23 Feb 2021 - 12:11 a. m.

Las elevadas cifras de “falsos positivos” en N. de Santander, Huila, Casanare y Meta

Analizamos quiénes eran los altos mandos militares que comandaban estas unidades militares en el periodo que priorizó la JEP. Reclutadores civiles y alianzas con los paramilitares serían algunas de las estrategias más utilizadas por los militares para asesinar a jóvenes civiles para luego hacerlos pasar como bajas en combate.

Las discusiones por las últimas revelaciones sobre las cifras del fenómenos de los “falsos positivos” en Colombia no han parado desde la semana pasada. Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no mencionó en su auto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, han sido varios los pronunciamientos del exmandatario, en los que no sólo desestima la investigación de este tribunal sino que también se va en contra de organizaciones como Human Right Watch, el Colectivo Orlando Fals Borda, el Comité de Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras, a quienes considera “enemigas” de su gobierno.

José Manuel Vivanco, director de Human Right Watch en América, le respondió a Uribe que “aprenda a discutir sin insultos, respete la labor de defensa de los derechos humanos y termine con sus peligrosas estigmatizaciones”. Y aprovechó la oportunidad para mostrar algunos de los argumentos por los cuales cree que su entonces gobierno debe responder ante la justicia y las víctimas.

Según Human Right Wach, en la era Uribe se creó la directiva 29 de 2005, que estuvo en vigor hasta 2008, con la que se otorgaban pagos a “personas indeterminadas” por informaciones oportunas y veraces a la fuerza pública, sin importar o no si eran civiles. Posteriormente, firmó el decreto 1400 de 2006, en el que se promovían “bonificaciones por operación de importancia nacional”. La organización siempre ha denunciado que esto fue gasolina para incrementar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, además de los rankings de las divisiones por bajas en combate.

Incluso, evidencia que se estableció una tabla con un monto de bajas o capturas para que los militares recibieran condecoraciones de servicios distinguidos. Por ejemplo, las divisiones debían reportar, al menos, 300 personas, las brigadas 150 y los batallones 50. Aunque todo esta información está en manos de la justicia, lo cierto es que en varios departamentos del país estas cifras sí fueron sobrepasadas por varias unidades militares, entre 2002 y 2008. Entre ellas, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Este diario analizó la priorización hecha por la JEP y detalló quiénes eran los altos mandos militares que comandaban las unidades en el periodo que priorizó la JEP. En la primera entrega se habló de Antioquia y Región Caribe.

Norte de Santander

Norte de Santander es el sexto departamento priorizado por la JEP en la investigación del Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Según el alto tribunal, se le atribuyen 420 víctimas de los mal llamados “falsos positivos” entre 1985 y 2016. Los dos años con más altas cifras en la región fueron el 2007 y el 2008, el primero con 99 víctimas y el segundo con 62.

En este departamento, la unidad militar que opera es la Segunda División del Ejército, con jurisdicción en Norte de Santander, Arauca y algunos municipios de Boyacá, Bolívar y Cesar. Sin embargo, según la investigación de la JEP, la subregión más afectada es Catatumbo, en la que la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paul Santander No. 15 tienen incidencia.

Uno de los militares en retiro involucrados en investigaciones por este delito es el coronel (r) Santiago Herrera, quien comandó la Brigada Móvil 15 entre agosto de 2006 y diciembre de 2007, justo cuando se dieron las mayores cifras de ejecuciones extrajudiciales con 43 y 99 casos, respectivamente. Esta estructura es señalada de haber sido la responsable de las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha (Cundinamarca), a quienes “con falsas ofertas de trabajo, fueron llevados engañados de sus casas en Soacha y luego ejecutados en Ocaña, Norte de Santander”.

Tras el escándalo, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe ordenó el retiro inmediato de los coroneles Rubén Darío Castro y Santiago Herrera, ambos investigados por este delito en la Fiscalía y actualmente comparecientes de la JEP. De hecho, en agosto del 2010, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Herrera y, en 2009, cuando estalló el escándalo por “falsos positivos”, esa Brigada Móvil fue desactivada. Herrera dijo en 2019 ante el Tribunal, según una revelación de Blu Radio, que al exgeneral Mario Montoya “no le servían las detenciones, sino las muertes en combate”.

