La magistrada Alexandra Sandoval, actual presidenta de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y coordinadora de la Comisión de Género del alto tribunal, fue una de las participantes de la Semana de la Justicia de La Haya, un espacio de intercambio entre jueces y juezas, fiscales, académicos, estudiantes y periodistas de varios países del mundo en el que se discute sobre el futuro y los desafíos de la justicia.
“Tengo 40 años y nunca he vivido en un país en paz. Tenía tres años cuando mi padre y 100 personas más fueron asesinados por la guerrilla del M-19 tras la toma del Palacio de Justicia y el Ejército respondió con una retoma aún más desproporcionada”. Esa fue la frase con la que inició una de las charlas del evento en la que estuvo como invitada y en la que contó la dolorosa historia de su padre, Emiro Sandoval, magistrado auxiliar de Alfonso Reyes Echandía, y quien perdió la vida en la toma del Palacio, en noviembre de 1985.
Además, habló de su trabajo en la JEP y lo que ha implicado para el país que ese tribunal le apueste a la justicia restaurativa. En la charla, Sandoval respondió las inquietudes del público, que calificó como único el Acuerdo de Paz que logró el Gobierno colombiano con la extinta guerrilla de las FARC.
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Al tiempo de ese evento, el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitaba Colombia para anunciar que ahora ese tribunal tendrá una oficina en el edificio de la JEP en Bogotá y que, a su vez, esta entidad de justicia transicional ganaba un espacio en la sede oficial de la Corte en La Haya (Países Bajos).
Justamente desde esa ciudad, Sandoval respondió algunas preguntas sobre la importancia de ese anuncio, la apertura del macrocaso de violencia sexual y el alcance de la reciente declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Estamos en La Haya en el momento en el que, tras la visita de Karim Khan, fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), se anunció que ese tribunal tendrá oficina en Colombia. ¿Qué significa esto para el país y para la JEP?
El cierre de la situación (se refiere a la decisión de octubre de 2021 en la que la CPI cerró el examen preliminar por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia que tenía abierto desde 2004. Ese cierre obedeció a que, según esa corte, el país tiene un buen funcionamiento de la justicia ordinaria y la justicia transicional) se dio bajo un concepto que usa la Corte Penal Internacional que se llama la complementariedad positiva y es esta idea de que la Corte Penal Internacional no debe o no entra a los Estados si los Estados están dando respuestas efectivas. Parte del cierre de la situación que llevaba 17 años en Colombia se dio por un reconocimiento de que lo que estaba haciendo la justicia transicional, tanto Justicia y Paz como la Jurisdicción Especial para la Paz, y la justicia ordinaria en Colombia era efectiva y por eso se cerraba la situación.
Pero dentro de esta idea de complementariedad positiva se contempla que la CPI pueda, a través de su conocimiento, de sus experiencias, apoyar a la justicia en Colombia para que cumpla con su misión, pero también que tengamos un diálogo porque la JEP y Justicia y Paz tienen mucho que mostrar hacia afuera. De eso se trata el acuerdo que se firmó, que es una ruta de trabajo sobre cómo nos vamos a relacionar, cuáles son los puntos donde va a haber apoyo, cuáles son los diálogos que se van a dar.
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La Haya es conocida como la ciudad de la paz y la justicia, pero hay algunos tribunales, como por ejemplo el de Kosovo, cuyas sanciones a víctimas se remiten solamente a compensaciones económicas. En una de las charlas mucha gente le preguntaba por el tema de reparación. ¿Ha sido tan único en el mundo el Acuerdo de Paz de Colombia en ese sentido?
Mi respuesta sería sí y no. Realmente nosotros tenemos en Colombia una idea de reparación integral en parte por el Sistema Interamericano. Al final lo que pasa es que hay un montón de diálogos entre todos los tribunales contando a los internacionales e internos y un compartir de estándares. Por ese lado te diría que sí.
Te diría que no porque en Colombia durante muchos años la sanción o la reparación se lanzaba como pecuniaria. Pero es cierto que con el Acuerdo de Paz y hoy en día nos es rarísimo pensar en que solo le van a dar dinero a la gente porque uno dice, ¿dónde está la rehabilitación? ¿Dónde está la satisfacción? ¿Dónde están los simbólico? Pero creo que es un diálogo que va y viene. Pero sí, ahora nosotros podemos ser un referente para que otros vean lo que hicimos.
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Usted coordina la Comisión de Género de la JEP. La Procuraduría interpuso una tutela para que la jurisdicción por fin dé apertura al macrocaso de violencia sexual. ¿Por qué ha sido tan demorado ese asunto?
