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“Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”, fueron las palabras con que el presidente Iván Duque empezó su discurso del pasado domingo, en el que anunció las seis objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la reforma constitucional que presentará. Sin embargo, en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde se encuentran miles de excombatientes de las Farc que dejaron las armas, la decisión del primer mandatario no ha generado unidad sino la sensación de que se está traicionando el Acuerdo que firmó el Estado con la exguerrilla en 2016.
Abelardo Caicedo, conocido como Solís Almeida, quien hace parte de la dirección del ETCR ubicado en Manaure (César), expresó su preocupación: “En momentos en que estamos haciendo las presentaciones ante la JEP, aparece este golpe duro para el Acuerdo”. Almeida tendrá que rendir su versión voluntaria en esta jurisdicción el 8 de abril, por el caso 001, relacionado con las retenciones ilegales que perpetró la exguerrilla. “La gente está pensando que lo que va a haber es una cacería de brujas en medio de la cual a muchos de nosotros nos van a llevar a la cárcel o a matarnos”, complementó.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, celebró las objeciones del presidente y en una entrevista con RCN Radio dijo que “no hay incertidumbre sobre la paz ni sobre la JEP”. Pero otra percepción tiene Valentina Beltrán, de la dirección del ETCR ubicado en Icononzo (Tolima), quien aseguró que “en los territorios se generó una enorme incertidumbre porque pretenden eliminar puntos fundamentales para lograr el perdón y la reconciliación”. El domingo fue asesinado un excombatiente en Planadas, lo que termina de enrarecer el ambiente para quienes están allí.
Los excombatientes no ahorran críticas para el presidente. “Uno ve que la condición de Duque no es más que repetir lo que está diciendo un senador”, aseguró Jean Carlo Moreno, coordinador de asuntos económicos del ETCR de Caldono (Cauca), refiriéndose a Álvaro Uribe. Hablamos con cuatro integrantes de las Farc, quienes coincidieron en que las objeciones y la reforma constitucional son hechas a la medida del Centro Democrático. “Es la confirmación de que no hay voluntad política por parte del Gobierno y de que están buscando debilitar el proceso que se ha desarrollado con mucho empeño. Nosotros hemos cumplido cada letra”, enfatizó Beltrán.
Los excombatientes creen que Duque busca debilitar el Sistema Integral de Justicia creado en el Acuerdo. “El ataque no es contra las Farc, sino para mantener la impunidad sobre algunos personajes”, opinó Moreno. Habló de la posibilidad de que agentes del Estado terminen en la mira de la Corte Penal Internacional: “Lo que se busca es hundir a la Fuerza Pública por unos intereses políticos”. Por eso, Moreno le envió un mensaje al uribismo: “En lo político podemos dar los debates que sea, pero en lo jurídico debemos estar acogidos al marco constitucional acordado”.
Piensan que la decisión puede ser contraproducente para el uribismo, pues “lo que le está quedando claro al país y al mundo es que si hay alguien ha propiciado la prolongación del conflicto no han sido las Farc, sino la arrogancia de las élites políticas como el Centro Democrático”, afirmó Federico Montes, de la junta directiva del ETCR de Agua Bonita en Montañita (Caquetá).
Beltrán, Montes y Moreno señalaron que seguirán cumpliendo el Acuerdo. “Estamos comprometidos con el país, no con el Gobierno. Ese compromiso es irreversible, es un compromiso ético y moral que hemos asumido, sobre todo con la justicia transicional”, precisó Moreno. Solís Almeida, por su parte, estaba esperando el pronunciamiento del partido, pero al preguntarle su posición frente a las declaraciones de Rodrigo Londoño, según las cuales si hacían trizas el Acuerdo había que reconstruirlo, dijo: “Eso es lo que él piensa. Yo no pienso así”.
La esperanza
Varios países europeos han donado para el proceso de reincorporación y el fortalecimiento de la JEP. El 23 de enero, 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldaron el trabajo de dicha jurisdicción.
“Estamos a la expectativa del papel que va a jugar el Consejo de Seguridad de la ONU, qué actitud va a tener la comunidad internacional frente a la reiterativa actitud del Gobierno y del Centro Democrático de obstaculizar la construcción de paz”, aseguró Montes.
El lunes, la Misión de Verificación de la ONU emitió un comunicado en el que llamaba la atención sobre la importancia que tiene el funcionamiento de la JEP, “como fue pactado en el Acuerdo Final de paz”, para los derechos de las víctimas. De otro lado, el embajador de Alemania en Colombia trinó: “La JEP tiene base constitucional. Es decir, el funcionamiento de JEP está garantizado, así lo aseguró el presidente hoy ante la comunidad internacional. Sobre ese fundamento (Alemania) continúa su apoyo al proceso de paz”.
Otro hecho que ha tenido impacto entre los excombatientes es la convocatoria a movilizaciones en rechazo a la decisión de Duque. Hoy ,y el próximo 18 de marzo, en varias ciudades se adelantarán manifestaciones. “La movilización es la defensa de los derechos que se han ganado. Implica reconocer que existe un conflicto social y que se debe eliminar la violencia en la resolución del conflicto”, concluyó Beltrán.