Por buscar a su hijo, Luis Fernando, a doña Fabiola le mintieron, la insultaron, la difamaron, la metieron en la cárcel montándole un proceso judicial, incluso fue detenida junto a su hija Adriana, aunque Fabiola fue liberada doce días después. Todo eso lo hicieron funcionarios del Estado colombiano a lo largo de los 29 años que duró su búsqueda.
Fue tal la persistencia de doña Fabiola, que llamó a su causa la Operación Sirirí, en honor a un pequeño pajarito que los ornitólogos describen como territorial y agresivo, incluso frente a especies mucho más grandes, a quienes persigue sin cesar para evitar que les roben sus huevos o crías.
Y el símil sí que se ajustaba a lo que hizo ella. Desde el mismo instante en que su hijo desapareció, visitó las oficinas de generales del Ejército, habló con funcionarios de la Procuraduría, de organismos de seguridad del Estado, habló con jueces y fiscales. Le mintieron, la insultaron, la maltrataron. Nunca se venció. Al contrario, de cada visita guardó las evidencias de la ignominia: recaudó papeles, expedientes, sellos, cartas, legajos y legajos que almacenó en su casa y que después de más de dos décadas le entregó como su gran legado al Centro Nacional de Memoria Histórica.
Sus clamores llegaron hasta el médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez, quien asumió su caso y lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este fue el primer caso de desaparición forzada sobre el cual se pronunciaría ese organismo en 1987, un mes antes de que Abad Gómez cayera asesinado por los paramilitares siendo presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia (CPDH). En septiembre de 1988, la Comisión confirmó la condena del Estado, por la ejecución extrajudicial de Luis Fernando.
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Esta osadía también le significaría un castigo a doña Fabiola. El 23 de octubre de 1988, mientras estaba en misa, una patrulla de la Policía Militar del Batallón Bomboná allanó su casa, en un operativo para el que desplegaron tropas por varias cuadras y al que llamaron Operación Centella. Cuando ella llegó a su casa, encontró a un capitán sentado en su cama revolcando su archivo y a otros militares revisando los libros de sociología y los archivos de prensa de su hijo Luis Fernando. La llevaron al Batallón Bomboná, en Medellín, la detuvieron por haber encontrado un paquete con cocaína en el cuarto de su hijo desaparecido. Doña Fabiola fue presentada en los noticieros como “terrorista, subversiva y la jefa” narcoguerrillera de Antioquia, junto a unas supuestas evidencias: droga, banderas y granadas.
La desaparición
Cuando desapareció, Luis Fernando Lalinde Lalinde era estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Medellín, tenía 26 años. En el momento de su detención era miembro del Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista (PCC-ML) y era comisario político del EPL, grupo guerrillero con el cual el gobierno de Betancur había entablado una negociación de paz y había firmado un cese al fuego, en agosto de ese mismo año.
En una clara violación a ese acuerdo, el Ejército lanzó el 15 de septiembre una operación militar que llamaron “de aniquilamiento del Epl”. Luis Fernando salió de su casa el 2 de octubre para cumplir el encargo de su partido de auxiliar a los heridos en combate. Fue a la vereda Verdún de Jardín, Antioquia, donde era un líder conocido porque había prestado en esta zona su servicio social.
En la madrugada del miércoles 3 de octubre un civil que acompañaba al Ejército señaló a Luis Fernando como integrante del Eln. Integrantes de la Contraguerrilla “Cóndor”, del Batallón de Infantería No. 22 del Ejército Nacional lo capturaron y lo torturaron, primero en una pesebrera y luego en un árbol cerca de la escuela veredal, delante de los habitantes, como una forma de amedrentarlos y crear terror. En la noche lo subieron a un camión militar y nunca más se supo de él.
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Para encubrir el delito, los militares le dijeron a doña Fabiola que en ese operativo había muerto en combate un hombre identificado con el alias de “Jacinto”. Según el relato consignado en Huellas y Rostros (CNMH, 2013), el 9 de noviembre, doña Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando, se entrevistó con el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, general Nelson Mejía Henao, quien negó que el Ejército tuviera en su poder a Luis Fernando y que “si murió en combate […] entonces quedó enterrado en el monte”.
