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Dentro del trámite de las medidas cautelares para proteger la vida y derechos fundamentales de los excombatientes de las Farc, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) requirió al consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, y al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez que cumplan con una serie de órdenes para evitar más asesinatos de los firmantes de la paz.
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Al consejero Archila le pidió que adopte e implemente el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, además de garantizar los recursos administrativos y financieros necesarios para hacerlo sostenible. Al director de la UNP, Alfonso Campo, le exigió la presentación de un plan de acción y una estrategia para evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes.
La JEP también solicitó “que se lleve a cabo el nombramiento y término de contratación de los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción, se destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 y se realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las Farc-EP”.
El no cumplimiento de las órdenes dadas por los magistrados conllevaría a sanciones para los altos funcionarios públicos, de acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Paz a través de un comunicado.
De acuerdo con información del Partido Farc, más de 256 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados desde 2016. Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento, los excombatientes no han recibido la atención suficiente por parte de las entidades responsables para prevenir la afectación de sus derechos y proteger su vida.
Este 21 de enero, justamente al Misión de Verificación de la ONU presentó su informe trimestral sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Allí quedó en manifiesto la preocupación de los países miembros por el asesinato y amenazas contra excombatientes y líderes sociales y exhortaron al Gobierno nacional a implementar las medidas necesarias para evitar que sigan ocurriendo y se dé con los responsables de los crímenes.
El consejero Archila respondió en la misma tarde del jueves que con respecto a la seguridad para excombatientes la proporción es de un policía por cada 10 exguerrilleros, sin contar efectivos del Ejército y la Unidad Nacional de Protección.
“Tenemos además 272 esquemas de seguridad para las personas en proceso de reincorporación, y trabajamos de manera articulada con la Unidad Especial de la Fiscalía, la cual es 50% más efectiva que el resto de la entidad; pero no pararemos frente a la seguridad: el objetivo es que haya cero muertos, cero ataques”, resaltó.
La JEP argumentó su decisión a partir de los análisis de los informes de cumplimiento presentados dentro de las medidas cautelares por el consejero y director de la UNP y por la violencia en contra de esta población que, a pesar de las medidas explicadas por el Gobierno, sigue en aumento.