El colectivo de las Madres de Soacha lleva 12 años constituido por las madres y hermanas de las víctimas de los “falsos positivos” que habrían cometido los militares de Norte de Santander y Cesar. Según la organización, la Fiscalía ha evidenciado que bajo la comandancia del teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos se utilizaron recursos del Batallón Francisco de Paula Santander para realizar pagos a los reclutadores de Bogotá.

Casi todas lograron recuperar los cuerpos de sus hijos en fosas del municipio de Ocaña. El único que no se ha logrado recuperar es el de Óscar Alexander Morales Tejada, hijo de Doris Tejada, una de las integrantes de Mafapo. Según los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), las evidencias judiciales indican que el cuerpo de Morales estaría enterrado como no Identificado en el cementerio municipal de El Copey (Cesar), zona que está protegida por las medidas cautelares de la JEP.

Jacqueline Castillo, quien ha estado en la coordinación de Mafapo, aseguró en entrevista con este diario, que el auto de la JEP es “la prueba que la Seguridad Democrática fue una política criminal”. También señaló que esa es una “evidencia contundente de que estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados, bajo el ala criminal de un gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros”.

Otro de los militares que salió involucrado en este caso fue el coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón Amado, exjefe de operaciones de la Brigada Móvil 15, a quien investigaron por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado. En 2017, la Fiscalía lo condenó a 46 años de prisión y, un año más tarde, se acogió a la JEP para comparecer.

En mayo de 2020, el militar en retiro reconoció ante la agencia AFP que sí llegó a apoyar algunas unidades militares para hacerlos pasar como muertos en combate. “Apoyé algunas unidades en darles algunos medios (…) Hablo de suministrarles armamento (…) para hacerlos pasar como muertos en combate”.

(Le puede interesar: ‘Datos de la JEP prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal’: víctimas)

Sobre los patrones de criminalidad en esta zona, la JEP explicó que el Batallón Infantería No.15 “Francisco Paula Santander” se caracterizaba por cometer “asesinatos de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en el sector, en parte, con base en prejuicios y estigmatización”. También, explicaron que uno de los modus operandi de esta unidad militar era reclutar víctimas de otros territorios, engañarlas y luego ejecutarlas en la región del Catatumbo “para reportar su muerte como baja en combate”.

El primero en alertar de este fenómeno fue el entonces sargento Alexander Rodríguez Sánchez, quien, en 2009 mientras era investigado por el delito de extorsión, denunció el fenómeno de los “falsos positivos” en este departamento y aseguró que uno de los municipios donde más se presentaron las ejecuciones fue El Tarra. En eso coincide el auto de la JEP.

El Tribunal de Paz en sus registros abiertos menciona que otros de los investigados por hechos cometidos por las brigadas Primera, Quinta y Treinta, junto a la Fuerza de Tarea Vulcano, es el general (r) Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División y quien también comparece ante la JEP.

Huila

La Quinta División del Ejército, que hace presencia también en Boyacá, Cundinamarca y Tolima, tuvo un incremento considerable de casos de “falsos positivos” entre 2005 y 2008. Según la información de la Fiscalía, la mayoría de los casos se concentraron en los departamentos del Tolima y el Huila, donde patrullaban las brigadas Sexta y Novena.

Sólo en Huila, la Novena Brigada tuvo un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales. Pitalito fue el municipio con mayor número de víctimas (39), seguido de Garzón (19). Un porcentaje muy importante de los hechos ocurridos, según los datos de la JEP, podría ser atribuible a militares adscritos a los batallones de infantería No. 27 Magdalena, con sede en Pitalito, y No. 26 Cacique Pigoanza, con sede en Garzón.

¿Quiénes comandaban en ese entonces? Según el informe del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh), el coronel Jaime Lasprilla Villamizar lideraba la Novena Brigada. Bajo su mando, de acuerdo con la organización, se presentaron 103 casos de ejecuciones extrajudiciales.

