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La Brigada XVI del Ejército Nacional desarrolló una máquina de la muerte en el departamento de Casanare, entre los años 2005 y 2008. En ese periodo, según registros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ese brazo de la fuerza pública habría estado involucrado en al menos 303 ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes (falsos positivos).
Desde el año pasado los avances en la justicia transicional para esclarecer estos crímenes han dado como resultado la imputación de una treintena de esos uniformados (una cifra tres veces más alta que la de otro subcaso de larga escala como el de Catatumbo, en el que procesan a parte de los responsables de los casos de las madres de Soacha).
Hombres como el mayor general (r) Henry Torres Escalante y Gustavo Enrique Soto Bracamonte, cabeza del Gaula del Ejército en Casanare por esos años, ya fueron identificados como dos de los máximos responsables por esos crímenes de guerra. Ellos, junto con otros 23 militares, fueron imputados el 27 de julio de 2022 y desde allí no se han detenido las investigaciones para dar con respuestas certeras y prontas a las familias de los asesinados de por qué, cuándo y cómo sus seres queridos fueron parte de una campaña de exterminio que estuvo dirigida por el Estado colombiano.
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El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una ficha esencial en la defensa jurídica de las víctimas de falsos positivos en Casanare. Desde 2007 le han brindado acompañamiento a centenares de familias en esa zona de los Llanos Orientales, donde encontraron patrones criminales tan aterradores, como la obsesión de Torres Escalante por mostrar resultados con “litros de sangre” -como está registrado en la JEP- o los pedidos de Soto Bracamonte para que a sus filas llegaran militares “expertos en matar sin preguntar”.
El abogado Fernando Rodríguez Kekhan hace parte de ese comité y ha representado a víctimas de falsos positivos en Casanare desde 2007. Conoce los pormenores de los procesos judiciales de los militares de la Brigada XVI desde que sus folios estaban en justicia ordinaria y ahora, con la reciente imputación del exsoldado Alexander González Almario, su voz recopila un llamado general de los familiares de los asesinados por el Ejército en estos escenarios para encontrar verdad y reparación, más allá de las imputaciones con las que ya los cargó la JEP.
El prontuario de González Almario
El nombre del soldado retirado Alexander González Almario comenzó a ser recurrente en tribunales de Casanare y Bogotá desde 2009. Por aquel entonces, según documentos de la Fiscalía, figuró en un listado de 14 militares que habrían participado en dos asesinatos (posteriormente identificados como ejecuciones extrajudiciales) perpetrados en abril de 2007, en Hato Corozal, norte de Casanare.
En esa operación comandada por Gustavo Soto Bracamonte, una decena de soldados rasos como González Almario presentaron a los dos civiles asesinados como bajas en combate del extinto frente 28 de las FARC. La justicia comprobó que el entonces soldado González había sido pieza clave en el procedimiento técnico del Ejército, que tuvo tras bambalinas las directrices de inteligencia de Jeison David Palacio Torres, exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
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El 7 de abril de 2010, la situación jurídica de González Almario se puso aún más cuesta arriba. Ese día la Fiscalía comenzó una investigación formal en su contra por presuntamente haber participado en la ejecución extrajudicial del ciudadano Pablo Emilio Vásquez, cometida el 24 de agosto de 2006 en la ciudad de Yopal.
González y otros cuatro militares más estuvieron recluidos en la sede de la Brigada XVI del Ejército y su caso estuvo archivado por más de seis años en la justicia ordinaria.
Con el nacimiento de la JEP y el desarrollo del macrocaso 03 (acerca de falsos positivos) las investigaciones sobre la Brigada XVI del Ejército en el subcaso Casanare no se detuvieron y desempolvaron viejas deudas de militares con la justicia.
Tras años de cotejar información testimonial de víctimas, informes de la Procuraduría, pesquisas de la Fiscalía y demás datos recogidos en terreno, la JEP dictaminó que González Almario estaba involucrado y se considera uno de los máximos responsables en 30 ejecuciones extrajudiciales -estando en filas del Gaula del Ejército- y que se le imputaría como coautor de homicidio en persona protegida y desaparición forzada; que en otras cosas es la tipificación de dos crímenes de lesa humanidad.
“El señor González, si bien sólo tenía el rango de soldado, tuvo un rol bastante importante en esos asesinatos. Ha dicho cosas, pero debe aclarar circunstancias de tiempo, modo y lugar de su participación directa. Es su obligación hacer eso ante la JEP y decir por qué él era una de las piezas que “iba a mejorar el equipo de fútbol de la Brigada XVI”, como le decía Torres Escalante a Soto Bracamonte cuando le mandaba soldados sanguinarios para cumplir con más falsos positivos en Casanare”, dijo el abogado de víctimas Fernando Rodríguez.
