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El 2022 será recordado por cientos de comunidades étnicas en el norte del Cauca y el sur del Valle como un año en el que la historia jurídica del país giró a su favor. Por fin, después de tantas peticiones por ser escuchadas desde un tribunal de nivel nacional, se forjó una alianza entre la justicia transicional y la justicia ancestral afro, que poco a poco está esclareciendo crímenes perpetrados durante la guerra en esta zona del suroccidente colombiano.
Durante décadas, la justicia ordinaria jamás estuvo interesada en abrirle espacios de diálogo y escucha a modelos de justicia propios. De hecho, ni con la Constitución de 1991, que comenzó a visibilizar y proteger a este tipo de organismos como instancias para la resolución de conflictos de pueblos étnicos en Colombia, la influencia de la justicia ancestral en la rama judicial cambió sustancialmente para tener un rol más protagónico. Para suerte de muchos territorios caucanos y vallunos afligidos por el conflicto armado y marginados por la justicia centralizada, en agosto de este año la justicia ancestral afro dio de qué hablar en un escenario jurídico nacional.
En contexto: La unión por la verdad de la guerra entre la Justicia Ancestral Afro y la JEP
Los despachos que investigan el macrocaso 05 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionado con las afectaciones territoriales de la guerra en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, reconocieron que una parte gruesa de los hechos victimizantes que se vivieron en esta zona del país no se pueden entender en su totalidad si no se acude a una voz autorizada desde el territorio que por décadas haya tratado de forma comunitaria los modelos de justicia propia que involucren ancestralidad, reconocimiento diferencial o incluso hechos que ni la misma JEP tenga en el radar de sus folios.
La dinámica ha sido sencilla: en una misma sala, togados de la JEP se sientan con algunos de los 11 jueces comunitarios -que a su vez son mayores de distintas comunidades afros en el norte del Cauca- para intercambiar saberes, reconstruir relatos y cruzar información en común que tengan sobre afectaciones colectivas que las Farc o la fuerza pública perpetraron en su contra. Acto seguido, los jueces de las actividades interjusticias debaten y concilian posturas para tener un panorama más amplio del caso que les asignan.
Este proceso es similar al que tiene la justicia ancestral cuando actúa por su cuenta, con la diferencia de que en la unión con la justicia transicional el tribunal afro no delibera ni sanciona a quienes sienta en sus salas. Si bien el trabajo en conjunto sirve para comprender patrones macrocriminales de una forma más detallada, los procesos de sanción son los que están al pie de la letra en la Ley Estatutaria de la JEP; sin ninguna excpeción en el macrocaso 05.
Esta unión interjusticias tuvo desde su génesis un impulsor importante: la Asociación Cultural Casa del Niño. Esta organización caucana logró que la JEP dimensionara la relevancia de escuchar a jueces comunitarios que durante décadas, incluso antes del inicio del conflicto armado, han tratado situaciones de violencia y alta complejidad entre comunidades afrocolombianas. Kevin Olmos, uno de los miembros de este colectivo, le dijo a Colombia+20 que esta alianza no es fortuita, pues “es una demostración de que nada ni nadie está del todo aprendido. Solo escuchándonos llegaremos a la verdad de la guerra y será histórico ir viendo con el paso de las semanas cómo los procesos sofisticados de la JEP, con sus autos, se irán alimentando de experiencia ancestral y conocimiento por lo que los pueblos negros en el suroccidente colombiano vivieron por tantas décadas en silencio o agachando la cabeza”.
Desde Casa del Niño también sienten que ya están escuchando a las bases de las víctimas asociadas al caso 05 de la JEP. “De las más de 180.000 personas acreditadas en ese macrocaso territorial, cerca de una cuarta parte son consejos comunitarios (84 acreditados) que representan a cerca de 40.000 personas. El caso 05 desde sus raíces está hecho para negritudes y paradójicamente no se habían escuchado nunca… ahora incluso están tenidas en cuenta para escuchar y analizar versiones de actores del conflicto, como militares o exguerrilleros”, expresó Olmos.
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Si bien, como señala Olmos, esta es la primera vez que se articula un tribunal nacional como la JEP con un modelo de justicia afro, el año 2022 también dejó avances en materia étnica para el esclarecimiento de verdades en la guerra, como las diligencias interjurisdiccionales que el macrocaso 05 tuvo entre abril y mayo de 2022 con la justicia indígena, para escuchar versiones voluntarias colectivas de antiguos miembros del frente sexto de las Farc.