Aunque estos fueron reportados a la justicia, hasta el momento no ha habido avances en los procesos, sobre todo en los de tipo penal: “Han estado exentos de ser vinculados en las investigaciones los comandantes de la brigada y los comandantes de los dos batallones que más presentaron este tipo de hechos: el Magdalena y el Cacique Pigoanza”, señaló el informe. De hecho, en 2014, Lasprilla Villamizar asumió como comandante del Ejército con el aval del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Lasprilla, cuando terminó su paso por la Novena Brigada, le entregó el mando al entonces coronel William Pérez Laiseca, en cuyo mando, según afirma Obsurdh, se reportaron 75 casos. Hasta el momento, el hoy brigadier general tampoco comparece ante la JEP, pero sí está en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI).

Ahora entremos a los batallones. Solo entre 2005 y 2008, han sido endilgados 47 casos de falsos positivos al Batallón Magdalena. Entre 2006 y 2007, esta unidad estuvo bajo el mando de Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, a quien la Fiscalía le abrió investigaciones por al menos 22 presuntas ejecuciones extrajudiciales, según Human Right Watch.

En 2020 fue ascendido a mayor general. El militar se defendió de las acusaciones y le dijo a Caracol Radio que quienes estuvieron en contra de la decisión “se encuentran desinformados”. “La doctrina militar no se acaba, se continúa cada vez de forma más rigurosa. Nuestro comandante del Ejército (general Eduardo Zapateiro) nos habla de mantener el entrenamiento y reentrenamiento alineado con los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, agregó Rodríguez. Hasta el momento no ha sido llamado por la JEP.

A Rodríguez le siguió, entre 2007 y 2009, Marcos Evangelista Pinto, a quien la Fiscalía investiga por las muertes de al menos 42 campesinos que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, 31 de ellos cuando comandó en Huila, entre 2007 y 2009. Los otros casos habrían ocurrido cuando hizo parte del Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot, en el centro y norte de Antioquia, entre 2006 y 2007. Esta unidad hacía parte de la Cuarta Brigada que, según la JEP, habría tenido el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país.

Según reveló Human Right Watch, el 18 de enero de 2008, “soldados del batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo “NN” muerto en combate”. Más tarde el sargento William Andrés Vargas confesó que era el culpable de este hecho y que, tras asesinarlo, escondió los documentos y ropa de la víctima, quien no era un guerrillero. De acuerdo con la investigación, Pinto habría certificado 1 millón y medio de pesos a un informante, quien recolectó la información de Urquina. Los fiscales, al final, aseguraron que dicho informante no dio los datos.

(Lea más: ‘Quien ataque a la justicia debe responder ante las autoridades’: JEP sobre falsos positivos)

Este periódico también conoció hace un par de años la historia de un sobreviviente de los “falsos positivos”, cometidos en 2007 por este batallón, quien actualmente es una víctima reconocida ante la JEP. Este campesino fue contactado por un reclutador, quien le ofreció un trabajo temporal en una finca. Cuando estaban siendo llevados al lugar, los soldados detuvieron el automóvil y los ataron. Luego les dispararon a todos. El sobreviviente, que fue herido en la clavícula y en los testículos, logró huir. Según conoció Colombia 2020, en las versiones voluntarias, soldados de esta unidad habrían contado en detalle este hecho, reconociendo su responsabilidad.

Hasta ahora Pinto no ha sido llamado por la JEP, aunque las organizaciones sociales ya entregaron un informe explicando su presunta responsabilidad. En 2016 fue ascendido a brigadier general. Hoy comanda la Segunda División del Ejército, en Norte de Santander.

Sobre el Cacique Pigoanza, las organizaciones han hablado de la presunta responsabilidad del coronel Carlos Jair Salamanca Robles, quien lideraba en esa unidad. Dentro de los casos reportados está la masacre de Potrerillos, en el municipio de Gigante. El 23 enero de 2007 fueron asesinados Éver Mosquera Pérez, Felipe Bernate Alonso, Orlando Molano Gutiérrez y un joven que no fue identificado por militares que hacían parte del tercer pelotón de la compañía Acorazado de dicha unidad.

El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia judicial del 26 de noviembre de 2015, reconoció los hechos y obligó al Ministerio de Defensa a pagar una indeminzación de 200 millones de pesos. El portal 180 grados, de Huila, reveló que, según la sentencia, los militares “falsearon la realidad” para hacer pasar a los cuatro campesinos como guerrilleros de la Columna Móvil ‘Teófilo Forero Castro’ de las Farc. El informe del supuesto combate fue firmado por Salamanca Robles, quien hasta ahora no ha sido procesado ni ha sido llamado por la JEP.

