Ni con protección de la JEP cesan amenazas a responsable de “falsos positivos”
A José Jairo Cruz, soldado condenado por participar en una ejecución extrajudicial en octubre de 2004, en Florencia (Caquetá), le reintegraron el esquema de seguridad que le fue removido hace tres meses por directriz de la JEP. En ese lapso, fue blanco de amenazas contra su vida y de un secuestro. Las autoridades investigan si los responsables están relacionados con los militares que él delató ante el tribunal de paz.
Camilo Pardo Quintero
El 24 de noviembre de 2021, José Jairo Cruz quería llegar a Popayán para salvar su vida. Desde que le retiraron su esquema de seguridad en la última semana del pasado octubre, el soldado condenado por estar involucrado en una ejecución extrajudicial perpetrada el 8 de octubre de 2004 en Florencia (Caquetá) dice estar intranquilo por amenazas constantes contra él y su familia.
“Los que me quieren hacer daño también estuvieron involucrados en “falsos positivos” y dicen que me van a matar “por sapo”, por entregar relatos voluntarios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y querer resarcirme ante las víctimas”, le dijo el soldado a este diario.
Para llegar a la capital caucana, Cruz salió en moto a primera hora de ese día desde El Agrado (Huila), con una persona a la que identificó como su padrino, hacia Garzón, en el mismo departamento, para recoger un par de enseres y despedirse de un par de familiares. Sin embargo, estando en carretera fue interceptado por una camioneta y una motocicleta, de las cuales bajaron hombres armados que lo golpearon y posteriormente lo raptaron para llevarlo a un destino incierto.
“También hirieron a mi acompañante y durante los segundos que me bajaron de la moto para subirme a la camioneta me dijeron que me iban a asesinar y a sacar las verdades que le había dicho a la JEP. Pasadas unas 10 horas después del rapto logré liberarme y me escapé para denunciar lo sucedido ante las autoridades”, narró Cruz Vaca.
Contexto de la historia: El pánico de un soldado que contó verdades de “falsos positivos” en Caquetá
Ese hecho fue reportado en la Policía y en la Fiscalía General de la Nación, dentro de una denuncia por secuestro simple. Ese suceso también fue la causal para que Cruz interpusiera una acción de tutela para solicitar formalmente el reintegro de su esquema de seguridad. Dicho documento fue radicado el 26 de noviembre de 2021 y a las pocas horas el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del municipio de Garzón lo remitió a la JEP.
El tribunal, como explicó este diario, decidió, en su momento, por medio de la Unidad de Investigación y Acusación reducirle y, posteriormente, retirarle el esquema al soldado Cruz alegando en un auto que “no ha sido citado a rendir versión y el compromiso claro, concreto y programado, que le ha solicitado la Magistratura, no ha sido cumplido a cabalidad”. En otras palabras, en octubre no encontraron relación directa entre su comparecencia y las amenazas que él denunció. La entidad refirió, además, que Cruz se encontraba “dentro de un entorno socialmente soportable”.
De a poco, las semanas le fueron dando la razón a Cruz, en la medida que él sí se encontraba en una situación vulnerable y a merced de personas que lo quieren callar por contar verdades de “falsos positivos” efectuados por las fuerzas militares, entre 2003 y 2006, en el sur del país.
Los giros en el caso
El secuestro del soldado retirado fue el quid para que la JEP y la Unidad Nacional de Protección replantearan la posibilidad de volverle a asignar un esquema de seguridad. Cruz se sometió a la JEP en 2019 y allí narró hechos que pusieron a temblar a militares, desde soldados rasos hasta comandantes, involucrados en las más de 300 ejecuciones extraoficiales que se presentaron en Caquetá durante el conflicto armado.
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Ante el tribunal contó verdades aterradoras que, si bien aún carecen de algunos cabos para que las investigaciones judiciales tengan mayor alcance, para la JEP están en condiciones de “realizar importantes aportes a la verdad sobre las acciones desplegadas por la Brigada 12 del Ejército Nacional”, como está escrito en un expediente emitido el 9 de diciembre de 2021.
En los últimos dos meses, Cruz ha tenido tres entrevistas para reevaluación de riesgo de su integridad y el resultado de ellas no han estado a su favor. De hecho, eso lo llevó a solicitar su retiro de la JEP en el mes de noviembre, para terminar de cumplir los ocho meses de condena que le restan en justicia ordinaria.
