Casanare honra a víctimas de “falsos positivos” con placas en cada municipio

El ‘Camino de la Memoria’, como se llamó al acto simbólico, fue acompañado por la JEP y la ARN, y contó con la participación de familiares que exigieron verdad y reconocimiento.

Foto: Agencia de Reincorporación y Normalización

Casanare, un departamento profundamente golpeado por las ejecuciones extrajudiciales durante los años más intensos del conflicto armado, se convirtió en escenario de un acto de memoria sin precedentes en el departamento: se entregaron 19 placas conmemorativas que serán instaladas en cada municipio del departamento como homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales también llamados “falsos positivos”, cometidas entre 2002 y 2008.

Las placas no son parte de una política pública reciente, sino el cierre de un proceso restaurativo impulsado durante ocho meses por víctimas y exintegrantes de la Fuerza Pública, hoy comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El proceso incluyó encuentros de reconocimiento, diálogo y construcción colectiva de los mensajes grabados en las placas.

El ‘Camino de la Memoria’ es una iniciativa de los familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como en combate por agentes del Estado en Casanare, en la cual intervinieron 20 de esos comparecientes de la fuerza pública no seleccionados como máximos responsables en esos hechos.

“Que estas placas sean instaladas como parte de la memoria de esos hechos que no deben volver a repetirse. Estamos abiertos a la reconciliación y al perdón, para que la memoria sea el refugio de la dignidad en Casanare”, dijo Nardys Maldonado, una de las familiares de las víctimas, frente a una de las placas que pronto será instalada en su municipio.

El acto inició con el ingreso de los familiares de las víctimas llevando flores en sus manos como homenaje a las víctimas de ‘falsos positivos’ en Casanare. La ceremonia tuvo un momento de recogimiento espiritual, hecho por Zulma Pérez, sobrina de la víctima Pablo Emilio Vásquez Pérez, realizó una oración de apertura del acto ‘Camino de la Memoria’.

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Las piezas serán instaladas en lugares públicos representativos y narrarán las historias de personas que fueron asesinadas y presentadas ilegalmente como bajas en combate, en una práctica sistemática que hoy está bajo investigación por parte del tribunal de paz.

“Estas placas no son solo metal: son conciencia colectiva grabada en la historia de un pueblo que ya no está dispuesto a olvidar ni a guardar silencio”, afirmó Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), durante la ceremonia de cierre en Yopal.

El evento incluyó intervenciones de comparecientes que reconocieron públicamente su responsabilidad en estos crímenes. ““Queremos decirles cuánto anhelamos su perdón. Reconocer que en aquel tiempo no pensamos en el daño tan inmenso que estábamos causando. Pero hoy, gracias a Dios, a la JEP, a la ARN y, en especial, a las víctimas que permitieron este espacio, nos sentimos en la capacidad de mirarlos a los ojos y decirles que nos duele el sufrimiento causado. Estamos marcados a llevar ese dolor y reconocer las atrocidades cometidas”, expresó Edwing Guerrero, exintegrante de la Fuerza Pública.

Para las víctimas, la instalación de estas placas representa un avance concreto en la lucha por la verdad, la dignificación y la no repetición. “Quiero que hagamos un compromiso de paz. Es hora de que le vendamos un futuro mejor a nuestros hijos”, dijo William Acero, familiar de una de las víctimas.

Este tipo de ejercicios, liderados por víctimas y comparecientes en articulación con la JEP y la ARN, buscan no solo esclarecer la verdad, sino también dejar una huella física en los territorios: una forma de recordarle a las comunidades —y al Estado— que la guerra no puede repetirse y que la memoria es un acto de justicia.

El acto, que se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal La Triada, de Yopal, hicieron presencia el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli; el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez; la magistrada Sandra Castro Ospina y los magistrados Carlos Alberto Suárez y Óscar Parra.

En Casanare habrían 312 casos de “falsos positivos”

Entre 2002 y 2008, Casanare fue uno de los departamentos más afectados por la práctica de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. En ese periodo, miembros de la Fuerza Pública asesinaron a civiles —en su mayoría jóvenes rurales, personas en situación de pobreza o vulnerabilidad— y los presentaron como guerrilleros dados de baja en combate, con el objetivo de mostrar resultados operacionales ante sus superiores y obtener beneficios o ascensos.

Según datos recolectados por la JEP y la Fiscalía General de la Nación, en Casanare se habrían cometido al menos 312 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que convierte al departamento en uno de los focos principales de este patrón criminal a nivel nacional. Municipios como Aguazul, Tauramena, Paz de Ariporo, Monterrey y Yopal concentran un número significativo de estos crímenes.

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En su investigación dentro del Caso 03 —que prioriza los “falsos positivos”—, la JEP ha señalado que estas ejecuciones no fueron hechos aislados, sino que respondieron a una práctica sistemática y generalizada, impulsada por una política institucional que premiaba los resultados medidos en cuerpos. En Casanare, se ha documentado cómo la Brigada XVI del Ejército tuvo un papel central en esta dinámica, con la complicidad de redes de informantes, estructuras de inteligencia y autoridades civiles que omitieron controles o encubrieron los hechos.

La magnitud de estos crímenes y la crudeza de los testimonios recopilados han hecho que Casanare sea uno de los territorios clave en los esfuerzos de verdad, justicia y reparación. Las víctimas han exigido durante años reconocimiento público, esclarecimiento de los hechos y sanciones ejemplares.

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