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Entre 1971 y 2016, al menos 6.230 niños y niñas fueron vinculados a grupos armados regulares e irregulares en Colombia. Así lo señala la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras cruzar los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Con base en estos documentos, la Sala decidió abrir hoy el caso número 007: “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado” para investigar este delito de lesa humanidad. No solo se incluirán los casos de niños y niñas que hayan sido obligados a portar armas, sino también de aquellos que hayan realizado cualquier otra función dentro de un grupo armado regular o irregular, ya sea como cocineros, cargadores, mensajeros o para labores de espionaje y sabotaje.
También investigará los casos de niñas, principalmente, reclutadas con propósitos sexuales, que vivieron violencia o esclavitud sexual, así como la práctica de abortos forzados.
Según los informes de la Fiscalía y el CNMH, el 87 % de los casos de reclutamiento ocurrieron entre 1998 y 2014, principalmente en los departamentos del Meta, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Cauca.
Para esta etapa de reconocimiento serán llamados a presentar las primeras versiones individuales y colectivas miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles que quieran someterse a la JEP. Sin embargo, al ser las Farc las responsables de cerca del 60 % de los casos de reclutamiento, según el documento, la jurisdicción hará énfasis en el actuar del desmovilizado grupo guerrillero.
“Se considera que la incorporación de niñas y niños a las filas de los grupos armados, o su utilización en actividades propias del conflicto, fue una política orientada a incrementar la capacidad militar de las Farc”, reza el documento de la Sala de Reconocimiento. Además, asegura que esta práctica hacía parte de la política de las Farc desde la Séptima Conferencia, en la que se estipuló vincular a personas entre los 15 y los 30 años.
Sin embargo, explica el auto, esta directriz tampoco fue respetada, ya que casi la mitad de los niños y niñas fueron vinculados a las Farc antes de los 15 años. Por esta razón, los magistrados sostienen que la responsabilidad por este delito será imputada a los máximos órganos de decisión.
Una de las formas en las que abordará la investigación será con las modalidades de reclutamiento de menores de 18 años a grupos armados. En el 40 % de los casos cometidos por las Farc, la vinculación se hizo mediante actividades de proselitismo en escuelas y bajo promesas de estudio y de una mejor condición de vida.
Esta hipótesis es respaldada por Coalico, organización que trabaja contra la vinculación de menores de edad al conflicto armado en Colombia y que sostiene que la persuasión ha sido la principal forma de reclutarlos. Pero insiste en que no se puede hablar de decisiones voluntarias, ya que en el caso de niños y niñas están viciadas por presiones sociales y económicas en diversas zonas del país golpeadas por el conflicto y la pobreza.
En este sentido, en el informe “Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra”, que esta organización le entregó el 12 de febrero a la JEP, le piden a la jurisdicción que vaya más allá de las victimizaciones y estudie las causas de este hecho.
“¿Dónde estaba el Estado cuando los niños se estaban yendo a la guerra? ¿Por qué las niñas y los niños se fueron a la guerra? ¿Por qué terminaron inmersos como actores o como víctimas de múltiples violaciones? ¿Cuáles eran las condiciones en las que vivían en los lugares de incidencia del reclutamiento? ¿Qué tanto acceso a la educación tenían? ¿ A la salud? El país no se lo ha preguntado a fondo”, señaló para Colombia 2020 Marcela Briceño-Donn, coordinadora del informe de Coalico.
Durante su investigación, la JEP enfatizará en la afectación de niños y niñas de pueblos indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, raizales y del pueblo rom que fueron reclutados. La ONIC sostiene que entre 1989 y 2016 se presentaron 540 casos de reclutamiento, lo cual ha generado la pérdida cultural de los pueblos indígenas, además de poner en riesgo la vida e integridad de los menores.
Este documento será remitido a la Corporación Rosa Blanca —conformado por antiguas excombatientes de las Farc que han denunciado la práctica de abortos forzosos en la guerrilla—, a la Alianza por la Niñez Colombiana y a todas las organizaciones que decidan contribuir en este caso.
Lo más doloroso de este fenómeno es el grado de impunidad: de las 4.219 investigaciones por reclutamiento que hay en la Fiscalía solo se han dictado diez sentencias condenatorias.