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¿Hay contradicciones en los autos de imputación?
Otro punto que trató el abogado Rodríguez con Colombia+20 fue que si bien los autos 055 de 2022 y 027 de 2023 -que imputaron a 31 militares por falsos positivos en Casanare- son un avance grande para esclarecer hechos y son muestras de confianza hacia las víctimas que vienen reclamando verdades desde hace más de 15 años, la justicia y los perpetradores tienen aún un sinfín de respuestas por contar, especialmente en lo relacionado con el funcionamiento integral de la red con la que planeaban y ejecutaban esos asesinatos sistemáticos.
“Cuesta explicarles a las víctimas cómo entender la base probatoria con la que la JEP definió esas imputaciones. Llegaron a conclusiones sin tener en cuenta la responsabilidad de otros integrantes de la Brigada XVI en el engranaje -no en la materialización- de ese aparato organizado criminal”, comentó el defensor.
Por ejemplo, según el abogado del Comité de Solidaridad, las víctimas de González Almario o de Soto Bracamonte no entienden por qué aún no se han tenido en cuenta dentro de las investigaciones e imputaciones a personas con roles secundarios al interior del Ejército que facilitaron los asesinatos para los responsables materiales.
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“No creemos que la parte de inteligencia del DAS para esos crímenes la haya ideado solo el director regional de esa organización… a él lo ayudaron evidentemente porque sólo no podría cumplir con todo eso. ¿O acaso el jefe de inteligencia no era la mano derecha de Torres Escalante para todo? ¿por qué eso no se menciona en la JEP? Creemos que por vía de recurso podremos llegar a otras personas que tuvieron roles importantes en la unidad de inteligencia y militar por parte del antiguo DAS para estas ejecuciones, si es que la postura de la Sala de Reconocimiento es indeclinable y en el remoto caso que no se siga indagando sobre más nombres”, agregó.
El deseo colectivo de las víctimas, en vocería de abogados del Comité de Solidaridad —que antes de la entrada en vigencia de la JEP trabajaban constantemente de forma articulada con la organización defensora Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria de Casanare (Cospacc)— es también que lo que se investigue lleve a nombres de comandantes de división; un punto pendiente en el subcaso Casanare y en general dentro del macrocaso 03.
Otras peticiones de víctimas
Respecto a los casos de falsos positivos en la JEP, el país sólo ha visto una audiencia pública de reconocimiento en la que perpetradores les han hablado a la cara a sus víctimas; esto sucedió con el subcaso Catatumbo, el 26 de abril de 2022.
En Casanare no falta mucho para que una diligencia así tome lugar. Si los militares imputados reconocen plenamente su responsabilidad, como ya lo hizo por ejemplo Henry Torres Escalante, una diligencia así tendrá lugar más temprano que tarde. Si eso llega a suceder, como es inminente, el pedido de las víctimas es claro y contundente: no quieren ser incurridos en revictimizaciones, la preparación que les haga la JEP para ese momento debe ser profunda y se deben canalizar sus inconformidades de la mejor manera posible.
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“Esas diligencias (audiencias de reconocimiento) deben salir bien para las víctimas, la jurisdicción y el país. De frente deben explicar todo lo que hicieron y deben afrontarlo con el poco honor militar que les debe quedar. Las víctimas a su leal saber y entender se sentirán en la capacidad de hacer ese ejercicio. Ojo, al final esto no se tratará de perdonar o no… ese es un ejercicio individual que salga del corazón y que hasta la jurisdicción se puede quedar pequeña para eso. También entender que la JEP se quedó corta en el lapso de investigación de estos hechos, porque hay constancia que los falsos positivos en Casanare eran una práctica que estaba vigente antes de 2005″, concluyó el abogado Fernando Rodríguez, apoderado de víctimas de falsos positivos en Casanare.
Así como ya han leído decisiones de la JEP, escuchado testimonios de responsables como el recientemente imputado Alexander González Almario o asistido a reuniones constantes con sus equipos jurídicos, las víctimas de falsos positivos en Casanare también buscan que los relatos de Salvatore Mancuso lleguen a sus oídos, para saber qué responsabilidades de las AUC o de los extintos ‘Buitragueños’ hay detrás de los asesinatos a sus seres queridos durante la guerra.