![Al menos 300 cuerpos de cementerios que estaban ubicados en la zona del mega proyecto Hidroituango, actualmente, están custodiados en el laboratorio de osteología antropológica de la Universidad de Antioquia. / Twitter Universidad de Antioquia](https://www.elespectador.com/resizer/v2/627ORV3L6NB7VESGMKP5PFDREE.jpg?auth=139ea373561fae2c6fff4cb9cd5467b8325e3246080737691f52251891294f4f&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Desde hoy, al menos 300 cuerpos que están custodiados en el laboratorio de osteología antropológica de la Universidad de Antioquia tienen medidas de protección de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo determinó la Sección de Ausencia de Reconocimiento, que tras realizar una serie de inspecciones decidió decretar medidas cautelares al no tener la certeza de que dichos cuerpos sean de personas dadas por desaparecidas.
Los restos óseos hacían parte de los cementerios de la vereda de Orobajo (Sabanalarga), el corregimiento de Barbacoas (Peque) y del poblado La Fortuna (Buriticá), que fueron exhumados por estar en la zona del megaproyecto Hidroituango. Después de una aprobación de la Fiscalía, la Universidad de Antioquia, en el marco de un convenio con Empresas Púbicas de Medellín (EPM), los trasladó hasta su sede.
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Esta medida implica el sellamiento parcial y temporal del laboratorio. Según los magistrados, el objetivo es que los cuerpos sean preservados y conservados. “Con el sellamiento queda restringido el ingreso a algunas zonas del laboratorio, y solo podrá entrar el personal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, agregó la JEP.
La decisión se tomó luego de dos inspecciones a este laboratorio. La primera fue ordenada en la audiencia de Hidroituango, los pasados 8 y 9 de octubre, que investigó por los restos de los desaparecidos en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico. En esta diligencia, “la JEP encontró que el laboratorio no tiene una clasificación, registro y organización documental adecuada de los cuerpos que allí han sido trasladados”.
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El tribunal de paz solo encontró clasificados los restos que provenían del cementerio de Orobajo, pero no los del cementerios de Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá), a pesar de que en la audiencia que realizó la JEP sobre los desaparecidos en la zona de influencia de Hidroituango, Timisay Monsalve, antropóloga de esta universidad y encargada de la exhumación, dijo que se habían trasladado restos desde estos cementerios.
De acuerdo con el auto 076 de 2019, que ordena la medida cautelar, entre los restos que presuntamente provienen de Orobajo había “varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘DISPERSOS’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos, pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los cuales pertenecían”.
Pero esa no es la única preocupación de los togados. En una segunda inspección, realizada el pasado 30 de octubre, los funcionarios de la JEP también encontraron cuerpos provenientes del cementerio El Universal de Medellín, donde podrían encontrarse restos de personas desaparecidas de la comuna 13. En estos momentos, esta justicia evalúa tomar medidas cautelares sobre este campo santo.
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De acuerdo con la JEP, “en esta segunda inspección se encontró que el 23 por ciento de los cuerpos provenientes del cementerio El Universal son de personas cuya muerte, posiblemente, fue por lesiones de causa externa, en forma violenta. Es por esta razón que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decidió decretar la medida cautelar”.
En el auto, los magistrados le ordenaron al Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) la elaboración técnica de un inventario general de los cuerpos hallados en este laboratorio, y un plan de trabajo y protocolo que permita la organización de los cuerpos no identificados que puedan corresponder a víctimas del conflicto armado.
Cabe resaltar que esta es la primera medida cautelar que se toma en el marco de la solicitud de medidas cautelares que solicitó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) por el caso de siete familiares de desaparecidos. En agosto del año pasado, la organización pidió la protección sobre 16 lugares del país, en los cuales "se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado". Entre estos lugares se encuentra la Comuna 13 de Medellín y la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.