Falsos positivos en Casanare: víctimas piden a JEP investigar a exmiembros del DAS
Luego de una semana en la que las audiencias de reconocimiento de ejecuciones extrajudiciales en Casanare fueron el tema central en la JEP, prevalecen familias de estas víctimas con un sabor agridulce al querer más relatos, más garantías de no repetición, y más mandos medios y terceros civiles que puedan narrar lo que les hicieron a sus seres queridos.
“Sigue mucha información sin haber sido suministrada a las familias. Partamos de la magnitud de ese escenario tan cruel como lo fueron las ejecuciones extrajudiciales”. Este es parte del relato del abogado Fernando Rodríguez Kekhan, quien representa a víctimas de ‘falsos positivos’ en Casanare desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Sus palabras, durante una de las recientes audiencias de reconocimiento de militares imputados por estos crímenes, responden al clamor de centenares de familias que a pesar de contar con los relatos y arrepentimiento de quienes asesinaros a sus seres queridos, buscan más verdades y más responsables de lo que les sucedió a los suyos durante el conflicto armado.
De hecho, previo a estas diligencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que son parte del subcaso Casanare del macrocaso 03 (‘falsos positivos’), el abogado Rodríguez le dijo a este medio que prevalecía la zozobra entre sus apoderados pues sentían que diferentes agentes del Estado y terceros civiles que conocen detalles de lo que sucedió bajo las órdenes militares de condenados altos mandos del Ejército como el general (r) Henry Torres Escalante o Gustavo Soto Bracamonte, no estaban siendo llamados por la justicia transicional para responder y narrar al detalle hechos y conductas que llevaron a la Brigada XVI del Ejército a ser una máquina de la muerte.
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“No creemos que la parte de inteligencia del DAS para esos crímenes la haya ideado solo el director regional de esa organización… a él lo ayudaron evidentemente porque sólo no podría cumplir con todo eso. ¿O acaso el jefe de inteligencia no era la mano derecha de Torres Escalante para todo? ¿por qué eso no se menciona en la JEP? Creemos que por vía de recurso podremos llegar a otras personas que tuvieron roles importantes en la unidad de inteligencia y militar por parte del antiguo DAS para estas ejecuciones, si es que la postura de la Sala de Reconocimiento es indeclinable y en el remoto caso que no se siga indagando sobre más nombres”, comentó el jurista a Colombia+20.
Durante los días de audiencia dirigida por la JEP, asistentes a la diligencia -todos ellos familiares de personas asesinadas durante las ejecuciones extrajudiciales de la Brigada XVI- escucharon los pedidos de disculpas de militares que tuvieron a sus espaldas el involucramiento de al menos 303 ejecuciones extrajudiciales, como Torres Escalante, Soto Bracamonte, Miguel Andrés Sierra, César Cómbita Estrada, Wilfrido Domínguez Márquez y otra veintena de ex uniformados más. Sin embargo, también tuvieron dudas acerca de quienes más materializaron esos crímenes.
“En la JEP llegaron a conclusiones sin tener en cuenta la responsabilidad de otros integrantes de la Brigada XVI en el engranaje -no en la materialización- de ese aparato organizado criminal”, dijo Rodríguez Kekhan.
Las inquietudes no se quedaron allí. Hubo más cabos por atar. Los familiares presentes en esas diligencias no quisieron dejar detalles por relatar y una de las personas más insistentes para eso fue Esteban Araque, hijo de Hugo Araque, asesinado por el Ejército en octubre de 2005.
El joven, confrontando a los militares responsables de la muerte de su padre, dijo que independientemente de haberles dado la cara a sus víctimas no se les puede quitar el calificativo de “caníbales”, como se autodenominaban intrafilas del Ejército, como nombre clave para realizar esos crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Les quedaba bien ese apodo porque perseguían para asesinar, perseguían “para comer” inocentes”, sentenció Araque.
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“Hay quienes siguen mintiendo. Que cuando les preguntan lo que pasó dicen que ya no estaban en Casanare o que no saben quién dio la orden. ¿Qué le hicieron a mi papá en el lapso en el que lo tuvieron retenido? A mi papá lo torturaron antes de fusilarlo”, agregó Esteban Araque.
Dudas que no son nuevas
El subcaso Casanare es junto con el subcaso Catatumbo uno de los episodios de ejecuciones extrajudiciales que más adelantos y hallazgos tiene dentro de las investigaciones de la JEP. Aun así, esto no ha sido garantía para que plenas que quieren las familias para tramitar sus duelos.
En mayo de 2023, la justicia transicional imputó a 30 militares responsables de ‘falsos positivos’, incluyendo al soldado retirado Alexánder González Almario, vinculado con al menos 30 ejecuciones extrajudiciales cuando se desempeñaba como militar en Hato Corozal, en 2007.
