subacuática. En otros países hay experiencia en búsqueda de patrimonios arqueológicos bajo el agua, lo que podría servir como punto de partida. Esta consultoría se desarrollará en tres fases para que al final se establezca cómo hacer las prospecciones en el estero. El tiempo de trabajo sería de siete meses, según la directora.
Luego de la firma del pacto y el anuncio de la JEP, integrantes de las organizaciones rompieron en llanto y se abrazaron. La presencia de las tres instituciones representa una esperanza para las familias. “Si yo me muero ahorita, así sea que no encuentren a mis familiares, encontrarán a las otras víctimas de Entretejiendo Voces, de Madres por la Vida y de las otras organizaciones que están esperando a sus seres queridos”, afirmó una de las mujeres.