En Buenaventura exigen protección del estero San Antonio donde habría desaparecidos

Pese a las limitaciones de la pandemia, los familiares recorrieron el estero como acto de conquista simbólica sobre los territorios donde consideran se pueden encontrar los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Para ellos, la memoria de sus seres queridos sigue latente y nada les callara, ni siquiera una pandemia o un tapabocas.

Foto: Ever Andrés Mercado

Eran las 9:00 a.m. y el entorno estaba ajetreado: la gente caminaba hacia las ‘platoneras’, como se llama a las vendedoras de pescado, por la llegada de las lanchas que arribaban con peces frescos; sonaban los cuchillos con los que se raspan las escamas de los peces; se veía la manada de aves que se pelean por los trozos de carne que se lanzan al mar, y al fondo los murmullos de las negociaciones entre los pescadores y las platoneras, entre platoneras y clientes. El ambiente está movido, lo usual a esa hora en el Puente del Piñal, el punto que une la isla de Cascajal con la zona continental de Buenaventura.

Quienes visitan este punto van a comprar su pescado del día. Pero el pasado 27 de noviembre, María* y 19 personas más no llegaron a eso. Estaban esperando un par de lanchas que los llevaría al estero San Antonio, donde ella y cientos de familias víctimas del conflicto armado en la ciudad aseguran que están los cuerpos de sus familiares desaparecidos.

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Fueron convocadas por la Comisión Interécnica de la Verdad del Pacífico, la Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo social, la Minga por la Memoria y otras siete organizaciones de base comunitaria para pedirle al Estado que no sólo se acuerde de estos casos, sino que también proteja los más de 6 kilómetros que componen el estero. Hicieron un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que otorgue medidas cautelares sobre este sitio, donde se adelanta un plan de dragado que podría poner en riesgo la posibilidad de encontrarlos.

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En el marco del conflicto armando, sitios como el estero fueron receptores de cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Los familiares denuncian que desde el año 2000 empezaron a ver que, en esa zona de baja mar, los grupos armados ilegales arrojaban cuerpos a las orillas o dentro del manglar, entre las ramas, las raíces y el mar. estos lugares son conocidos como ‘acuafosas’.

A pesar de ese contexto, comenzó a diseñarse un proyecto de dragado en la zona. La obra fue acordada con Invías en octubre de 2019 y consiste en la remoción del suelo marino, exactamente 624.000 metros cúbicos. El objetivo es aumentar su profundidad a 4.5 metros, para que puedan circular barcos de cabotaje, que transportan mercancías de puerto a puerto. Para eso se utiliza una draga que succiona la arena, sedimentos y materiales que se encuentren a su paso. Todo lo que se recoja, según la alcaldía, se transportará en tuberías hasta la isla “Pájaros”, conocida también cono “isla Calavera”, ubicada frente a la zona de baja mar del barrio Lleras.

Sin embargo, aunque la obra empezó en julio de este año, actualmente se encuentra suspendida por incumplimiento en los tiempos de realización. Se estima que arrancará de nuevo en el primer trimestre de 2021. Los familiares de personas dadas por desaparecidas aprovecharon esta interrupción para reclamar por sus derechos, pues temen que al reiniciarse las labores de remoción, se lleven los cuerpos de quienes podrían estar ahí.

Cruces para recordarlos

María, una mujer afro de 55 años, confiesa que fue una de las primeras en llegar: “Estoy desde la siete. Aunque hayan dicho que el recorrido comenzaba a las 9, llegué antes para que no me dejaran”. Sabía que el camino sería largo, por eso vino lo más cómoda posible: con una camiseta blanca, un jean azul oscuro y tenis. Llegó en representación de Madres por la Vida, un grupo de mujeres familiares de personas que fueron víctimas de homicidio, desaparición y desplazamiento de las comunidades de San Francisco, Juan XXIII, Matia Mulumba y de la vereda La Gloria. Ella es víctima de desplazamiento “y no solo eso, soy familiar de personas que han puesto su sangre en esta guerra sin sentido”, asegura, aunque sin querer dar muchos detalles.

