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Jurisdicción Especial para la Paz
A tres años y medio de que el Tribunal de Paz arrancara en Colombia, ya se emitieron las primeras decisiones en los casos de secuestro, ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos” y reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado por parte de las Farc. En los dos primeros casos ya hubo imputaciones a algunos de los responsables que, en el escenario más complejo, terminaron siendo remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la JEP, para que se contemplen juicios adversariales.
Secuestro
En el caso 01 de “Toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad”, la JEP lo primero que determinó es que en el país hay, por lo menos, 21.396 víctimas de secuestro por parte de las Farc. El 26 de enero, a través del Auto No. 19 de 2021, la magistratura imputó crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a ocho exintegrantes del secretariado de las Farc, entre los que están Rodrigo Londoño, Pastor Lisandro Alape, Pablo Catatumbo, entre otros. Este fue el primer documento después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, que atribuía responsabilidades a los máximos actores del conflicto armado en Colombia.
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Esta decisión, en cabeza de la magistrada Julieta Lemaitre, también manifestó que en la práctica del secuestro se cometieron homicidios, torturas, desapariciones, violencia sexual, desplazamientos forzados y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que luego fueron catalogados por la JEP como esclavitud. Esto último generó polémica entre los firmantes de la paz que aunque no niegan los hechos perpetrados, unánimemente han rechazado esa categorización por afirmar que a las personas en cautiverio no se les obligó a realizar trabajos forzados.
Dos meses después de la imputación, el exsecretariado aceptó los cargos imputados y la investigación ahora avanza para esclarecer la responsabilidad de los mandos medios de la otrora guerrilla. Sebastián Arismendy, hijo de Héctor Fabio Arismendy, uno de los 11 diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados en 2007, asegura que es necesario que la Jurisdicción le exija más a los exFarc para que “aporten más verdad y acepten temas más duros y específicos del secuestro, porque no pueden ser tan permisivos en aceptar respuestas tan genéricas”.
Falsos positivos
En el caso 03 (Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado), la JEP emitió el 18 de febrero el Auto 033 de 2021 en el que definió a Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare, Meta y la región de Costa Caribe como zonas priorizadas del país para comenzar a investigar este fenómeno. Este documento fue polémico, entre otras cosas, porque fue el que reveló que, según el contraste de bases de datos oficiales y de organizaciones sociales, en Colombia habría por lo menos 6.402 víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008, justo en los períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.
Este ha sido quizás el caso más difícil de desenredar porque el grado de reconocimiento de responsabilidades por parte de militares ha sido casi nulo. En julio de este año, la JEP imputó a 15 miembros del Ejército que pertenecieron al Batallón de Artillería La Popa (Cesar). En ese mismo mes, también se dieron las imputaciones de otros 10 militares y un civil por al menos 120 casos ocurridos en el Catatumbo (Norte de Santander).
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El 11 de diciembre, 21 exmilitares reconocieron su responsabilidad en el crimen. Algunos pidieron perdón por lo sucedido, como fue el caso del general (r) Paulino Conrado, excomandante de la Brigada 30 (en Norte de Santander). Sobre este caso, Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que representa a víctimas de crímenes de Estado señaló que “las decisiones más importantes han sido para rangos intermedios, por no decir solo rangos bajos de esa cadena de mando; sin embargo, es relevante destacar que la JEP logró determinar las áreas geográficas y unidades militares donde se concentraron los casos, algo que no había pasado en la justicia ordinaria por la alta impunidad que había de este delito”.
Entre noviembre y lo que va de diciembre, la JEP decidió enviar a los coroneles (r) Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz Mahecha, -imputados como máximos responsables por el asesinato de al menos 127 personas en el Batallón La Popa- a la Fiscalía de la JEP para que enfrenten procesos de juicio adversarial, ya que negaron su responsabilidad y conocimiento de este crimen. En este punto del proceso, la Unidad de Investigación y Acusación, que ya tiene sus casos, será quien decida qué tipo de pena deben pagar, en caso de hallarlos responsables.