Gustavo Soto Bracamonte era la cabeza del pelotón que integraba González Almario y en conjunto persiguieron personas inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. El soldado (r) González fue de los pocos militares con mediano o bajo rango en ser investigado de una forma tan exhaustiva por la JEP. Colectivos de defensa de derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos o la Corporación Jurídica Yira Castro, también al frente de casos de víctimas de ‘falsos positivos’, han buscado por mucho tiempo más nombres de responsables más allá de generales y mayores. Más personajes como González Almario que les han sido esquivos a familiares y a la justicia misma.
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Desde el auto de imputación para González Almario y los demás militares de alto y mediano rango, las dudas de víctimas de ‘falsos positivos’ se han hecho mayores. En las diligencias de esta semana dijeron abiertamente a los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz que necesitan a más personas para contar la totalidad de los hechos que los afectaron.
“Esta es la última oportunidad que ustedes tienen (hablándole a los militares imputados). Estamos esperando una verdad exhaustiva y útil, no una a medias“, dijo, Carolina Castro, esposa de William Salamanca, asesinado por el Ejército en Maní, Casanare.
Para Castro, que se ha tomado la vocería de decenas de familias en Maní, Aguazul, Yopal y Tauramena quiere que las verdades y demás hechos de reparación no solo se queden en palabras sino en acciones que acompañe la misma JEP.
Para ella, que asegura que por mucho tiempo “se nos han burlado y han hecho sentir en una película de terror”, falta una tarea indispensable: la celeridad en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas durante hechos de “falsos positivos” en Casanare.
“Por tantas mentiras no entiendo muchas cosas ¿Estas personas para eso se acogieron a una justicia restaurativa?”, reiteró. Agregando un llamado para la JEP: “Es urgente tomar medidas sobre el cementerio en Maní. Hay un número alto de personas no identificadas dentro de este caso. Sus cuerpos corren riesgo. Se los suplicamos”.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene en sus registros que el conflicto armado dejó en Casanare al menos 1.973 personas desaparecidas. En los datos públicos oficiales hay reportes de hombres y mujeres a quienes se les perdió el rastro por el accionar de grupos paramilitares o guerrilleros. Pero es incierto el paradero de algunos, quienes perdidos en subregistros, habrían sido desaparecidos durante campañas de ‘falsos positivos’.
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Muchas preguntas siguen quedando alrededor de las familias de Casanare que perdieron a los suyos cuando las ejecuciones extrajudiciales fueron la respuesta a la guerra por parte del Ejército Nacional en su territorio.
Colombia+20 supo que en las próximas semanas la petición de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en distintas zonas de Casanare -por causa de ‘falsos positivos’-, se formalizará y se hará llegar a la justicia transicional. Mientras eso sucede, los Araque, los Salamanca Castro, los Acero (familiares de Roger Acero, asesinado bajo la orden del mayor (r) Óliver Cárdenas Gil) y las otras familias en Casanare esperan el arrepentimiento que los militares les manifestaron se traduzca en verdad y reparación integral.
“Sigue mucha información sin haber sido suministrada a las familias. Partamos de la magnitud de ese escenario tan cruel como lo fueron las ejecuciones extrajudiciales”. Este es parte del relato del abogado Fernando Rodríguez Kekhan, quien representa a víctimas de ‘falsos positivos’ en Casanare desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Sus palabras, durante una de las recientes audiencias de reconocimiento de militares imputados por estos crímenes, responden al clamor de centenares de familias que a pesar de contar con los relatos y arrepentimiento de quienes asesinaros a sus seres queridos, buscan más verdades y más responsables de lo que les sucedió a los suyos durante el conflicto armado.
De hecho, previo a estas diligencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que son parte del subcaso Casanare del macrocaso 03 (‘falsos positivos’), el abogado Rodríguez le dijo a este medio que prevalecía la zozobra entre sus apoderados pues sentían que diferentes agentes del Estado y terceros civiles que conocen detalles de lo que sucedió bajo las órdenes militares de condenados altos mandos del Ejército como el general (r) Henry Torres Escalante o Gustavo Soto Bracamonte, no estaban siendo llamados por la justicia transicional para responder y narrar al detalle hechos y conductas que llevaron a la Brigada XVI del Ejército a ser una máquina de la muerte.
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“No creemos que la parte de inteligencia del DAS para esos crímenes la haya ideado solo el director regional de esa organización… a él lo ayudaron evidentemente porque sólo no podría cumplir con todo eso. ¿O acaso el jefe de inteligencia no era la mano derecha de Torres Escalante para todo? ¿por qué eso no se menciona en la JEP? Creemos que por vía de recurso podremos llegar a otras personas que tuvieron roles importantes en la unidad de inteligencia y militar por parte del antiguo DAS para estas ejecuciones, si es que la postura de la Sala de Reconocimiento es indeclinable y en el remoto caso que no se siga indagando sobre más nombres”, comentó el jurista a Colombia+20.
Durante los días de audiencia dirigida por la JEP, asistentes a la diligencia -todos ellos familiares de personas asesinadas durante las ejecuciones extrajudiciales de la Brigada XVI- escucharon los pedidos de disculpas de militares que tuvieron a sus espaldas el involucramiento de al menos 303 ejecuciones extrajudiciales, como Torres Escalante, Soto Bracamonte, Miguel Andrés Sierra, César Cómbita Estrada, Wilfrido Domínguez Márquez y otra veintena de ex uniformados más. Sin embargo, también tuvieron dudas acerca de quienes más materializaron esos crímenes.
