Prohibición de exhumaciones e inhumaciones y de traslado de cuerpos son algunas de las medidas tomadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de proteger algunas zonas del Jardín Cementerio Universal de Medellín donde se presume que podrían haber al menos 140 cuerpos de personas que fueron dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en la Comuna 13 de la capital antioqueña.
Según el Auto 110 de 2020, la decisión de decretar la protección a algunas zonas específicas del cementerio se da en el marco de las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en el que se han identificado 17 lugares en todo el país donde se presume que podrían haber cuerpos no identificados.“El Cementerio Universal por muchos años ha sido el lugar de inhumación de hombres y mujeres de escasos recursos económicos o no identificados, cuya muerte se produjo en todo tipo de circunstancias, incluyendo el conflicto armado”, se lee en el documento judicial.
La JEP ordenó detener y prohibir por 120 días las exhumaciones, inhumaciones y el traslado de cuerpos de espacios específicos del cementerio: las zonas 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 29. Estos lugares también deben ser sellados de manera “inmediata”, según la orden judicial. En este mismo auto, la magistratura decretó medida cautelar sobre la información que tiene la administración del cementerio de estas siete zonas, con el fin de que solamente la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tengan acceso a estos documentos mientras avanza la investigación.
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También se le ordenó a la alcaldía de Medellín que realice el arreglo del muro que rodea el Jardín Cementerio Universal porque, según la Jurisdicción, podría representar un riesgo en materia de infraestructura. De hecho, la Secretaría de Inclusión Social, Familiar y de Derechos Humanos del municipio deberá enviar a la UIA toda la información que tengan sobre los procesos de inhumación, exhumación y traslado de cuerpos de víctimas de hechos violentos.
Para verificar el cumplimiento de la medida, se le pidió a la Policía Nacional que realice la custodia permanente de las siete zonas protegidas del cementerio. Todas las medidas tendrán una duración inicial de 120 días; sin embargo, para la información adicional que pueda entregar la Fiscalía y Medicina Legal el plazo será de 30 días a partir de la recepción del documento.
Otra de las problemáticas que evidenció la JEP en su investigación es que la información y registro que ha llevado el cementerio sobre los cuerpos no es precisa y no ofrece certeza sobre el número de personas no identificadas que han sido inhumadas o que están enterradas en ese lugar. “A esta situación se suma que el Cementerio Universal ha hecho entrega de cuerpos a instituciones educativas para efectos de investigación, sin que pueda descartarse debidamente que allí se encuentran cuerpos no identificados de personas que fueron víctimas del conflicto armado y, particularmente, del delito de desaparición forzada. Así lo pudo corroborar la JEP en las diligencias realizadas en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, donde ya se tomaron medidas cautelares, y donde se encontraron cuerpos provenientes del cementerio Universal, cuya muerte fue por lesiones de causa externa, en forma violenta”, se menciona en el documento de la Jurisdicción.
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Incluso, el pasado 8 de julio, la JEP dio un ultimátum a la alcaldía de Medellín, Fiscalía y al Dane para entregar, en un plazo máximo de 10 días, información solicitada por el tribunal para la paz sobre los 108 cuerpos de personas que habrían sido desaparecidas en la Comuna 13 pero que no han sido identificadas todavía.
Esta decisión llega después de la medida de protección inmediata que decretó la misma sección este jueves, 30 de julio, sobre el cementerio alterno de El Copey (Cesar), en donde se presume que podrían haber cuerpos no identificados de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que fueron expuestos tras excavaciones hechas por la alcaldía de ese municipio para enterrar víctimas del COVID-19, según un video que reveló la Comisión Colombiana de Juristas.