Comisión de la Verdad
La noticia más importante para la Comisión de la Verdad este año fue que su mandato se amplió nueve meses por decisión de la Corte Constitucional, luego de que víctimas y organizaciones de derechos humanos argumentaran que la pandemia le impidió recoger los testimonios esenciales para su informe final. Su mandato irá hasta el 27 de junio de 2022, con un periodo de dos mes adicionales para la socialización de este documento.
En 2021, cuatro expresidentes acudieron de manera voluntaria a esta entidad para dar sus testimonios sobre cómo enfrentaron el conflicto durante sus mandatos. El 11 de junio estuvo Juan Manuel Santos quien reconoció la gravedad de los mal llamados “falsos positivos” y pidió perdón a las familias de las víctimas.
El 16 de agosto se dio el encuentro con Álvaro Uribe, impensable hasta ese día por el rechazo que ha manifestado hacia el Acuerdo de Paz que firmó Santos con las Farc. Aun sin reconocer la legitimidad de la Comisión de la Verdad, recibió en su finca en Rionegro (Antioquia) al padre Francisco de Roux y los comisionados Lucía González y Leyner Palacios. Hablaron también de los “falsos positivos”, las convivir y el papel del narcotráfico en el conflicto.
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El 31 de agosto fue el turno de Andrés Pastrana, quien le entregó al padre De Roux una carta de los narcotraficantes Rodríguez Orejuela sobre la campaña a la presidencia de Ernesto Samper en la que ellos le confirmaban que el expresidente sí sabía del ingrese de dinero del narcotráfico a su campaña. La defensa de Samper fue no reconocerle ninguna autoridad moral a Pastrana por sus supuestas relaciones con Jeffrey Epstein. Por esta razón, Samper decidió comparecer por tercera vez a la Comisión de la Verdad el 24 de noviembre.
Los hombres que empuñaron armas y ordenaron graves delitos desde el paramilitarismo y las Farc también hicieron su contribución a la verdad del conflicto. El 4 de agosto Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño dialogaron de manera pública con el presidente de la Comisión, el padre de Roux.
Hablaron frente a 18 víctimas sobre las razones que los condujeron a protagonizar un conflicto armado en el que fueron enemigos. Mancuso afirmó que las Autodefensas Unidas de Colombia crecieron de manera articulada con el Estado y Londoño aseguró que los ataques puestos policiales y militares dentro de la población terminaron siendo un gran error, porque los más afectados terminaron siendo los civiles.
El 23 de junio, Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, junto con otros antiguos miembros de las Farc, reconocieron frente a todo el país los vejámenes que cometieron con la práctica del secuestro ante víctimas de este delito como Íngrid Betancourt, Helmut Ángulo, Roberto Lacouture, familiares de los diputados del Valle, entre otros. A pesar de esto, una de las críticas más duras a ese evento fue la renuencia de los exFarc a pedir perdón.
Con la Comisión de la Verdad, las Farc hicieron otros reconocimientos y pedidos de perdón, como el que ocurrió el 30 de septiembre frente a los habitantes de San Pedro de Urabá. Ese día aceptaron ser los responsables de la masacre en el corregimiento Alto San Juan y la vereda La Rula, que provocó el desplazamiento forzado y el abandono de bienes, tierras y animales por parte de la comunidades.
Las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales también recibieron reconocimiento y perdón por parte de miembros del Ejército responsables de estos hechos a través de actos públicos organizados por esta entidad. El 5 de octubre se reunieron en Cali más de cien familias para que el país escuchara sus testimonios de dolor e impunidad. El 10 de noviembre llegó el turno de militares como el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, que comandó el Gaula militar en el Casanare y quien aceptó su culpa por el asesinato de 70 jóvenes y recalcó que siempre tuvo presión por parte de sus superiores para aumentar el número de bajas en combate.
