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El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, le pidió al Tribunal para la Paz que se realice una audiencia oral para solicitar que se impongan medidas cautelares sobre los bienes de las Farc, cuyo inventario fue entregado por la antigua guerrilla el 15 de agosto de 2017 y que están avaluados en $963.241 millones.
El pasado 12 de febrero, Pastor Alape le envió una solicitud de 16 páginas a Álvarez, en la cual le pidió la adopción de medidas cautelares de protección para asegurar los bienes de la antigua insurgencia destinados a reparar a las víctimas. Y el argumento era que las disidencias, el Eln y otros grupos ilegales están detrás de las caletas con dinero en efectivo y oro.
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“Los exmiembros de las Farc-Ep hemos advertido que en varias zonas del país existe riesgo de pérdida de los bienes por la dificultad de custodia de estos, pues ya estamos desarmados y sin capacidad de protección de los bienes en áreas de influencia de la disidencia y demás grupos al margen de la ley”, recalcó Alape en la carta, insistiendo en la necesidad de que el Estado agilice la recolección de dichos bienes.
Como informó Colombia2020, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), designada para recibir, administrar y distribuir esos recursos, tan sólo ha recuperado $21.735 millones de los $963.241 millones, que están representados en oro, dinero en efectivo y ganado.
La recuperación de esos bienes empezó el 22 de septiembre de 2017, con la recolección de 197 gramos de platino, $1.000 millones en efectivo y 32.525 gramos de oro, equivalentes a $3.602 millones. Ese primer operativo se desarrolló, con apoyo del Ejército y la Policía, en la vereda Llano Grande del municipio de Dabeiba (Antioquia), previa entrega de las coordenadas por parte de los excombatientes a los funcionarios de la SAE.
De la misma manera se ejecutó otro operativo el 27 de diciembre de 2017, en la vereda La Plancha del municipio de Anorí (Antioquia). El resultado fue la recuperación de $509 millones en efectivo y 500 gramos de oro, equivalentes a más de $55 millones. Como estos, se realizaron diferentes operativos en distintos lugares del país.
Sólo el Estado y la FARC saben cuántas son y dónde están las caletas que están pendientes por recuperar. Sin embargo, si se calcula la diferencia entre los bienes reportados y los entregados, se puede concluir que el monto de los bienes que está en riesgo de ser usurpado por organizaciones al margen de la ley podría llegar a los $14.396 millones en efectivo y 112.645 gramos de oro.
En el caso de activos como los semovientes, la situación parece más compleja. Según lo reportaron las Farc en agosto de 2017, la organización armada tenía cerca de 21.000 cabezas de ganado, búfalos y caballos, pero en el último reporte de la SAE figura que sólo se han recuperado 158 ejemplares.