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El caso de María es similar al de Luzdary Santiesteban, representante de la Asociación Madres por la Vida, hermana de Pedro Manuel Santiesteban, quien fue desaparecido el 23 de marzo de 2000 en el barrio Juan XXIII, cuando apenas tenía 14 años. Lo último que se supo de él es que ese jueves salió a comprar pescado.

Como la marea estaba baja, las lanchas se demoraron dos horas más en llegar. Mientras tanto, Diego Fernando Portocarrero, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), bailaba y agitaba la bandera negra, verde, amarilla y roja de la guardia cimarrona al son de un currulao que un grupo de música tradicional interpretaba.

Al acabar, explicó por qué el recorrido se realizará precisamente en esa zona: “Nosotros vivimos en el territorio desde hace mucho y hemos visto cómo se nos han llevado a nuestros muchachos en la noche hacia el estero y nunca han regresado. Esa es la certeza que todos tenemos para venir hasta acá, porque hemos visto cuerpos y nos han prohibido cogerlos”, dijo Portocarrero, quien también pertenece al consejo comunitario del Bajo Calima (corregimiento de la zona rural de Buenaventura).

Los grupos armados que les impedían recoger o buscar los cuerpos de las personas desaparecidas eran el frente 30 de la entonces Farc-EP, que desde la década de los noventa tuvo una fuerte presencia en el Pacífico colombiano, y el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que arribó en el 2000. Uno de los métodos que más usaban para impartir temor dentro de las poblaciones de baja mar era la desaparición y asesinato de personas (aquí se vinculan las conocidas ‘casas de pique’). Todo por la disputa del control del territorio y de las vías fluviales, idóneas para el tráfico de armas y drogas. Ambos grupos armados exigían vacunas para la circulación de los cargamentos.

A las once de la mañana llegaron las lanchas. Con los ánimos reposados, los integrantes de esta caravana fluvial zarparon hacia el estero. Cuando llegaron, realizaron un acto simbólico: Instalaron cruces blancas de madera a la orilla del manglar, donde creen que han enterrado o dejado cuerpos. Un acto bastante significativo, recorrían el estero con calma, con los sonidos de los cununos, el tambor y el guasá que acompañaban las armonías de las voces que interpretaban alabados, rituales mortuorios propios de la cultura afro del pacífico.

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Adriel Ruiz Galvan, teólogo y coordinador de la Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo social (FUNDESCODES), minutos antes de salir en las lanchas explicó un punto crucial para las víctimas: “Este recorrido es una forma de reconocimiento del territorio y las víctimas que posiblemente hayan sido inhumadas aquí. Nosotros no sabemos exactamente en qué lugares están los cuerpos, pero sí sabemos que en esa zona se cometieron muchos hechos de violencia y bajo ese contexto le decimos no al dragado de ese estero”.

Se navegaba lento, con el motor al mínimo y cada vez que algún familiar identificaba un lugar, la lancha se acercaba y Brayan, un joven de 21 años que se ofreció a instalar las cruces, las enterraba. Hubo momentos en los que poner las cruces era un acto musical ruidoso y reivindicativo, pero hubo otros que llamaron al silencio. Eran historias que todos conocían, pero que nadie se atrevió a pronunciar.

El recorrido duró casi dos horas y se realizó por casi todas las zonas de baja mar de los barrios Muro Yusti, Puente Nayero, la Playita, Alberto Lleras Camargo, Palo seco, Cocal, Kenedy, San Luis, San Francisco, Juan XXIII, Pampa linda, Olímpico, El Cristal, Colón y Antonio Nariño. Tras dejar las más de 20 cruces, llegaron por mar al Bulevar de Buenaventura, ubicado en la zona céntrica de la ciudad, para finalizar con un plantón artístico frente a las instalaciones del Centro Administrativo Distrital (CAD). Allí le pidieron a la administración local que se detenga el plan de dragado en esta zona.

