Fabio César Mejía Correa, conocido en la guerra como Jhonatan, fue un comandante paramilitar del frente Cacique Pipintá que hoy está condenado por homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir. No entró a Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional creado con la Ley 975 de 2005 para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), porque su frente se rehusó a dejar las armas. En 2007 fue capturado y hoy, con más de 20 años de condena, Mejía tocó las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Mejía forma parte de un grupo de exmiembros de las Auc que no se beneficiaron de Justicia y Paz ni tampoco de la Ley 1424 de 2010 que, explica Álvaro Villarraga, concede el beneficio de libertad condicionada a exintegrantes cuyos delitos no eran graves, con el compromiso de que contribuyan con el esclarecimiento de la verdad sobre el fenómeno paramilitar.
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Villarraga cuenta que en este universo se encuentran todo tipo de casos. Están los que fueron asesinados; los exjefes paramilitares que fueron extraditados, como Carlos Mario Jiménez Naranjo, más conocido como Macaco, quien hace una semana llegó al país; quienes reincidieron en graves delitos, como Salvatore Mancuso, y los que no estuvieron de acuerdo con el proceso y jamás se desmovilizaron, como Mejía. Hoy varios de ellos están en las cárceles y en los últimos meses han manifestado su intención de contar la verdad y someterse a la JEP.
Cuando Mejía pidió pista en esta justicia, creada después del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, argumentó que su condición de exparamilitar, es decir, como actor del conflicto armado, le daba el derecho de ser acogido y contar su verdad, hasta ahora no revelada. Resaltó que no había confesado sus hechos ante Justicia y Paz porque esta jurisdicción “no reconoce con suficiencia la relevancia de las víctimas”.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó revisar su caso en abril de 2018. La Procuraduría, en ese momento, consideró que Mejía no cumplía con los requisitos, pues los “paramilitares no tienen cabida en la JEP y menos los que militaron en el frente Cacique Pipintá”, agrupación que se retiró de la desmovilización de las Auc y luego fue catalogada como banda criminal.
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Los magistrados le dieron la razón a la Procuraduría y le negaron su entrada. No solo le reiteraron que para los paramilitares no hay tratamientos diferenciales en este nuevo modelo de justicia, sino que, de acuerdo con las normas de Justicia y Paz, por ser un exmiembro de las Auc que no se acogió, su juez natural es la justicia ordinaria.
Mejía decidió apelar la decisión, así que su ingreso a la JEP estaba en manos de la Sección de Apelación. Durante meses, los togados revisaron su caso y el 11 junio de este año decidieron, a través del Auto 199 de 2019, darle la razón a la Sala de Situación de Definiciones Jurídicas: Mejía no puede entrar a la JEP.
Sin embargo, el auto tuvo varias particularidades. No solo ofrece una explicación más amplia de por qué las autodefensas no tendrían cabida en la JEP, sino que también dejó un asterisco, o, como ellos lo llamaron, “una excepción a la regla de exclusión de grupos paramilitares” que hoy podría abrirles una ventana a los antiguos exmiembros de las autodefensas.
En primer lugar, afirma que los paramilitares no pueden acogerse a la JEP porque no tienen competencia sobre este grupo, debido a que “fue la voluntad de las partes firmantes del Acuerdo Final”, entre las Farc y el Gobierno Nacional. Solo pueden ingresar militares, exguerrilleros y civiles, si lo desean. No hay una norma que faculte a la JEP de admitirlos. Es lo que se conoce como la competencia personal de esta justicia.
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En segundo lugar, y este punto fue una novedad, resalta que su competencia se agota en estructuras de naturaleza rebelde, como las guerrillas. En ese sentido, los paramilitares no pueden entrar en esa categoría porque su propósito nunca fue “derrocar el orden constitucional vigente”.