Las autoridades siempre le negaron a la familia Lalinde la información sobre el lugar donde había sido sepultado el supuesto Jacinto. Ella y su otro hijo Jorge recorrieron los lugares en los que estuvo Luis Fernando hasta lograr la ubicación de una fosa común, en la que lograron recuperar su cuerpo en mayo 1992. Las investigaciones contra los responsables fueron archivadas por las autoridades, pese a las evidencias de haber participado en la detención arbitraria, tortura, asesinato y desaparición de Luis Fernando. Argumentaron ausencia total de pruebas.
Gracias a la persistencia y valentía de doña Fabiola, el 18 de noviembre de 1996, en la sede de la VIII Brigada, en Armenia, le entregaron 69 huesos de Luis Fernando en una caja de cartón. Pero ahí no paró su lucha. Tendría que seguir enfrentándose al Estado durante cuatro años para recuperar la dignidad y el nombre de su hijo que habían sido sepultados bajo el supuesto alias Jacinto. El 10 de abril de 2000 logró que una notaría de Riosucio expidiera un acta de defunción con el nombre de Luis Fernando Lalinde Lalinde. Su causa había triunfado.
Federico Andreu, abogado de la Comisión Internacional de Juristas y quien acompañó a Fabiola en su lucha dijo que este caso fue emblemático para Colombia: “Nunca en un caso se había visto tanta negligencia y tanto desprecio por las víctimas (…) Fue el primer caso de la Comisión Interamericana en el que se condenó al Estado colombiano por desaparición forzada. Eso para los familiares fue muy importante en un Estado que negaba que había desaparición forzada”.
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La reparación
Aunque pudo sepultar a su hijo, la lucha legal prosiguió hasta que finalmente el 27 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado emitió una sentencia definitiva en al que concluyó que Luis Fernando Lalinde Lalinde había sido “retenido, torturado, denigrado en su integridad física, síquica y emocional de manera por entero arbitraria, desproporcionada, abusiva e incompatible con el respeto por la dignidad humana; se le dio muerte y fue enterrado en lugar desconocido” por miembros del Ejército Nacional y que “las entidades estatales que conocieron del caso omitieron adelantar acciones para buscar al desaparecido y entregar el cadáver de la víctima a sus familiares, así como se abstuvieron de tomar las cautelas indispensables para obtener la verdad de los hechos y sancionar a los responsables”.
En esa sentencia histórica, el Consejo de Estado dice que se comprobó “que personal perteneciente al Ejército Nacional, en lugar de facilitar el hallazgo de los restos, obstaculizó la búsqueda emprendida por sus familiares e hizo caso omiso de las múltiples solicitudes dirigidas al gobierno nacional por la familia Lalinde” y que “las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los años 1987 y 1988, no fueron cumplidas por el Estado colombiano, por el contrario, la familia Lalinde tuvo que enfrentar actos de represalia”.
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Como medidas de reparación, el fallo incluía el pago de una indemnización y atención en salud para Fabiola, quien en ese momento tenía 81 años, la elaboración de un documental para reivindicar el buen nombre de su hijo y la construcción de un monumento conmemorativo en el lugar donde fueron hallados los restos de Luis Fernando en área rural de Riosucio, Caldas, pero ella prefirió cambiar esta medida por la construcción de unas aulas dotadas con libros para agradecer a la comunidad de El Verdún, en Jardín, Antioquia por ayudarla en la búsqueda de su hijo. Aunque el Estado colombiano fue condenado por la tortura, desaparición y muerte de Luis Fernando Lalinde, el crimen sigue impune porque directos responsables nunca fueron juzgados.
Doña Fabiola, a sus 90 años, dejó un legado invaluable por la lucha por los desaparecidos en Colombia. Inspiró a las familias buscadoras, las acompañó, les enseñó y las arropó. Su archivo y sus memorias también están en la Universidad Nacional en Antioquia.