Para ese entonces, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, como comandante de la Novena Brigada, dijo en los medios de comunicación que sus tropas “habían dado de baja a cuatro peligrosos bandoleros después de un feroz combate, puesto que los presuntos guerrilleros le habían hecho frente a la tropa”, reportó 180 grados. Pero la sentencia del tribunal esclareció que esa afirmación “es totalmente falsa, pues dicho combate jamás existió”.

Dentro de los patrones que ha encontrado la JEP, a partir de la información recolectada, está la victimización “como consecuencia de estigmatización de la población de zonas rurales o apartadas de las cabeceras municipales como simpatizante o integrante de las Farc, principalmente, o aprovechando situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y marginalidad económica en población”.

Con frecuencia, dijo el informe del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, se engañó a las víctimas, incluidas las campesinas, “con la posibilidad de hacer un trabajo en zona rural o de participar en alguna actividad ilegal”. También se observa en otros casos una característica del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales atribuido a estos batallones: la utilización de informantes y reclutadores para la identificación de víctimas o incluso su engaño para trasladarlas a los lugares en los que eran simulados los combates. Por hechos de los dos batallones, la Fiscalía adelantó investigaciones contra 167 miembros de dichas unidades.

Casanare

Dos adultos mayores (uno de 84 años), dos personas en situación de discapacidad y campesinos en su mayoría son algunas de las víctimas de muertes irregulares presentadas como bajas en combate en el departamento de Casanare. De acuerdo con la JEP, entre 2002 y 2008, se presentaron 246 ejecuciones extrajudiciales en este territorio, siendo el año 2007 el más violento con 95 víctimas.

En esta zona tiene jurisdicción la Cuarta División, específicamente la Décima Sexta Brigada del Ejército, la cual reportó un total de 24.324 bajas en combate, entre enero de 2005 y diciembre de 2008. De esta cifra, la JEP logró contrastar que 7.279 serían muertes cuestionadas, es decir, estamos hablando del 30 % de las bajas de esta unidad. La mayoría de los casos que podrían ser víctimas de falsos positivos están concentrados en los municipios de Aguazul (21,8 %), Yopal (13,7%), y Monterrey (10 %).

Durante 2007, el año más violento (95 en total, casi el doble con el año anterior), el general (r ) Henry William Torres Escalante era el comandante de la Décima Sexta Brigada del Ejército. Bajo su comandancia, en ese mismo año, se dio la ejecución de dos jornaleros en Casanare que fueron presentados como bajas en combate por la Brigada XVI. El caso cursó el proceso en la justicia ordinaria y el juzgado 61 administrativo de Bogotá tras confirmar que había sido el teniente Fabian García Céspedes, adscrito a esta brigada, quien ordenó asesinar a Daniel Torres Arciniegas (padre) y Roque Julio Torres (hijo), vestirlos con camuflado y luego simular el combate para hacerlos pasar por insurgentes.

Por la presunta responsabilidad de Torres Escalante en este crimen, el general retirado pidió pista en la JEP y ha asistido a dar su versión de manera voluntaria ante el Tribunal de Paz. Sin embargo, Torres no ha reconocido su responsabilidad en las ejecuciones e insiste en su inocencia.

De las cinco brigadas que conformaron de manera variable la Cuarta División, la Brigada VII y la Brigada XVI concentraron en la mayor cantidad las muertes cuestionadas, para un total de 230 procesos en la Fiscalía, entre 2001 y 2011, por la muerte de 415 personas, dijo el auto de la JEP.

La cadena de mando durante los años más violentos en el Casanare por homicidios que podrían ser víctimas de “falsos positivos” estuvo liderada por el general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, quien llegó de comandante de la Segunda División el 13 de diciembre de 2004 hasta 2l de noviembre de 2007. Por su parte, en la Cuarta División estuvo al frente el general Guillermo Quiñones desde 2006 hasta 2008, años que coinciden con los picos de homicidios cuestionados reportados en este departamento.