Por último, para los magistrados, tampoco se puede aplicar en los paramilitares el principio de favorabilidad, que busca encontrar la solución más conveniente para la persona juzgada frente a la existencia de un conflicto de leyes. La razón: la Ley de Justicia y Paz y la JEP “no hacen parte de un mismo cuerpo normativo ni los supuestos de hecho son equivalentes”, a pesar de que las dos fueron creadas para la transición hacia la paz.
A pesar de todos estos argumentos y de que a esa altura Mejía no tenía posibilidades de entrar a la JEP, los magistrados de la Sección de Apelación redactaron un apartado para mencionar la excepción a la regla. En la JEP siempre se ha dicho que puede haber una interpretación más amplia de la competencia de este tribunal en eventos en los que prime el interés de las víctimas a obtener la verdad. Y esa en este caso es la excepción.
Dejaron claro que, en vista de que los paramilitares ya tuvieron una justicia en la que pudieron contar la verdad y recibir beneficios por ello, la única manera de entrar a la JEP es en calidad de terceros financiadores o colaboradores, teniendo en cuenta que tuvieron muchos roles en su organización. “Los paramilitares pudieron comportarse como terceros en algún momento previo o posterior a su militancia armada y que, por esta razón, pueden comparecer excepcionalmente ante la JEP”, dice el auto.
Y si los antiguos Auc ingresan, advierte el auto, solo tendrán que responder por financiar o colaborar con actores del conflicto armado. Eso quiere decir que los otros hechos delictivos cometidos como militantes, como homicidios, masacres, desaparición forzada y concierto para delinquir, deberán ser resueltos en otra jurisdicción.
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Finalmente, dejaron claro que su verdad sobre los delitos de colaboración deberá ser temprana, exhaustiva, detallada y relevante para la JEP, “que exceda la verdad judicial ya lograda en la justicia ordinaria”. Para corroborar este punto debe hacer un test de verdad, “que determine si estas personas están o no en capacidad de revelar información adicional”.
Una discusión que continúa
El caso de Mejía y otros hechos, como la petición del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, de ingresar a esta justicia como financiador o promotor de las Auc, tras haber sido deportado por Estados Unidos a Colombia, después de pagar una condena de 33 años de prisión por narcotráfico (de los cuales pasó 11 años privado de la libertad), aún tienen el debate sobre la mesa. Varios exmiembros de las Auc desde las cárceles arguyen que sin ellos la JEP no puede ser un tribunal de cierre del conflicto armado como se fijó desde su creación.Varios expertos de justicia transicional están de acuerdo con esta postura. De hecho, el Acuerdo de La Habana tenía fuero de atracción total para los hechos relacionados con el conflicto de manera directa o indirecta. Y eso incluía a todos los actores de la guerra: las guerrillas, los militares y los paramilitares.
Si bien estaba claro que una persona no podía estar en dos mecanismos de justicia transicional al tiempo, en ese momento se tenía pensado que los paramilitares pudieran renunciar a Justicia y Paz y pasar a la JEP para continuar con sus procesos. En esa misma época, según expertos, también se discutió la necesidad de que fuera obligatorio el sometimiento de los civiles. En Justicia y Paz no pasó nada con las 15.000 compulsas de copias sobre financiadores del conflicto. La idea era que la JEP, y en eso insistieron las Farc, fuera la oportunidad para abordar la dimensión política y financiera del paramilitarismo que estaban en déficit de investigación y esclarecimiento.
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Pero cuando el Acuerdo Final se materializó en leyes y en discusiones con las personas que votaron “no” en el referendo, llegaron los cambios del texto original y se debilitó profundamente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A pesar de esto, para el experto, la discusión no puede dejarse de lado y menos cuando contar con todas las voces de la guerra era el espíritu del proceso de paz.
Más allá del espíritu, revierte algunos de los argumentos de los magistrados para cerrarles la puerta a los paramilitares. Por ejemplo, advierte que en el Acto legislativo 001, la columna vertebral de la JEP, cuando se refieren a las personas que pueden someterse a esta justicia se habla en general de grupo armado: “Ahí no dice que tiene que ser rebelde. Tampoco señala la condición de suscribirse al Acuerdo de Paz. Si uno se atiene a esa definición, se puede argumentar que las Auc hicieron un proceso de paz, reconocido por la Ley de Justicia y Paz”.