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El 1 de diciembre, dos militares de alto rango, el coronel (r) Luis Fernando Borja y el mayor César y mayor César Maldonado reconocieron públicamente y en nombre de sus compañeros su responsabilidad y la de esta institución en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales. Los militares aceptaron que la doctrina del Ejército desde los años ochenta incentivó las violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia alentó la degradación de las prácticas militares al interior del Ejército.
Jacqueline Castillo, la líder de la organización de las Madres de Víctimas de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo) aseguró que para ellas lo más significativo ha sido que la JEP reconozca que esta fue una práctica sistemática y no hechos aislados, como se había planteado en algún momento en la Fiscalía. “Además de lo que ha pasado en la justicia, logramos en la Comisión de la Verdad que alguien como Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa cuando ocurrieron los 6.402 casos, reconociera públicamente que nuestros familiares no eran guerrilleros como los hicieron pasar”.
A la fecha la Comisión para la Verdad ha recogido 1749 testimonios en todo el territorio nacional e internacional y ha recibido 962 informes.
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
De las tres entidades, la UBPD ha sido la que más ha recibido críticas por la falta de resultados y su burocracia para adelantar la búsqueda de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado. Organizaciones sociales y víctimas han señalado que a pesar de entregar información de los casos, incluso con la posible localización de los cuerpos, esta entidad tarda muchos meses en darles respuesta y en programar las prospecciones para verificar esa información. Su preocupación radica no solo en los años que llevan esperando a que el Estado les dé una respuesta de sus familiares, sino también en que padres y madres de las víctimas están falleciendo sin saber nada del paradero de sus hijos.
Ejemplo de las demoras por parte de la UBPD fue lo que pasó con Carmenza Castañeda y Gerardo Ángulo, una pareja 68 años que fue secuestrada, asesinada y desaparecida por la exguerrilla de las Farc en zona rural de San Juanito (Meta). Aunque la familia, con apoyo de Equitas, la Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión de Búsqueda de las Farc definieron la zona donde estaban los cuerpos enterrados y le dieron esa información a la Unidad, a esta entidad le tomó más de dos años y medio que uno de sus equipos forenses fuera hasta el sitio.
El 20 de octubre, el equipo de la UBPD encontró en el sitio señalado el que sería el cuerpo de Carmenza Castañeda. Sus fragmentos óseos ahora están en Medicina Legal para verificar su identidad y la Unidad tiene que continuar con el proceso de búsqueda de Gerardo.
En 2021, esta entidad logró el reencuentro de tres personas desaparecidas que seguían con vida. Los reencuentros con sus familias se dieron en julio y agosto de este año. En el primer caso fue entre dos hermanos que buscaban a su padre desaparecido, quien desafortunadamente falleció por el covid-19. El segundo caso fue entre una madre e hija, quienes se buscaban mutuamente años después de que la madre tuviera que entregar a la recién nacida por su pertenencia a una guerrilla.
A la fecha, la Unidad de Búsqueda lleva 11 pactos regionales firmados con autoridades locales para que se comprometan en la búsqueda de las y los desaparecidos del conflicto. Diez de ellos se firmaron este año en Magdalena, Antioquia, Puerto Berrío, Bogotá, Buenaventura, Caquetá, Norte de Santander, Nariño, Cesar y Barrancabermeja. En el pacto de Buenaventura, esta entidad se comprometió a hacer la primera búsqueda de cuerpos desaparecidos en el mar, una tarea de mucha complejidad que no se ha hecho nunca antes en el país.
Este año, la Unidad también avanzó en el esclarecimiento del universo total de víctimas de desaparición que dejó la guerra. Son 99.325 personas dadas por desaparecidas. En lo que va de su mandato, además de encontrar a cinco personas vivas, ha hallado 337 cuerpos, ha hecho 132 entregas dignas a las familias en articulación con otras entidades como la Fiscalía, 314 acciones humanitarias de recuperación, 99 prospecciones y ha realizado 2.508 tomas de muestras genéticas para acelerar el proceso de identificación con los cuerpos que están en Medicina Legal.