El pasado 12 de febrero el general retirado Quiñones rindió versión voluntaria ante la JEP, que indaga sobre 197 posibles “falsos positivos” de la Brigada XVI, que respondía a la Cuarta División que comandaba. En la diligencia que se extendió durante ocho horas, el oficial negó su responsabilidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales bajo su comandancia. Carmen Zuluaga y Raquel Benavides, madres de dos jóvenes asesinados y presentados como bajas en combate, pidieron al militar mayor aporte a la verdad y respeto hacia las víctimas. A Raquel le desaparecieron su hijo, luego lo asesinaron y presentaron como guerrillero. “Le pusieron una pistola en la mano derecha y él era zurdo; le pusieron unas botas talla 40 y él calzaba 38”, relató.

Según la Fiscalía, en el 2006 las unidades a las que se les adjudica mayor número de homicidios cuestionados fueron el Gaula del Ejército en Casanare (GACAS), el batallón de infantería Nº 44 Ramón Nonato Pérez y el batallón Contraguerrillas Nº. 65 Batalla de Cachín. En el año siguiente, aumentaron considerablemente las investigaciones contra el GACAS y BIRNO, así como la de un cuarto batallón llamado Grupo de Caballería mecanizado Nº 16 (GMDC).

De acuerdo con la información recopilada por la JEP, en Casanare, especialmente por parte de miembros del Grupo GAULA Casanare, se evidencia un patrón de selección de las víctimas en el que los militares hacían uso de informantes o reclutadores que podían ser personas desmovilizadas que contactaran a otros miembros que habían dejado las armas para hacerlos pasar como bajas en combate. Esto, aseguró la JEP, habría sido una estrategia de Enrique Soto Bracamonte, comandante de este Batallón, que consideraba que esto permitiría “dar visos de mayo legalidad en los pasos de falsos positivos”.

Bracamonte le dijo a la JEP que en el Ejército sí exigían cuotas de bajas y que también recibieron por buenos resultados beneficios. También es uno de los oficiales que se ha reiterado a la responsabilidad de Mario Montoya, excomandante del Ejército, por este fenómeno. Dijo que su superior ordenó colocar un tablero en acrílico para llevar las estadísticas y tener el registro del último día en que esa unidad había reportado un muerto. Fue así como se dio una especie de rivalidad por éxitos operacionales entre el Batallón de Infantería Ramón Nonato, con sede en Tauramena, y el Gaula Casanare.

“El general Montoya era una persona muy arbitraria. Siempre lo he dicho con las personas privadas de la libertad. (Montoya) fue lo peor que le pasó al Ejército, porque era un militar que no pensaba, él siempre daba las órdenes arbitrariamente, sin pensar”, agregó el militar.

Meta

La JEP señala que Meta tiene el 6% del total de la victimización, siendo el 2007 el momento en el que más casos de “falsos positivos” se presentaron. Ocupa el segundo lugar en la priorización de los 10 departamentos con mayor número de víctimas: 394.

Las organizaciones sociales, en sus informes, hablan de cementerios repletos de personas no identificadas, colindantes con unidades militares, como la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), en La Macarena. “El propio alcalde del municipio confirmara que era un cementerio nutrido por los cuerpos que llevaba el Ejército Nacional. De hecho explicaba el burgomaestre que debió ampliar el cementerio en 6.500 metros cuadrados para poner los N.N. que llegaban a diario de la guerra”, aseguró el informe Desenterrar la verdad de los Llanos Orientales, del Colectivo Orlando Fals Borda, Colectivo José Alvear Restrpo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Cuatro cementerios más, con características similares, fueron identificados en los municipios de Granada, Vista Hermosa, San José de Guaviare y Villavicencio. Al menos 1.674 personas estarían inhumadas allí, según la Fiscalía General de la Nación, muchas de ellas víctimas de este fenómeno.

Al igual que en Casanare, en Meta también hace presencia la Cuarta División del Ejército, comandada por el general Quiñones, como se explicó anteriormente. Específicamente, estaban las brigadas Séptima y la Móvil 7, agregada a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO). De la primera unidad se conoce que los comandantes eran el general Luis Antonio Coronado León, durante parte de 2004 y 2005, y el General Francisco Ardila Uribe, entre 2005, 2006, y 2007.