Sin embargo, esa solicitud fue desestimada por la Jurisdicción, quien reiteró en la Resolución 5808 del 9 de diciembre de 2021 que “no es posible acceder a ello pues como se le indicó en la Resolución 1895 de 2021, se debe tener de presente que desde el momento en el que decidió someterse a la JEP, le fue informado que dicho sometimiento es integral, es decir, comprende todas las conductas en que hubiera participado por causa o con ocasión del conflicto armado, que conozca o hayan conocido la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales; además de irreversible, lo que implica que luego del sometimiento no puede retirarse de la jurisdicción transicional y los compromisos deben ejecutarse en forma absoluta ante todos los órganos de la JEP, so pena de perder los beneficios, entre los que se encuentra el ingreso a esta jurisdicción”.
En ese mismo documento emitido por la JEP, también se dio paso para que el tribunal estudiara más de fondo la tutela interpuesta por Cruz y su abogado, en la que expusieron por qué el militar retirado debía contar de nuevo con medidas de seguridad. Se le pidió a la UIA y a la Unidad Nacional de Protección seguir de cerca el caso para volver a hacer un estudio riguroso que dictaminara si la vida de Cruz podía estar en un riesgo genuino.
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Pasó una semana y media y el 17 de diciembre de 2021, la JEP publicó una sentencia en la que resolvió, a partir de factores como el derecho fundamental a la seguridad personal, que luego de las valoraciones de riesgo a José Jairo Cruz, la UIA debía reestablecerle su esquema de seguridad en un plazo máximo de cinco días hábiles después de radicar el documento.
Como esa decisión no fue impugnada ni remitida a la Corte Constitucional, Cruz cuenta con un esquema de seguridad desde el pasado 27 de diciembre de 2021y se encuentra a puertas de narrar otras verdades pendientes ante el tribunal de paz. Según pudo conocer este diario, la única diferencia entre este mecanismo de protección con el esquema que Cruz tuvo hasta octubre de 2021, es que se le asignó un vehículo no blindado, con las demás disposiciones de un “esquema tipo 2″, es decir, dos guardaespaldas armados, chaleco antibalas y dispositivo de comunicación.
En Garzón (Huila) siguen poniéndole precio a la cabeza de Cruz, según él mismo lo ha manifestado. Aún con un esquema de seguridad a su servicio, el soldado condenado no se siente a salvo y no puede quedarse en un mismo sitio. “No me siento a salvo nunca y siempre pienso que lo peor puede sucederme de forma inminente”, aseguró.
Su vida se volvió la de un nómada por obligación. Su proceso como compareciente sigue en pie ante la JEP, con miras a un 2022 en el que seguirá aportando relatos sobre cómo fue el accionar de la Brigada 12 del Ejército y, específicamente, del Batallón General Liborio Mejía y del Batallón de Infantería de Selva 34, durante las campañas de ejecuciones extrajudiciales que hicieron de Caquetá el tercer departamento con más crímenes de este tipo durante el conflicto armado.
El 24 de noviembre de 2021, José Jairo Cruz quería llegar a Popayán para salvar su vida. Desde que le retiraron su esquema de seguridad en la última semana del pasado octubre, el soldado condenado por estar involucrado en una ejecución extrajudicial perpetrada el 8 de octubre de 2004 en Florencia (Caquetá) dice estar intranquilo por amenazas constantes contra él y su familia.
“Los que me quieren hacer daño también estuvieron involucrados en “falsos positivos” y dicen que me van a matar “por sapo”, por entregar relatos voluntarios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y querer resarcirme ante las víctimas”, le dijo el soldado a este diario.
Para llegar a la capital caucana, Cruz salió en moto a primera hora de ese día desde El Agrado (Huila), con una persona a la que identificó como su padrino, hacia Garzón, en el mismo departamento, para recoger un par de enseres y despedirse de un par de familiares. Sin embargo, estando en carretera fue interceptado por una camioneta y una motocicleta, de las cuales bajaron hombres armados que lo golpearon y posteriormente lo raptaron para llevarlo a un destino incierto.
“También hirieron a mi acompañante y durante los segundos que me bajaron de la moto para subirme a la camioneta me dijeron que me iban a asesinar y a sacar las verdades que le había dicho a la JEP. Pasadas unas 10 horas después del rapto logré liberarme y me escapé para denunciar lo sucedido ante las autoridades”, narró Cruz Vaca.
Contexto de la historia: El pánico de un soldado que contó verdades de “falsos positivos” en Caquetá
Ese hecho fue reportado en la Policía y en la Fiscalía General de la Nación, dentro de una denuncia por secuestro simple. Ese suceso también fue la causal para que Cruz interpusiera una acción de tutela para solicitar formalmente el reintegro de su esquema de seguridad. Dicho documento fue radicado el 26 de noviembre de 2021 y a las pocas horas el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del municipio de Garzón lo remitió a la JEP.
