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Este lunes 7 de julio se vencen los 45 días establecidos por el Gobierno de Gustavo Petro para la adecuación y el traslado del Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Catatumbo. Ese plazo se agotó sin que se hayan registrado avances significativos ni la estructuración del plan integral de desarrollo asociado a la zona.
La ZUT no solo es de uno de los hitos más ambiciosos de la paz total en una región con fuerte presencia armada que sufre los efectos de la crisis humanitaria que ocurrió en enero por el ataque del ELN y los enfrentamientos con el EMBF, sino también constituye el ultimátum que le dio el presidente Petro, en abril pasado, a ese grupo armado para que empezara el tránsito hacia esas zonas de preconcentración.
Aunque parte de la delegación del Gobierno en ese proceso de paz ha ido adelantando algunas tareas, lo cierto es que no se cumplirá en el tiempo lo establecido en la resolución. Los progresos, por ahora, son escasos pues persisten brechas en la coordinación institucional y siguen sin resolverse temas claves, como la seguridad jurídica de los comandantes y cuál será el desarrollo de los proyectos productivos.
La ZUT, que tendrá una duración de siete meses, fue creada por la resolución 161 del 23 de mayo pasado con el objetivo de establecer un espacio temporal para el tránsito del Frente 33 hacia la legalidad y avanzar en su desvinculación de las economías ilegales.
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Reunión en Paipa con la delegación
Colombia+20 conoció que este fin de semana, en Paipa, Boyacá, se realizará una reunión entre negociadores del Gobierno y la comunidad internacional para redefinir el camino a seguir no solo de la ZUT, sino del proceso de paz en general. Además, la reciente salida de Camilo González Posso como jefe de la delegación —según le dijo a este diario, por una “necesaria reorganización”, dado que fue “marginado” del asunto de Catatumbo— también provoca movimientos en la delegación.
La cita en Paipa, dicen fuentes cercanas, tiene varios objetivos. Uno de ellos será ratificar —al menos en la práctica— que el liderazgo de esa delegación recaerá ahora en manos de Gloria Quiceno. Los otros, mucho más de fondo, son empezar a resolver los temas más urgentes de la ZUT, como la seguridad jurídica de los miembros del Frente 33, especialmente de aquellos que tienen órdenes de captura o solicitudes de extradición.
Según fuentes cercanas al proceso, uno de los principales cuellos de botella ha sido la falta de un plan integral coordinado entre las instituciones estatales. La delegación de Gobierno, o al menos la parte de ella que está en la comisión especial sobre el tema de Catatumbo, se ha topado con la lentitud de varias instituciones que deben hacer presencia en la zona.
Desde el 28 de mayo, el Gobierno ha realizado varios encuentros de socialización con comunidades en Cúcuta y Tibú, entre ellos con autoridades indígenas, campesinas, mujeres, juventudes, iglesia, sectores productivos y organismos estatales. Sin embargo, autoridades del departamento afirmaron a Colombia+20 que no han tenido ninguna comunicación con la delegación y menos intercambio de información. “Nunca hemos sido convocados como ente departamental a estos temas de la ZUT”, dijo a este diario un funcionario de la Gobernación de Norte de Santander.
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El martes el presidente Petro suspendió la extradición de Willinton Henao Gutiérrez (conocido como Mocho Olmedo), segundo al mando del Frente 33, una de las estructuras más activas del EMBF, la disidencia al mando de Calarcá Córdoba.
Esa resolución ejecutiva la da al menos un poquito de tiempo al Gobierno para avanzar en un proceso de paz que sea avalado internacionalmente, especialmente por Estados Unidos, con quien esta semana se vivió la tercera gran crisis diplomática que no solo tensa las relaciones, sino que no ayuda a Colombia en el complejo panorama de la certificación de la lucha contra las drogas y la jugada de política exterior de frenar las extradiciones.
También está en discusión la “disposición de armas”, un tema altamente simbólico y operativo. Aunque no se trata aún de una dejación formal como en un acuerdo final de paz, Colombia+20 supo que se ha solicitado a la comunidad internacional que acompañe y verifique este componente.
La sostenibilidad de la ZUT también depende de los proyectos productivos que acompañen la transición del grupo armado y de las comunidades. En Tibú se han contemplado iniciativas en torno al cacao, café, apicultura, reciclaje y reciclaje de llantas. Algunas de ellas estaban planteadas desde enero.
Y no menos importante es cómo será la seguridad física para quienes estén dentro de la ZUT y la población aledaña. Se ha pensado en seguir un modelo parecido a los espacios territoriales que se hicieron tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, pero cada uno de ellos tenía al menos tres anillos de seguridad. La fuerza pública que tendría al menos dos de ellos ha puesto algunos palos en la rueda para empezar a concretar esa seguridad.
El retraso y la falta de coordinación con otras entidades es grave, porque esta no es la única Zona de Ubicación Temporal que prevé el Gobierno. También se prevé este tipo de zonas en la mesa de Comuneros del Sur, en Nariño, y con la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La Zona de Ubicación Temporal en Catatumbo encarna las profundas fragilidades de la paz total, pero, paradójicamente, la mayor apuesta del Gobierno para que esa política, ahora más territorial, tenga algo concreto.
Lo que ocurra en Paipa este fin de semana, y la capacidad del Ejecutivo para reconducir el proceso con y acciones concretas, definirá no solo el destino de la ZUT, sino también el margen de credibilidad que aún conserva el modelo de diálogo con esa disidencia.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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