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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de un comunicado de prensa, expresó su “preocupación por la situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos ocurridos en los últimos días en varias ciudades del país, en particular en Bogotá, Cali, Medellín y Pasto”. Y también hizo un llamado “para que, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, se promueva una reforma profunda de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano”.
El Tribunal para la Paz recordó que “la justicia transicional se caracteriza, entre otras cosas, por pretender la no repetición de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado colombiano, en cualquiera de sus manifestaciones”, y por eso se atreve a hacer esta petición. Además, resaltó la necesidad de investigaciones “para que los responsables de estos hechos contrarios a la ley sean debidamente juzgados”.
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La JEP también recordó que “la protesta debe ser pacífica y la respuesta institucional a los esporádicos actos de violencia de parte de algunos manifestantes debe darse en el marco de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, plenamente aplicable en Colombia”.
En su comunicado también manifestó su preocupación por las denuncias de diferentes entidades y organizaciones respecto al homicidio de decenas de ciudadanos; las informaciones sobre personas desaparecidas, según Defensoría del Pueblo (la entidad reportó al menos 88) y las organizaciones sociales (hablaron de más de 170), y los actos de violencia sexual también denunciados, “que muestran un cuadro intolerable de violaciones a los derechos humanos”.
“El Estado colombiano y la fuerza pública tienen el deber de garantizar un contexto en el cual todas las personas puedan ejercer libremente sus derechos, incluido el derecho a protestar en contra de ese mismo Estado del cual hacen parte. Los ciudadanos, en cambio, deben poder movilizarse y formular reclamos, de manera pacífica y respetuosa del otro”, dijo la JEP
Finalmente, hizo un último llamado a la sociedad “a tomarse en serio el proceso transicional que inició con la firma del Acuerdo Final para la Paz, y que debe llevar a sustituir, y a exigir que se sustituya, la violencia por otras formas de resolución de los conflictos”. Los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos, según la JEP, son incompatibles con el Estado Social de Derecho, en el que debe primar la vida.