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Nació en 1964, el mismo año de la Operación Marquetalia, la que dio lugar al nacimiento de las Farc. Hoy tiene 53 años, 23 de ellos en el poder judicial, en el cual se inició como inspector de Policía y acaba de ser designado director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Giovanni Álvarez Santoyo ha documentado procesos judiciales sobre todos los frentes del conflicto, y ahora tiene la misión de evaluarlos desde el sistema transicional que creó el Acuerdo Final con las Farc para ayudar a saldar cuentas judiciales y alcanzar la paz.
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El primer rastro de sangre por cuenta del conflicto armado en el país lo vio correr en 1992, año en que trabajaba como inspector de Policía en Aratoca, Santander. Seis policías fueron emboscados por las Farc cuando transitaban por la troncal que comunica a Bucaramanga con Bogotá. Un hecho que quedó grabado en la memoria de los pobladores, que hasta ese año solo estaban acostumbrados a ver las peleas de vecinos que no llegaban al punto de cobrar una víctima.
El crecimiento de las acciones guerrilleras y paramilitares no apartaron a Álvarez del discurso de la lucha por la justicia. En cambio, estuvo siempre interesado en construir una carrera profesional en la cual su pensamiento tuviera espacio: “Siempre pensar en las víctimas”. Álvarez Santoyo trabajó en todos los circuitos laborales de Santander hasta que en 1998 dio el salto a Bogotá, a la Unidad de Derechos Humanos, bajo la bandera del fiscal de la época, Alfonso Gómez Méndez.
Ese mismo año, Álvarez Santoyo asumió su primera investigación como fiscal de derechos humanos recién posesionado: la de la masacre de Cabuya, en zona rural de Tame (Arauca). Desde las 11 de la noche del 19 de noviembre de 1998, hasta la madrugada del día siguiente, paramilitares se tomaron la vereda y asesinaron a cinco personas, entre ellas a una mujer embarazada que antes fue abusada sexualmente. En este caso, Álvarez logró la condena de seis personas, entre ellas, a dos miembros de la Fuerza Pública.
Álvarez Santoyo ascendió a fiscal especializado de Derechos Humanos en 2000. En esa posición documentó el genocidio de la Unión Patriótica y tuvo conocimiento del bombardeo de la Fuerza Aérea sobre Santo Domingo, caserío de Tame, ocurrido el 13 de diciembre de 1998 y que tuvo como saldo la muerte de 17 civiles. La investigación terminó en la condena de dos capitanes a 30 años de prisión y en un reconocimiento de culpa del Estado colombiano ante el sistema interamericano.
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El abogado de los oficiales de la Fuerza Aérea, Fernando Vargas Quemba, denunció a todos los funcionarios judiciales que trabajaron en este caso, incluido a Álvarez, por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y detención arbitraria. Sin embargo, en la Fiscalía General de la Nación, la denuncia no prosperó.
En 2007, Álvarez Santoyo pasó hacer parte de la unidad antisecuestro de la Fiscalía. Allí cayó en sus manos un tema sensible por su naturaleza política: el plagio y asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria Trujillo, y su escolta, José Fernando Vélez. En ese proceso, los investigados, Javier Rendón Benjumea y Norbey García Orozco, aceptaron los cargos, se acogieron a sentencia anticipada y fueron condenados a 36 años de prisión.
Como fiscal antisecuestro, Álvarez Santoyo fue víctima de la criminalidad que combatía: en 2008, al salir de su oficina, ubicada frente al Parque Nacional, recordó que había dejado unos documentos que necesitaría al día siguiente para una audiencia. Al regresar, una persona se lanzó contra su vehículo, lo que lo obligó a detenerse. Cuando menos se dio cuenta, cuatro hombres armados lo rodeaban. Tres de ellos se montaron en su carro. Álvarez trató de defenderse, pero eso le costó la golpiza de su vida, incluidos choques eléctricos. Permaneció secuestrado media hora, tiempo en el cual se lo llevaron a un cajero y le robaron $1’200.000.
Superada la paliza y la experiencia amarga, Giovanni Álvarez Santoyo siguió escalando en la Fiscalía. En 2011 pasó a ocupar el cargo de fiscal delegado ante el tribunal de Justicia y Paz y adquirió competencia a nivel nacional. Luego, fue nombrado coordinador de uno de los grupos de priorización y del grupo que compulsaba copias (pedía investigaciones) contra terceros que hubieran financiado a los paramilitares. Estuvo a cargo, entre otros, de la macroimputación de cinco estructuras paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso.
Toda esta experiencia, con el paso del tiempo, se convirtió en una cruz para Giovanni Álvarez Santoyo por razones de seguridad. Desde 2000, cuando se convirtió en fiscal especializado, hasta el 30 junio de este año, su último día de trabajo en la Fiscalía, tuvo que portar durante las 24 horas del día, de lunes a domingo, un chaleco antibalas para salvaguardar su vida, pues sus resultados lo convirtieron en un objetivo para “matar”.
Algunos abogados que han litigado en la Fiscalía le contaron a este diario que lo recuerdan trajinando en los pasillos de la Fiscalía con bastante diligencia, aunque sin mayor exposición pública. “Un hombre sin etiquetas, de pocos amigos, sin nexos políticos y hecho a pulso”: así lo califican quienes lo conocen. “Uno lo ve tan calmado y tan callado que hasta podría pensar, equivocadamente, que es bobo: de bobo no tiene un pelo. No es fácil de engañar”, dijo otro penalista consultado.
Santoyo Álvarez, que cada tanto recurre a la literatura de ficción para escaparse de las realidades que le toca afrontar, asumirá uno de los cargos más importantes de la JEP. El pasado 9 de octubre, el Comité de Escogencia lo eligió a él entre 22 candidatos como director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la cual tiene la enorme responsabilidad de presentar ante el Tribunal Especial de Paz los casos de quienes no acepten responsabilidades por crímenes cometidos durante la guerra y decidan ir a juicio. Un cargo para la historia.