El tribunal, como explicó este diario, decidió, en su momento, por medio de la Unidad de Investigación y Acusación reducirle y, posteriormente, retirarle el esquema al soldado Cruz alegando en un auto que “no ha sido citado a rendir versión y el compromiso claro, concreto y programado, que le ha solicitado la Magistratura, no ha sido cumplido a cabalidad”. En otras palabras, en octubre no encontraron relación directa entre su comparecencia y las amenazas que él denunció. La entidad refirió, además, que Cruz se encontraba “dentro de un entorno socialmente soportable”.
De a poco, las semanas le fueron dando la razón a Cruz, en la medida que él sí se encontraba en una situación vulnerable y a merced de personas que lo quieren callar por contar verdades de “falsos positivos” efectuados por las fuerzas militares, entre 2003 y 2006, en el sur del país.
Los giros en el caso
El secuestro del soldado retirado fue el quid para que la JEP y la Unidad Nacional de Protección replantearan la posibilidad de volverle a asignar un esquema de seguridad. Cruz se sometió a la JEP en 2019 y allí narró hechos que pusieron a temblar a militares, desde soldados rasos hasta comandantes, involucrados en las más de 300 ejecuciones extraoficiales que se presentaron en Caquetá durante el conflicto armado.
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Ante el tribunal contó verdades aterradoras que, si bien aún carecen de algunos cabos para que las investigaciones judiciales tengan mayor alcance, para la JEP están en condiciones de “realizar importantes aportes a la verdad sobre las acciones desplegadas por la Brigada 12 del Ejército Nacional”, como está escrito en un expediente emitido el 9 de diciembre de 2021.
En los últimos dos meses, Cruz ha tenido tres entrevistas para reevaluación de riesgo de su integridad y el resultado de ellas no han estado a su favor. De hecho, eso lo llevó a solicitar su retiro de la JEP en el mes de noviembre, para terminar de cumplir los ocho meses de condena que le restan en justicia ordinaria.
Sin embargo, esa solicitud fue desestimada por la Jurisdicción, quien reiteró en la Resolución 5808 del 9 de diciembre de 2021 que “no es posible acceder a ello pues como se le indicó en la Resolución 1895 de 2021, se debe tener de presente que desde el momento en el que decidió someterse a la JEP, le fue informado que dicho sometimiento es integral, es decir, comprende todas las conductas en que hubiera participado por causa o con ocasión del conflicto armado, que conozca o hayan conocido la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales; además de irreversible, lo que implica que luego del sometimiento no puede retirarse de la jurisdicción transicional y los compromisos deben ejecutarse en forma absoluta ante todos los órganos de la JEP, so pena de perder los beneficios, entre los que se encuentra el ingreso a esta jurisdicción”.
En ese mismo documento emitido por la JEP, también se dio paso para que el tribunal estudiara más de fondo la tutela interpuesta por Cruz y su abogado, en la que expusieron por qué el militar retirado debía contar de nuevo con medidas de seguridad. Se le pidió a la UIA y a la Unidad Nacional de Protección seguir de cerca el caso para volver a hacer un estudio riguroso que dictaminara si la vida de Cruz podía estar en un riesgo genuino.
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Pasó una semana y media y el 17 de diciembre de 2021, la JEP publicó una sentencia en la que resolvió, a partir de factores como el derecho fundamental a la seguridad personal, que luego de las valoraciones de riesgo a José Jairo Cruz, la UIA debía reestablecerle su esquema de seguridad en un plazo máximo de cinco días hábiles después de radicar el documento.
Como esa decisión no fue impugnada ni remitida a la Corte Constitucional, Cruz cuenta con un esquema de seguridad desde el pasado 27 de diciembre de 2021y se encuentra a puertas de narrar otras verdades pendientes ante el tribunal de paz. Según pudo conocer este diario, la única diferencia entre este mecanismo de protección con el esquema que Cruz tuvo hasta octubre de 2021, es que se le asignó un vehículo no blindado, con las demás disposiciones de un “esquema tipo 2″, es decir, dos guardaespaldas armados, chaleco antibalas y dispositivo de comunicación.
En Garzón (Huila) siguen poniéndole precio a la cabeza de Cruz, según él mismo lo ha manifestado. Aún con un esquema de seguridad a su servicio, el soldado condenado no se siente a salvo y no puede quedarse en un mismo sitio. “No me siento a salvo nunca y siempre pienso que lo peor puede sucederme de forma inminente”, aseguró.
Su vida se volvió la de un nómada por obligación. Su proceso como compareciente sigue en pie ante la JEP, con miras a un 2022 en el que seguirá aportando relatos sobre cómo fue el accionar de la Brigada 12 del Ejército y, específicamente, del Batallón General Liborio Mejía y del Batallón de Infantería de Selva 34, durante las campañas de ejecuciones extrajudiciales que hicieron de Caquetá el tercer departamento con más crímenes de este tipo durante el conflicto armado.