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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se mantuvo en su decisión de solicitarles a 31 exjefes de la extinta guerrilla de las Farc -vinculados a la investigación del Caso 001 por secuestros, homicidios y desapariciones- que rindan informes detallados, en los próximos diez días, sobre sus compromisos con el proceso de paz.
En una decisión del 5 de octubre conocida por Colombia2020, la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP les respondió a los 27 integrantes del otrora Estado Mayor de las Farc que se mostraron inconformes con el ultimátum que les dio la justicia transicional, el pasado 10 de septiembre, para que presentaran un documento detallado y firmado por cada uno de ellos sobre sus aportes a la reincorporación a la vida civil, el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la búsqueda de desaparecidos.
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Aunque los exjefes de las Farc respondieron en ese momento, a través de sus abogados, que con este requerimiento se vulneraban sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica y a la presunción de inocencia, la JEP no les halló la razón e insistió en que con ese llamado no se violaba su seguridad jurídica y no se tomaba ninguna decisión de fondo frente al cumplimiento o incumplimiento de las condiciones que asumieron con la firma del Acuerdo de Paz. Aseguró, además, que una de las facultades de la Sala es requerir este tipo de informes.
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La JEP tampoco accedió a una solicitud adicional: ampliar el plazo para presentar los informes. La Sala consideró que ha transcurrido el tiempo suficiente para la FARC prepare la información solicitada.
Teniendo en cuenta que las partes fueron notificadas este lunes, la fecha límite para entregarlos vence el 23 de octubre.
No obstante, en caso de que alguno de los comparecientes considere que este tiempo es insuficiente puede solicitar su extensión, pero debe indicar el lugar preciso de su ubicación “y los modos y los tiempos de transporte de una comunicación escrita de esta persona a Bogotá, que justifiquen la extensión adicional del plazo dentro del término establecido”. Por otro lado, quienes no interpusieron recursos –Marcos Calarcá, Romaña, El Paisa y Orlay Jurado Palomino- cuentan con este mismo tiempo.
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El documento indica que entre el 11 y el 17 de septiembre 27 de los requeridos (ver listado al final) fueron notificados personalmente o a través de sus abogados. Los otros cuatro no pudieron ser notificados personalmente, por lo que fueron comunicados por estado y a través de la página web de la JEP.
En caso de que no entreguen los informes, la Jurisdicción Especial para la Paz puede realizar una diligencia de “condicionalidad” a través de la cual verificará que los comparecientes estén cumpliendo con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. En caso de que no lo estén haciendo, pueden perder los beneficios contemplados en la justicia transicional.
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“FARC debe cumplir con condiciones”: JEP
La Sala aseguró que el acceso y la permanencia en el sistema de justicia transicional requiere de una serie de condiciones, que no se limitan a la dejación de armas y a la reincorporación. En ese sentido, considera que los tratamientos especiales, los beneficios y las garantías están supeditados al esclarecimiento de la verdad y a la reparación. Es decir que la condición de obtener beneficios jurídicos por hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016 (firma del acuerdo) implica cumplir de manera permanente con una serie de condiciones.
Por su parte, en su concepto emitido a la JEP, la procuradora primera delegada Mónica Cifuentes solicitó que se declararan desiertos los alegatos de los exjefes de FARC, al considerar que la justicia transicional debe verificar su contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas, las garantías de no repetición y el aporte de información necesaria y suficiente para atribuir responsabilidades.
Y fue más allá. Consideró la Procuraduría que el aporte de verdad no significa necesariamente dar declaraciones en medio de una investigación jurídica, sino que incluye otras acciones como la entrega de bienes, la entrega de menores de las filas, la relación de todas las personas que integraron la organización, entre otras.
Cabe recordar que esta solicitud responde a la salida de exjefes y mandos medios de FARC –como Iván Márquez, El Paisa y Romaña- de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), donde dejaron proyectos productivos que habían recibido financiación de la comunidad internacional.
Como lo indicó Colombia2020, miembros de las Farc resumen en el fracaso del proceso las razones para irse de los Etcr. Aseguran que los asusta el hecho de que el gobierno de Iván Duque insista en hacer cambios al Acuerdo Final y los persigue el fantasma de ir a la cárcel o de una orden de extradición.
Los dirigentes de FARC que deben presentar informes:
Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko)
Pastor Alape Lascarro
Pablo Catatumbo Torres Victoria
Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada)
Iván Márquez
Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich)
Rodrigo Granda Escobar
Abelardo Caicedo Colorado
Jesús Mario Arenas Rojas
Jaime Alberto Parra Rodríguez
Milton de Jesús Toncel Redondo
Rodolfo Restrepo Ruiz
Juan Emilio Cabrera Díaz
Edgar López Gómez
Juan Carlos Ramírez
Jaime Bustos Aldana
Jairo González Mora
Jesús Emilio Carvajalino Carvajalino
José Benito Cabrera
Guillermo Enrique Torres Cuelter (o Cuéllar)
José Aldinever Sierra Sabogal
Erasmo Traslaviña Benavides
Floresmiro Burbano
Luis Óscar Úsuga Restrepo
Martín Cruz Vega
José Vicente Lesmes
Luis Ernesto Medina Ávila
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Los siguientes no interpusieron recursos ante el primer llamado de la JEP:
Luis Alberto Albán Urbano (Marcos Calarcá)
Orlay Jurado Palomino
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (El Paisa)
Henry Castellanos Garzón (Romaña)