Aparte de estos actos, el pasado 18 de octubre, los familiares de las víctimas hicieron una petición ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), firmada por 22 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, en la que solicitan que se otorguen medidas cautelares al estero San Antonio por la posible disposición de cuerpos.

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Exigieron que, antes de ejecutar este megaproyecto, se realice una búsqueda, pues de lo contrario “se destruye cualquier posibilidad de hallazgo y cese de incertidumbre”, advirtieron en un comunicado público, emitido en septiembre, en el que también enfatizaron que cualquier acción externa sobre la zona puede deteriorar o perder cualquier tipo de evidencia.

La búsqueda en este sitio, reconocieron los familiares y las organizaciones, es compleja por la presencia de los animales acuáticos, el movimiento del lodo por los cambios de marea y el uso de barcos, chalupas y lanchas por la zona durante más de 20 años. Y si a esto se le suma una intervención directa sobre la vía fluvial, las posibilidades de encontrar resultados son aún más reducidas.

Harold Santizabal, director de planeación del distrito, aseguró que ya se han realizado reuniones con la Unidad de Víctimas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Infraestructura Vial y con el gremio de cabotaje: “Justamente han tenido ese tema en la mesa y están analizando si efectivamente hay que hacer o no estudios sobre las posibilidades de que estén los cuerpos de desaparecidos, que aún sigue siendo incierto”. Sin embargo, aún no han dado respuesta a la comunidad.

Por su parte, Javier Torres, representante de la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico (Atrasmaflupa) y coordinador de la mesa de veeduría del proyecto de dragado, señaló que un trabajo de ese tipo es un reto “bastante difícil, porque el estero san Antonio tiene más de 6 kilómetros de longitud y en algunas partes tiene más de 500 mts de ancho. Y sí, hay una posibilidad de que existan los cuerpos, pero nadie tiene la certeza de dónde están, no hay siquiera el testimonio de alguien que diga dónde se encuentran”.

Frente a esto último, es necesario hacer una aclaración. En la ciudad existe un alto subregistro de personas dadas por desaparecidas. Según cifras del Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres de Buenaventura, se estima que, entre 1990 y 2013, han sido reportados de manera oficial 475 víctimas de desaparición, sin embargo, organizaciones sociales y de base comunitaria que han acompañado este proceso en la ciudad estiman que los casos son ascienden a 1.200. La disparidad en las cifras se debe a que las comunidades y familiares no han acudido a entidades como la Fiscalía por miedo a recibir represalias.

Torres, además, aseguró que, incluso, el dragado puede funcionar para buscar a estas personas: “Lo que puede determinar si hay algo o no en el fondo del estero es ese mismo dragado (…) las bombas de ese dragado no son de demolición. Así que creo ese sería una buena oportunidad para saber si ahí hay víctimas. No hay otra manera”.

Mientras la JEP analiza la petición de medidas cautelares sobre este territorio afro, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ya está en conversaciones con las víctimas para que reporten sus casos y con eso crear un mapa donde se logren ubicar de manera geográfica las posibles ubicaciones donde se podría iniciar una búsqueda.

Aunque esto es un gran paso, los familiares insistieron en que ahora es crucial que la JEP proteja este lugar. Mientras eso sucede, seguirán luchando por exigir la verdad sobre el paradero de sus familiares. “Mire, nosotros vemos con gran preocupación el dragado pero no estamos en contra de eso, lo que decimos es que no pueden pasar sobre nuestros derechos de saber la verdad, para estar todos más tranquilos”, agregó Luzdary, quien también pidió que se declare esta zona como un lugar de memoria, que le recuerde a la gente la violencia que ha vivido el distrito en casi tres décadas y las víctimas de estos hechos .