“En la JEP llegaron a conclusiones sin tener en cuenta la responsabilidad de otros integrantes de la Brigada XVI en el engranaje -no en la materialización- de ese aparato organizado criminal”, dijo Rodríguez Kekhan.
Las inquietudes no se quedaron allí. Hubo más cabos por atar. Los familiares presentes en esas diligencias no quisieron dejar detalles por relatar y una de las personas más insistentes para eso fue Esteban Araque, hijo de Hugo Araque, asesinado por el Ejército en octubre de 2005.
El joven, confrontando a los militares responsables de la muerte de su padre, dijo que independientemente de haberles dado la cara a sus víctimas no se les puede quitar el calificativo de “caníbales”, como se autodenominaban intrafilas del Ejército, como nombre clave para realizar esos crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Les quedaba bien ese apodo porque perseguían para asesinar, perseguían “para comer” inocentes”, sentenció Araque.
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“Hay quienes siguen mintiendo. Que cuando les preguntan lo que pasó dicen que ya no estaban en Casanare o que no saben quién dio la orden. ¿Qué le hicieron a mi papá en el lapso en el que lo tuvieron retenido? A mi papá lo torturaron antes de fusilarlo”, agregó Esteban Araque.
Dudas que no son nuevas
El subcaso Casanare es junto con el subcaso Catatumbo uno de los episodios de ejecuciones extrajudiciales que más adelantos y hallazgos tiene dentro de las investigaciones de la JEP. Aun así, esto no ha sido garantía para que plenas que quieren las familias para tramitar sus duelos.
En mayo de 2023, la justicia transicional imputó a 30 militares responsables de ‘falsos positivos’, incluyendo al soldado retirado Alexánder González Almario, vinculado con al menos 30 ejecuciones extrajudiciales cuando se desempeñaba como militar en Hato Corozal, en 2007.
Gustavo Soto Bracamonte era la cabeza del pelotón que integraba González Almario y en conjunto persiguieron personas inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. El soldado (r) González fue de los pocos militares con mediano o bajo rango en ser investigado de una forma tan exhaustiva por la JEP. Colectivos de defensa de derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos o la Corporación Jurídica Yira Castro, también al frente de casos de víctimas de ‘falsos positivos’, han buscado por mucho tiempo más nombres de responsables más allá de generales y mayores. Más personajes como González Almario que les han sido esquivos a familiares y a la justicia misma.
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Desde el auto de imputación para González Almario y los demás militares de alto y mediano rango, las dudas de víctimas de ‘falsos positivos’ se han hecho mayores. En las diligencias de esta semana dijeron abiertamente a los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz que necesitan a más personas para contar la totalidad de los hechos que los afectaron.
“Esta es la última oportunidad que ustedes tienen (hablándole a los militares imputados). Estamos esperando una verdad exhaustiva y útil, no una a medias“, dijo, Carolina Castro, esposa de William Salamanca, asesinado por el Ejército en Maní, Casanare.
Para Castro, que se ha tomado la vocería de decenas de familias en Maní, Aguazul, Yopal y Tauramena quiere que las verdades y demás hechos de reparación no solo se queden en palabras sino en acciones que acompañe la misma JEP.
Para ella, que asegura que por mucho tiempo “se nos han burlado y han hecho sentir en una película de terror”, falta una tarea indispensable: la celeridad en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas durante hechos de “falsos positivos” en Casanare.
“Por tantas mentiras no entiendo muchas cosas ¿Estas personas para eso se acogieron a una justicia restaurativa?”, reiteró. Agregando un llamado para la JEP: “Es urgente tomar medidas sobre el cementerio en Maní. Hay un número alto de personas no identificadas dentro de este caso. Sus cuerpos corren riesgo. Se los suplicamos”.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene en sus registros que el conflicto armado dejó en Casanare al menos 1.973 personas desaparecidas. En los datos públicos oficiales hay reportes de hombres y mujeres a quienes se les perdió el rastro por el accionar de grupos paramilitares o guerrilleros. Pero es incierto el paradero de algunos, quienes perdidos en subregistros, habrían sido desaparecidos durante campañas de ‘falsos positivos’.
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Muchas preguntas siguen quedando alrededor de las familias de Casanare que perdieron a los suyos cuando las ejecuciones extrajudiciales fueron la respuesta a la guerra por parte del Ejército Nacional en su territorio.
Colombia+20 supo que en las próximas semanas la petición de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en distintas zonas de Casanare -por causa de ‘falsos positivos’-, se formalizará y se hará llegar a la justicia transicional. Mientras eso sucede, los Araque, los Salamanca Castro, los Acero (familiares de Roger Acero, asesinado bajo la orden del mayor (r) Óliver Cárdenas Gil) y las otras familias en Casanare esperan el arrepentimiento que los militares les manifestaron se traduzca en verdad y reparación integral.