Gobierno entrega a la JEP y a la Fiscalía informe sobre recepción de bienes de las Farc

Pastor Alape, delegado por el partido FARC para la entrega de bienes, y Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización.

Foto: El Espectador

¿Hay responsabilidades individuales de parte de algunos exintegrantes de las antiguas Farc en el hecho de que no se pudieran entregar todos los bienes reportados en el inventario en el plazo que fijó el Gobierno Nacional? Con la intención de que la justicia sea quien responda ese interrogante, el Gobierno entregó este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía General un informe sobre las acciones que adelantó para garantizar que la exguerrilla lograra entregar todos los bienes inventariados.

El anuncio lo hizo el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien ya había dicho en diciembre pasado, poco antes de que se cumpliera el plazo establecido para la entrega, que prepararían un informe a las autoridades y a las entidades que le hacen seguimiento a lo pactado, que contendría los detalles de la gestión del Gobierno para recibir los bienes de las Farc.

Según dijo, las acciones del gobierno, en cabeza de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), siempre permitieron avanzar en el recibo de los bienes, aún en medio de la pandemia. “Durante todo este tiempo la SAE tuvo a disposición todo el soporte logístico, toda la infraestructura para poder llegar a donde estaban los bienes; también la seguridad física coordinada con el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército; también todos los protocolos de bioseguridad”, enfatizó Archila. Según las cifras, la SAE destinó más de $6.470 millones para el proceso de recibo de los bienes.

En las cifras oficiales, esto fue lo que la antigua guerrilla entregó, con corte a 31 de diciembre de 2020:

- De $12.000 millones en efectivo reportados en el inventario, las antiguas Farc entregaron alrededor de $2.100 millones.

- Los US$450.000 dólares del inventario fueron entregados en su totalidad, equivalentes a $1.442.622.675.

- De 252.500gr de oro reportados, fueron entregados 197.047gr, que se comercializaron por un valor de US$11.285.643,36 es decir, casi $39.000 millones.

- De 25.000gr de oro en joyas, la exguerrilla entregó 2.540gr que están en proceso de avalúo para ser comercializados.

- De 722 bienes inmuebles reportados en el inventario, que tendrían un valor de más de $484.000 millones, fueron entregados 37. De esos, 36 son baldíos que fueron entregados a la Agencia Nacional de Tierras y solo se entregó un predio privado, valorado en $94 millones. La antigua guerrilla dijo que no se podrán entregar 212 bienes y que 473 están pendientes de entrega.

- De 319 vehículos, Farc vendió por su cuenta cuatro, en un valor de $14.500.000.

- De 51.992 muebles y enseres reportados, fueron entregados 1.821 unidades.

- De 24.456 semovientes, la exguerrilla entregó 229, equivalentes a $137.718.650.

Así, lo que se ha monetizado, con corte a 31 de diciembre de 2020, son $42.680 millones, de un valor aproximado de $548.000 millones de lo que es susceptible de ser monetizado del inventario.

El informe que fue entregado a la JEP y a la Fiscalía, dijo el consejero, será entregado también a las principales entidades que tienen la tarea de hacerle seguimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz: la Misión de Verificación de Naciones Unidas, el Instituto Kroc, los notables y al Cerac-Cinep.

La polémica con el partido Comunes

Con la entrega de este documento, el Gobierno pretende demostrar que durante estos años ha realizado todos los esfuerzos jurídicos, institucionales y operativos que le corresponden para garantizar que la exguerrilla entregara todos los bienes del inventario. Al cumplirse el plazo, el pasado 31 de diciembre, ha dicho que la responsabilidad de que se haya entregado tan poco con relación a lo inventariado es de la antigua guerrilla y por eso deja en manos de la justicia establecer si hay lugar a algún tipo de sanción para los exintegrantes de Farc, pues la entrega de bienes es uno de los requisitos para mantener los beneficios de la justicia transicional.

Pero el hoy partido Comunes – antes Farc – advirtió desde mediados del año pasado, cuando el Gobierno estipuló el plazo del 31 de diciembre, que esa meta era imposible de alcanzar teniendo en cuenta limitaciones jurídicas y físicas para la entrega. Dijo que ese plazo había sido decidido unilateralmente por el Gobierno desconociendo cronogramas que se habían acordado con la SAE y la Misión de la ONU.

De hecho, así como el Gobierno Nacional entrega hoy este reporte sobre sus gestiones para viabilizar la entrega de los bienes, la antigua guerrilla hizo lo propio en diciembre del año pasado. El 23 de ese mes, Pastor Alape, suscriptor del inventario, acudió ante la JEP para entregar pormenorizadamente su versión sobre los obstáculos que ha habido en el trámite de entrega y que, en buena parte, puso en cabeza del Gobierno.

Un decreto de agosto de 2017 es lo que ha estado en el centro de la discusión entre el Gobierno y la antigua guerrilla. Esta última ha dicho que en esa norma les cambiaron las reglas de juego, pues les asignaron la responsabilidad de custodia de los bienes hasta que fueran materialmente entregados al Gobierno. Según dicen, ya como civiles no tienen la capacidad de resguardar bienes que ocupaban cuando estaban en armas y que su labor es entregar la información para que el Gobierno los recupere.

Los bienes que hoy son objeto de disputa son aquellos incluidos en el inventario que elaboró la antigua guerrilla y que entregó el 15 de agosto de 2017 a la Misión de la ONU y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Un documento en el que recogió todos los bienes que consiguió durante la guerra, desde dinero en efectivo y oro, hasta vías, jornadas de salud e infraestructura educativa en las zonas en las que hicieron presencia. En su momento, se avaluó la totalidad del inventario en casi un billón de pesos.

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