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El Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidieron armar unas mesas técnicas para estudiar los casos de 724 excombatientes que están en las listas de quienes decidieron acogerse a esta jurisdicción, pero que hasta el momento no han cumplido con sus compromisos.
La decisión se tomó después de que el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y la presidente la JEP, Patricia Linares, intercambiaran correspondencias sobre dudas de quién tiene la responsabilidad de excluir a los exguerrilleros de estas listas, teniendo en cuenta que hasta el momento no han cumplido con la tarea de presentarse para su proceso en la justicia transicional.
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En su momento, Ceballos manifestó que, de acuerdo con la Corte Constitucional y su sentencia sobre la Ley Estatutaria de la JEP, la tarea le correspondería a la justicia transicional. También resaltó que por estas dudas decidieron objetar este proyecto en su momento.
Sin embargo, Linares le recordó a Ceballos que “la acreditación de excombatientes de las Farc para ser incluidos en los listados es competencia exclusiva de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”.
Lo que determinó la Corte Constitucional, agregó Linares, es que la JEP “puede incorporar a esos listados, excepcionalmente, a otras personas que por motivos de Fuerza mayor no hubieran sido incluidas en los listados acreditados por el Gobierno Nacional”.
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Ceballos aclaró que “esas 724 personas, a pesar de haber sido incluidas por las Farc en sus listas nunca se acercaron a firmar los compromisos ni se acercaron a identificarse para obtener los beneficios de la JEP”.
Aclarado el punto de las listas, el Alto Comisionado aseguró que tomarán cartas sobre este asunto, pero lo harán en conjunto con la JEP para analizar cada caso.