Aunque asegura que ya no se pueden hacer cambios estructurales, en parte, porque la JEP podría colapsar si se suman todos los procesos de Justicia y Paz, es importante que los magistrados no excluyan otros casos. Su verdad sigue siendo indispensable y no solo desde el financiamiento, sino también desde las graves violaciones de derechos humanos.
En esto coincide Claudia Arenas, abogada de varios paramilitares del bloque Centauros, quien considera que no tener en cuenta esto es desconocer el fenómeno de paramilitarismo, que se movió en las dimensiones militares, financieras y políticas. Arenas recuerda que desde ya la JEP tendrá que enfrentar el dilema de dejar entrar o no a los exmiembros de esta organización, sobre todo ahora que comienzan a llegar los extraditados, quienes tienen una verdad muy importante que hasta ahora no ha sido declarada en Justicia y Paz. De no ser así, manifiesta la abogada, estarían faltando al derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo que sucedió con estas estructuras.
Edwar Cobos, excomandante del bloque Montes María de las Auc, no descarta la idea de que las dos jurisdicciones se unan: “Este es el único país que está resolviendo un conflicto con dos sistemas de justicia transicional que, además, tienen varias similitudes, ¿o me van a decir ahora que la JEP no se hizo a partir del modelo de Justicia y Paz? Tener dos justicias es otro de los grandes problemas que está cometiendo Colombia”.
Es evidente su molestia con las declaraciones de Patricia Linares, presidenta de la JEP, quien, según Cobos, se ha dedicado a hablar mal de Justicia y Paz, cuando esta jurisdicción fue la primera prueba de justicia transicional en el país. “Ella dice que ahí no se ha dicho la verdad. Puedo decirle que hemos confesado 57.833 hechos, que se han hallado 5.314 fosas, que se han priorizado 211.233 víctimas. Nosotros hemos dicho la verdad. Pero si ellos insisten en que el tribunal para decir la verdad es la JEP, ¿entonces por qué excluyen a las autodefensas?”, expresa el exjefe paramilitar.
Cobos no para de repetir que cerrarles la puerta a las Auc es una grave exclusión a uno de los actores del conflicto y que si ellos no se hubieran desmovilizado hace 14 años, probablemente, el Acuerdo en La Habana no hubiera sido posible. Advierte que hay una profunda contradicción en el discurso de paz que se construye en Colombia, pues exigen la verdad, pero son excluyentes a la hora de narrarla: “Aquí pareciera que el conflicto fue entre ángeles y demonios, y ya sabemos quiénes son los ángeles y quiénes fuimos los demonios”. Pero más allá de esta idea, lo cierto es que la entrada a la JEP dependerá de cuán relevante, exhaustiva y detallada sea esta verdad para entender patrones del conflicto armado y, principalmente, para satisfacer los derechos de las víctimas.
Otros exmiembros de las Auc que han pedido pista en la JEP
Entre los nombres de exparamilitares que han pedido acogerse a la JEP a cambio de contar verdades sin revelar está el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos. Su intención de acogerse la manifestó en agosto de 2018, argumentando que dará nueva información sobre empresas y civiles que apoyaron el paramilitarismo y aún no han sido procesados. Todavía es la hora en que la Sala de Reconocimiento de la JEP está estudiando su petición.En la misma situación está Héctor Germán Buitrago, más conocido como Martín Llanos, excomandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare, quien pidió entrar a la JEP en 2017, pero tampoco ha recibido una respuesta de la jurisdicción. Por otro lado, algunos de los casos donde la JEP dio un rotundo “No” de ingreso fue con Duván Hurtado Henao, desmovilizado del frente José Luis Zuluaga, de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, quien no fue admitido ni por Justicia y Paz ni por la JEP.