En la Comisión de Género lo que hacemos es una coordinación y articulación de toda la magistratura, de la UIA (Unidad de Investigación y Acusación) y del GRAI (Grupo de Análisis de la Información) para lograr la implementación de enfoque de género. Dicho eso, la decisión de abrir el caso es de la Sala de Reconocimiento que ya hace sacó una resolución en la que empezó la fase de concentración, es decir, el periodo previo a la apertura del caso. La misma sala de reconocimiento ya ha manifestado en diversos espacios que están trabajando en el borrador de la apertura del caso. Entonces la pregunta sobre si se va a abrir es que muy posiblemente sí. Se está trabajando para eso, han avanzado un montón.
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Esto es necesario no solo para cumplir con obligaciones de derecho internacional, sino porque también el caso de violencias basados en género, incluida la violencia sexual tiene un poder simbólico para las víctimas, pero también para el movimiento de mujeres y de población LGBTIQ y este ha sido un reclamo que se hizo desde la mesa en La Habana de la importancia de visibilizar este tipo de violencias en nuestro conflicto. Ha sido un proceso para ellas traer los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la información y solicitar la apertura del macrocaso. Entonces creo que es también reconocimiento a lo que el movimiento ha hecho.
Hace unas semanas el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso entregó un testimonio ante la JEP que muchos han calificado como el más duro de él a ese tribunal. Ustedes ya habían negado la entrada de Mancuso a la jurisdicción. ¿Qué sigue en este proceso para saber si admite o no el sometimiento?
Lo que ordenó la Sección de Apelación fue una audiencia única para determinar si hay un aporte de verdad extraordinario y si es posible establecer que el señor Mancuso fungió como un engranaje. Ahora la Sala de Definición, que fue la que recibió la audiencia, tendrá que determinar si lo que pidió la Sección de Apelación se cumplió o no para aceptar o no el sometimiento de Mancuso.
Dentro de su testimonio, Mancuso habló sobre muchos militares y exmilitares. Entendiendo el funcionamiento de la JEP sobre las características de sus comparecientes, ¿podrían ser llamados algunos de ellos?
No me quiero adelantar a lo que va a pasar. Se pueden llamar a los militares porque son comparecientes forzosos, sí. Toca ver qué decide la Sala de Definición.
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Mancuso también habló en su audiencia sobre los desaparecidos binacionales en la frontera con Venezuela. ¿La JEP podría contemplar abrir una investigación sobre ese tema?
En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) va a depender de si se da o no el sometimiento de Mancuso. Hay que esperar la decisión.
Hace unos días, en Colombia+20 publicamos un artículo sobre una denuncia que hacía un firmante de paz quien dijo que la JEP le abrió un incidente de incumplimiento porque “no contestó el teléfono”. La resolución de hecho fue expedida por la Sala de Amnistía e Indulto que usted preside. ¿Qué pasó en este caso?
Los y las comparecientes tienen ciertas obligaciones y una de ellas es que tienen que acudir a los llamados de la Jurisdicción siempre que se les llama. Obviamente nosotros entendemos que hay muchos que vienen en territorios que están lejos pero si después de muchos intentos no aparecen, se abre el incidente. Es lo que ocurrió en ese caso. Pero ojo porque eso no significa necesariamente que se les vaya a sancionar o se les vaya a sacar porque eso depende del tipo de incumplimiento. Es ahí cuando se toman las decisiones.
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Pero en ese caso el compareciente decía que el solo hecho de abrir el incidente de incumplimiento lo estaba poniendo en riesgo. De hecho afirmaba que mucha gente estaba asumiendo que se había ido a las disidencias...
No me sé la particularidad del caso, pero digamos que no es algo poco común porque lo cierto es que nosotros hacemos si monitoreamos que aparezcan y demás. Pero, de nuevo, abrir el incidente no significa que va a ser necesariamente sancionado y menos si ya apareció sí. Ahí será el o la magistrada que tiene el caso quien tendrá que valorar y sacar una decisión sobre el incidente.
Hablemos de las sanciones propias que están por salir de los macrocaso 01, 03 y 05 desde el Tribunal de Paz de la JEP, ¿qué podemos esperar y cuándo está presupuestado que se conozcan?
Sobre los tres ya hay resolución de conclusiones y lo que se viene ahora es el proceso dialógico participativo que empieza en la Sala de Reconocimiento para establecer las sanciones. Están avanzando en eso.
¿Pero se van a poder conocer antes de final de año?
Me da miedo dar una fecha. Son procesos complejos justamente porque son procesos participativos.
*Con invitación de la embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia