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“Las inhabilidades que aprobaron para los magistrados son el fin de la JEP si no se declaran inexequibles”, así se refirió el profesor alemán, y juez de las Salas Especializadas de Kosovo, Kai Ambos, a la modificación al artículo que inhabilita en la JEP a las personas que durante los últimos cinco años hayan litigado en contra de los intereses del Estado o hayan representado a grupos de derechos humanos. Esto, dijo Ambos, dejaría por fuera a la mitad de los magistrados, ya elegidos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
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Además, dijo que este régimen discrimina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque quienes hayan litigado en este escenario no podrán ser magistrados. Espera que la Corte Constitucional se pronuncie y si no declara inexequible este punto de la Ley estatutaria para el sistema de justicia transicional, los magistrados deberán dimitir.
Otra de los puntos que más generaron debate fue la selección y priorización de casos que la JEP tendrá que investigar. ¿Cómo escogerlos? ¿Cuáles son los principios que se usarán para hacer la selección? ¿Existe una definición de ‘selección y ‘priorización’?
Ambos resaltó que Colombia está avanzando, aunque lentamente, en la construcción del sistema de justicia, por lo que hay que tener paciencia. Y que, si bien en Colombia “son capaces de hacer buenas normas”, no existe una claridad de cómo se van a implementar. Por ejemplo, se decidió que uno de los criterios para la selección y priorización de crímenes es la sistematicidad. Sin embargo, no hay una única definición de ese concepto. “Este tema genera frustración porque implica que se seleccionarán unos casos y otros no. El mismo proceso es frío”, dijo Ambos.
También, desde su experiencia en tribunales internacionales, el profesor Ambos habló de cómo ha funcionado la responsabilidad de mando en otros casos, y resaltó que el pilar de la JEP es la Unidad de Investigación y Acusación. “En Kosovo estamos esperando los casos investigados y solo con las investigaciones podremos actuar como jueces”, dijo. Así, entonces, se refirió a que la investigación de la cadena de mandos militares debe ser esclarecida para empezar a juzgar, pues no es lo mismo un militar que vio a sus subalternos cometer delitos y no hizo nada a uno que, por ejemplo, estaba por fuera del país, pero por su cargo es responsable de los hechos.
El caso de las empresas también fue materia de conversación. "No se puede financiar una guerra sin empresas. No se puede financiar paramilitarismo sin empresas", dijo al referirse al caso alemán en la búsqueda de máximos responsables. En Colombia, estos terceros civiles responsables no están obligados a comparecer ante la JEP, por lo que Ambos puso el ejemplo de lo que podría suceder: "Uno podría decir 'bueno, los máximos responsables son estos', que financian y se benefician de estos conflictos y según la nueva situación ahora no se tienen que presentar a la JEP. Y al final van a hacer una ponderación si es mejor la justicia ordinaria o la JEP y decidirán 'bueno, no me someto a la JEP', y vamos a tener impunidad".
Al final también se refirió al vacío normativo que sigue existiendo en la JEP hoy: ‘Hay un problema que podría quebrar la JEP y es que no hay reglamento interno ni normas procedimentales. ¿Cómo se puede escoger jueces sin tener normas para funcionar?’, concluyó.
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