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Durante la audiencia pública para socializar los criterios de priorización de casos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, reiteró su respaldo al modelo de justicia transicional del país y le pidió al Congreso de la República que apruebe, lo más pronto posible, la ley de procedimiento de la JEP que está prevista para ser votada este lunes en el Senado
“La JEP es una esperanza para las víctimas que llevan décadas exigiendo justicia, por eso hemos apoyado desde sus inicios a esta institución y reiteramos hoy su importancia para el país. Nuestra labor con la JEP estará guiada por la búsqueda de la garantía efectiva de los derechos y la promoción del mandato amplio del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición en el país”.
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Indicó, además, que la ONU para los Derechos Humanos tiene como objetivo fortalecer la JEP a través de asesoría técnica y apoyo estratégico para satisfacer los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición.
Las sugerencias
Frente los criterios de priorización que socializa la JEP -en los que se propone que primen asuntos como la vulnerabilidad de las víctimas, el origen étnico, la identidad de género, la edad, la condición de pobreza, entre otros-, la Oficina de la ONU de DD.HH. sugirió revisar varios aspectos.
Uno de ellos tiene que ver con la redacción de la propuesta de la JEP que “pareciera equiparar los conceptos de priorización y selección de casos”. Según indica, la selección “corresponde a la conformación del universo de casos a través de un sistema de inclusión y exclusión para el conocimiento judicial, (y) la priorización se trata de una forma de ordenar los casos para su procesamiento por el sistema”.
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Otro indica que no es claro qué alcance se le debe dar a cada criterio y en qué medida pueden coexistir en una valoración judicial. En tercer lugar, indica que se deben establecer parámetros claros de interpretación de los criterios. “Por ejemplo, para valorar la vulnerabilidad de las víctimas se refiere a la edad sin establecer qué parámetros deben guiar a la Sala para interpretarla como una limitación o afectación”.
En otro sentido, Brunori aseguró que es inadecuado dar prioridad solo cuando los responsables participaron de manera determinante. A su juicio, este es un criterio de selección y no de priorización.
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Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado instó a los magistrados de la JEP que la investigación y documentación de todas las conductas, así como de los presuntos responsables, debe ser exhaustiva. Ese es un criterio que, a su manera de ver, no debe quedar por fuera.
Durante esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz ha socializado los criterios propuestos con víctimas en Antioquia y Bogotá, y este viernes realizará el ejercicio en Neiva. Una vez reciba las sugerencias de las instituciones del Estado, las organizaciones de víctimas, la academia y los centros de investigación la JEP elaborará una agenda de priorización para el próximo año.