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Cinco días tiene la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para sustentar por qué pidió proteger los bienes de las Farc, asegurando que están en riesgo de perderse. Así lo dejó claro el magistrado del Tribunal para la Paz, Alejandro Ramelli, cuando en un auto asumió el conocimiento de este caso y pidió más explicaciones al respecto.
El director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, pidió hace unos días que se realice una diligencia oral para imponer medidas cautelares a los bienes de la exguerrilla, que servirán para reparar a las víctimas. La antigua guerrilla los entregó el 15 de agosto de 2017 y están avaluados en $963.241 millones.
Como lo contó Colombia2020, el pasado 12 de febrero, Pastor Alape le envió una solicitud de 16 páginas a Álvarez, en la cual le pidió la adopción de medidas cautelares de protección para asegurar los bienes de la antigua insurgencia. El argumento era que las disidencias, el Eln y otros grupos ilegales están detrás de las caletas con dinero en efectivo y oro.
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“Los exmiembros de las Farc-Ep hemos advertido que en varias zonas del país existe riesgo de pérdida de los bienes por la dificultad de custodia de estos, pues ya estamos desarmados y sin capacidad de protección de los bienes en áreas de influencia de la disidencia y demás grupos al margen de la ley”, recalcó Alape en la carta, insistiendo en la necesidad de que el Estado agilice la recolección de dichos bienes.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE), designada para recibir, administrar y distribuir esos recursos, tan sólo ha recuperado $21.735 millones de los $963.241 millones, que están representados en oro, dinero en efectivo y ganado.
La recuperación de esos bienes empezó el 22 de septiembre de 2017, con la recolección de 197 gramos de platino, $1.000 millones en efectivo y 32.525 gramos de oro, equivalentes a $3.602 millones. Ese primer operativo se desarrolló, con apoyo del Ejército y la Policía, en la vereda Llano Grande del municipio de Dabeiba (Antioquia), previa entrega de las coordenadas por parte de los excombatientes a los funcionarios de la SAE.
Al término de este plazo, y una vez entregada esta documentación, el Tribunal para la Paz decidirá si acepta estas razones y cita a una diligencia que busque proteger los bienes con los que se espera reparar a las víctimas.