De acuerdo con la JEP, ambas brigadas que fueron analizadas para identificar los municipios con mayor cantidad de hechos. Hasta el momento, 83 miembros de estas unidades que operaban en el departamento se han acogido a esta justicia especial.

Hay una unidad en especial de la Brigada Séptima que produjo terror en el Meta: el Batallón de Infantería no. 21 Batalla Pantano de Vargas (Bivar), con sede en Granada, que presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. La Fiscalía investigó, al menos, 47 crímenes de este tipo, entre 2002 y 2003, los cuales reúnen un total de 104 víctimas. Dichos hechos tienen relación con 153 militares, en su mayoría adscritos al Bivar.

Quien comandaba dicha unidad era el coronel Héctor Alejandro Cabuya León, quien posteriormente fue judicializado por 21 hechos, que incluyen los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y fraude procesal. El militar recibió por parte de la JEP el beneficio de la privación de libertad en unidad militar cerca de su núcleo familiar.

(Le puede interesar: Falsos positivos en la JEP: el 78% de las víctimas se reportaron en el gobierno Uribe)

Según una sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, Cabuya León le colaboró con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) “con el suministro y transporte de armas, además recibían cadáveres de civiles ejecutados extrajudicialmente por los armados ilegales para ser reportados como personas muertas de manera legítima en combates llevados a cabo por las tropas oficiales con irregulares”.

En este tipo de casos también está involucrado el mayor Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas, segundo comandante del Bivar, quien fue condenado a 38 años de cárcel por la muerte de dos jóvenes civiles que fueron presentados como miembros de las AUC. Por encubrimiento, también fueron condenados a seis años el sargento Jader Alexander Gómez Ayala y los soldados Faiber Ceballos Gómez, Jesús Danilo Zapata y Richard Cárdenas.

Según la investigación de la Fiscalía, existía una alianza entre algunos oficiales del Bivar y los miembros del Bloque Centauros de las AUC, para simular operaciones y así recibir el reconocimiento de los comandantes y calmar las críticas de la gente que no veía resultados contra las estructuras paramilitares en el departamento.

Estos hechos luego fueron aceptados por el exparamilitar Luis Alex Arango Cárdenas, conocido en la guerra como Chatarro, quien en el Tribunal de Justicia y Paz reveló que en la década que estuvo en este grupo armado, sólo hubo tres combates reales contra el Ejército. Los demás fueron “falsos positivos”.

Pero Chatarro aclaró que no fue la única unidad. El portal Verdad Abierta reveló que los exjefes del Bloque Centauros también recordaron que el mayor Rosero y el capitán Tamayo, de la Brigada Móvil Cuatro, de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO), también se aliaron con ellos para mostrar resultados. Quien los presentó fue María Oliva Torres, exalcaldesa de Mesetas.

También la organización Human Right Watch, en 2016, mencionó que la la Brigada Móvil N.º 12, que patrulla por Meta y Guaviare, también era investigada por la Fiscalía por, al menos, 27 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Los comandantes de la unidad eran los coroneles Carlos Hugo Ramírez Zuluaga (al menos parte de 2005 y 2006) y Cipriano Peña Chivatá (al menos parte de 2007).

Dentro de ella estaba la Brigada Contra Guerrilla 83 que, de acuerdo con la Unidad de Derechos Humanos del ente investigador, sería responsable de cinco casos de “falsos positivos” entre 2006 y 2007. “El Teniente Coronel Miguel Antonio Beltrán Chacón está siendo procesado por haber presuntamente ordenado la ejecución de tres hombres en Vista Hermosa, Meta, mientras se desempeñó como comandante del batallón”, señaló Human Right Watch.

Un guía civil que acompañaba a las tropas de esta brigada informó a la Fiscalía que escuchó cuando Beltrán Chacón le decía a un teniente por radio que capturara “tres personas para legalizarlas como guerrilleros” con las armas. Los civiles, que se movilizaban en un carro, habrían sido llevados a la fuerza para ser ejecutados y posteriormente vestidos con indumentaria militar. Beltrán señaló en un reporte que dieron de baja a tres terroristas. Por este hecho fue felicitado por la Brigada Móvil No. 12.

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