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El pasado 15 de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió sus puertas. Desde entonces ha recibido información de las entidades estatales, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos para que sean analizadas y contrastadas por los magistrados de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, la puerta de entrada al Tribunal de Paz.
Hasta el momento le han sido entregados 86 informes: tres de ellos son los primeros tres entregados por la Fiscalía General de la Nación, entre los que se incluye el inventario de casos relacionados con el conflicto armado; los secuestros cometidos por las Farc, y el exterminio de la Unión Patriótica. De las organizaciones de la sociedad civil ha recibido dos, y 80 del Centro Nacional de Memoria Histórica. Por otra parte, se recibió otro de la Secretaría Ejecutiva de la JEP que incluye a las personas que manifestaron su interés de comparecer ante ese sistema de justicia especial.
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De momento, la mayor cantidad de información con la que cuenta la JEP tiene que ver con el exterminio de la Unión Patriótica, no solo porque la Fiscalía la incluyó dentro de sus primeros informes, sino porque la organización Reiniciar también le presentó un análisis detallado sobre este caso. Eso significa que sobre este caso, en el que murieron cerca de 5.000 miembros, es posible que se tengan los primeros resultados.
¿Qué hace falta para llamar a los máximos responsables de los crímenes más graves del conflicto? La JEP, primero, tiene la misión de analizar la información recibida y de aplicarle criterios de priorización en los que, según su propuesta, tenga en cuenta aspectos el grado de vulnerabilidad de las víctimas y el impacto diferenciado en los pueblos étnicos en su territorio. Esos datos les permitirán a los magistrados llamar a los presuntos responsables, quienes podrán o no reconocer las conductas que se le endilgan.
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Cabe recordar, además, que exsecuestrados de las Farc como Consuelo González de Perdomo y Jorge Eduardo Géchem preparan un informe sobre su cautiverio.
“La priorización tienen que ver con la disponibilidad de la información. El hecho que tengamos informes o no es definitivo. Puede que haya hechos que tuvieron mucho impacto pero si no nos ha llegado nada, es muy difícil priorizar. Lo que decimos es que no podemos priorizar sobre temas en los cuales no nos han llegado informes”, indica la magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP.
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Está previsto que la Fiscalía entregue, en total, 17 informes judiciales a la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, entidades como la Procuraduría y la Contraloría también alistan la información que le servirá de insumo a la JEP para llamar a audiencia de reconocimiento a los postulados, quienes pueden ser exmiembros de la guerrilla de las Farc; integrantes de la fuerza púbica; civiles agentes del estado que no pertenecen a la fuerza pública.
¿Qué tipo de sanciones se pueden imponer?
Si el postulado no reconoce su responsabilidad, debe enfrentar un proceso adversarial que puede terminar con su absolución o su condena (de hasta 20 años de cárcel en condiciones ordinarias); si el reconocimiento de responsabilidad es tardío, la pena sería de 5 a ocho años en condiciones ordinarias, y si la reconoce desde el principio del proceso las sanciones tendrán un contenido restaurativo y reparador en condiciones especiales.
En contexto
La Unión Patriótica nació en el escenario político de 1985 como resultado de los acuerdos de La Uribe (Meta) entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las Farc. En las elecciones al Congreso de 1986 lograron elegir a 14 parlamentarios entre senadores y representantes y obtuvieron alcaldías en diferentes partes del país, en especial en Meta, nordeste antioqueño y Urabá.