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Es oficial: la Corte Penal Internacional (CPI) aterriza en Colombia. El fiscal en jefe de este organismo internacional, Karim Khan, se encuentra de visita en el país para anunciar que ahora tendrá una oficina en el edificio en Bogotá de la Jurisdicción Especial para las Paz (JEP) y, esta entidad de justicia transicional, también gana un espacio en la sede oficial de la Corte en La Haya (Países Bajos).
Al anuncio oficial se conocerá esta tarde, en una rueda de prensa que tiene planeada la JEP con la delegación de la CPI, pero este diario pudo confirmar que es un hecho la llegada de la Corte a Colombia. Su objetivo principal es, precisamente, fortalecer y apoyar el trabajo de la JEP. El aterrizaje de este organismo internacional ya lo había pedido el presidente de la jurisdicción especial, el magistrado Roberto Vidal.
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En marzo pasado, el togado presentó en La Haya una propuesta formal en la que planteó la posibilidad de trabajar en terreno con la CPI y utilizar “equipos y técnicas conjuntas sobre problemas que son tan difíciles en Colombia como aquí en La Haya, que son problemas del derecho penal internacional en su conjunto”. Por su parte, la fiscalía a cargo de Khan, presentó su propio plan.
En su momento, la CPI estaba interesada en la posibilidad de que el caso colombiano “pudiera servir para un intercambio de conocimientos con otros casos en curso” sobre los temas de responsabilidad de los Estados ante la Corte y cómo estos pueden asumir sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma, el tratado que le dio vida a la Corte en 1998.
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Los antecedentes de la llegada de la JEP a Colombia
Aunque la propuesta de Vidal se concretó en marzo de este año, lo cierto es que desde hace meses se venía gestando una alianza con la CPI. En realidad, su génesis se remonta a octubre de 2021, cuando Corte cerró el expediente preliminar que tenía Colombia desde 2004. La decisión se selló en un acuerdo en el que el Gobierno se comprometió a cumplir una serie de condiciones.
La más importante, y donde está el centro del debate, habla sobre su compromiso de no afectar la institucionalidad creada a partir del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. En concreto, respaldar el trabajo de la (JEP), al que ahora se suma la CPI con su propia sede en el país. De entrada, esto no significa que la Corte tendrá jurisdicción sobre expedientes.
La presencia de la CPI en Colombia tiene un mandato claro: dar apoyo técnico a las autoridades judiciales colombianas en las investigaciones que adelanta esta jurisdicción especial. De acuerdo con analistas consultados por El Espectador, la idea de esta oficina es fortalecer mecanismos entre las jurisdicciones nacionales y la CPI.
“No es que la Fiscalía de la CPI venga a enseñar; llega a nutrirse de los dos procesos adelantados acá y a colaborar. Colombia está en medio de procesos de macrocriminalidad, que requieren procesos especiales de investigación”, explicó un experto.
“La JEP usa el estatuto de Roma y mecanismos internacionales y locales para adelantar su tarea. Lo que se espera que suceda aquí es que los equipos de La Haya se trasladen a Colombia para aprender las técnicas de estos grandes casos y los colombianos van a La Haya para aprender de lo que ha hecho la CPI de casos internacionales. Es una tarea complementaria”, agregó otro analista.
Así las cosas, se espera que las cabezas de las entidades protagonistas de esta histórica decisión entreguen esta tarde los detalles de los alcances, misiones y objetivos del aterrizaje de la Corte Penal Internacional en Colombia.
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