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La Justicia Especial para la Paz (JEP) empezó a construir el mapa de los casos más graves del conflicto armado colombiano. La semana pasada, anunció públicamente que 32 exjefes guerrilleros de las Farc, incluido Rodrigo Londoño, tendrán que comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas en el conflicto, con el fin de establecer su participación en el flagelo del secuestro.
Asimismo, este martes a las 11 am., el primer militar con rango de general, Henry Torres Escalante, comparecerá ante esta justicia para formalizar su sometimiento y su deseo de entregar verdad y reparar a las víctimas, y cumplir con los fines para los que fue creada la JEP. Su caso está enmarcado en los llamados “falsos positivos” o la ejecución extrajudicial de civiles por soldados del Ejército, con el objetivo de acceder a beneficios, mostrar resultados positivos e incrementar el número de "bajas" en la guerra contra la guerrilla.
Por eso, según su abogado, Jaime Granados Peña, con la presentación personal de Torres Escalante ante esta jurisdicción, queda claro que el general en retiro se quedará en la JEP para contar su verdad y, con base en ello, que se aplique justicia. Después de su primera comparecencia, se espera que el alto tribunal de paz determine cuáles son los procesos o investigaciones que tiene el general Torres en curso, para unificarlos y empezar a desentrañar cuál fue su participación (de reconocer o encontrarlo responsable) en los casos de “falsos positivos”.
Hace un año el general firmó la primera acta para acogerse a esta jurisdicción especial con el fin de aportar su verdad respecto a este delito de lesa humanidad. Además de eso, Torres Escalante, recluído en la Escuela de Caballería de Bogotá, insistirá en recuperar la libertad alegando que los exjefes guerrilleros condenados por secuestro, por ejemplo, ya gozan de ese beneficio. Lo que se busca, según Granados, es que haya un tratamiento equilibrado frente a los actores del conflicto que se sometieron a la JEP.
“Él tiene la esperanza de que estos jueces, sobre los cuales hay dudas en la opinión pública sobre su imparcialidad y ecuanimidad, efectivamente con su caso demuestren que son2 jueces imparciales y que no se trata de una justicia de venganza”, dijo el abogado Granados, advirtiendo que no hay que anticiparse a los hechos.
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Escalante y los “falsos positivos” en Casanare
El 23 de marzo de 2016 el presidente Juan Manuel Santos llamó a calificar servicios al general Torres Escalante tras cumplir 15 años dentro del Ejército Nacional. Cinco días después el entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en el fin de su administración, firmó la orden de captura en su contra. Torres Escalante era el encargado de la Oficina de Memoria Histórica de las Fuerzas Militares.
Horas después se presentó ante las autoridades, quienes lo relacionaron con la muerte de dos campesinos en marzo de 2007 en Aguazul (Casanare). Según un juzgado de Paz de Ariporo, luego de condenar a 22 años de prisión al teniente Fabián García, uno de los subalternos de Torres Escalante, los colombianos Daniel Torres y Julio Torres, padre e hijo, fueron asesinados tras haber denunciado otra ejecución extrajudicial en la zona.
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Los campesinos fueron presentados como "bajas en combate", tras haber sido reseñados en un informe del DAS como terroristas urbanos de la cuadrilla “José David Suárez”. El testimonio más importante que documentó la justicia ordinaria en su momento fue el del teniente García, quien dijo que Torres Escalante conocía los hechos que se registraban en la región y que "siempre se le tuvo al tanto de las operaciones y de los casos que se presentaban", reseñó El Espectador en marzo de 2016.
Cuando sucedieron estos hechos, Torres Escalante era comandante de la Brigada XVI del Ejército en Casanare y años más tarde ocuparía cargos importantes dentro de la cúpula militar, como jefe de defensa Institucional Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares y en otros puestos de mando en zonas donde hay denuncias de “falsos positivos” y en donde asediaba la guerrilla. Según el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en ese momento, en el expediente del militar se indaga por 85 ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en Casanare, en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
El 6 de agosto de 2017, el Juzgado Primero Penal del Yopal le dio la libertad al militar retirado luego de estudiar la solicitud de sometimiento a la JEP. Sin embargo, a finales de ese año, este tribunal ordenó nuevamente su captura por considerar que no había cumplido un trámite administrativo ante esa jurisdicción. Por eso hoy sigue recluído en la Escuela de Caballería de Bogotá.
Hoy, insistirá en su pedido de libertad condicionada a su comparecencia y sometimiento a este tribunal transicional. Quiere aportar verdad y que se haga justicia, así como lo desean miles de madres que perdieron a sus hijos por este flagelo. Por eso su caso podría ser emblemático para desentrañar lo que sucedió en ese capítulo del conflicto, que podría ser priorizado por la JEP. La Fiscalía ha sostenido que las ejecuciones extrajudiciales no fueron asesinatos aislados que cometieron soldados rasos u oficiales de bajo rango, sino que respondieron a un fenómeno más complejo y sistemático.