Estos primeros cuatro meses han dejado pasos de gigante para lo que puede aportar la justicia ancestral afro ante tribunales transicionales de paz. Los pueblos afro se ganaron a pulso un espacio para incluir su justicia en la JEP, con el que podrán contar con mayores ámbitos de diálogo, verdad, esclarecimiento, dignidad y fortalecimiento social, que podrán restaurar por fin tantos años de barbarie de una guerra que les arrebató mucho.
Así lo ve Cléider Muñoz, víctima afro, quien considera que la articulación entre ambos tribunales ha fortalecido la esperanza que tienen desde el territorio para esclarecer lo que la guerra les hizo a sus hogares.
“Cuando la JEP comenzó con el caso de nuestros territorios daba la sensación de que faltaba algo más. Había voluntad para investigar lo que sucedió con la guerrilla y el Ejército en los años del conflicto armado especialmente en el norte del Cauca, pero faltaba contexto. Recuerdo un día, como por 2019, que un grupo de víctimas llegaron a un evento de la JEP en Santander de Quilichao y reclamaron que dejaran intervenir para algunas cosas a jueces comunitarios afro, para explicar más en detalle nuestras afectaciones. Afortunadamente escucharon y lo que vemos ahora es un sueño hecho realidad. Este caso de nuestra región es muestra de que sí se piensa en las víctimas como centro de la justicia. Han hecho trabajos dialógicos y harán muchas cosas más por nuestro territorio. Mi balance es positivo y con muchos sueños para 2023″, narró Muñoz.
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Un modelo pionero
El magistrado Raúl Sánchez es uno de los togados que desde la JEP más ha impulsado los procesos de justicia ancestral en unión con la justicia transicional. Dialogó en agosto con este medio sobre el impacto de la justicia ancestral afro dentro de la JEP, resaltando ejercicios de reconocimiento, armonización de relatos, restauración desde las bases y sanación de tejido social.
De acuerdo con Sánchez, “las fases dialógicas con la justicia ancestral afro permitieron maximizar el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y además aumentaron el esclarecimiento de hechos, algo fundamental para la JEP en las versiones colectivas que tienen que ver con lo sucedido en el Cauca y en el Valle después de tantos años de violencia constante”.
Para Erick*, vocero del consejo comunitario La Toma, en Suárez (Cauca), para la historia debe quedar que este modelo de justicias articuladas es pionero en el continente en materia de resolución de conflictos.
“En estos meses nos sentimos más escuchados, más importantes y ahora nos creemos el cuento de que no somos más espectadores sino protagonistas de nuestra propia verdad después de la violencia que sufrimos. Hay gente que no lo reconoce, pero el simple hecho de que los jueces afro hayan hablado con magistrados de la JEP, en igualdad de condiciones como debe ser, habla de que existe un interés en repararnos, en que nuestra narrativa aporte y que desde nuestras voces quede claro el mensaje de que nunca más en la vida queremos volver a esos dolores que nos quitaron tantísimas cosas y cambiaron para siempre nuestra forma de vivir. Aunque duele que la violencia persiste y nos siguen persiguiendo para asesinarnos”, aseveró.
El macrocaso 05 de la JEP agrupa casi a la mitad de todas las víctimas acreditadas en la JEP (cifra que ronda las 400.000 personas). Por eso hablar de justicia ancestral afro en este contexto no es referirse a casos aislados; por el contrario, es referirse a una sistematicidad de violencia que afectó a una parte considerable de las personas trastocadas por la guerra en Colombia. Por eso, el mensaje que ha querido llevar la justicia ancestral afro en esta zona del país es una voz de aliento de que es posible replicar esto para escuchar a más personas y así entender mejor las afectaciones que dejó el conflicto armado.
Otro contexto: El anhelo de justicia que le piden a la JEP desde el Urabá
Así lo han interpretado magistradas como Xiomara Balanta, quien desde la JEP ha tomado banderas de defensa de luchas de negritudes en el posconflicto, y que también ha reconocido en diligencias del macrocaso 04 (afectaciones territoriales al Urabá, Darién y Atrato) que lo que sucede en Cauca y Valle con la justicia ancestral afro se debe replicar pronto para conocer nuevos relatos y perspectivas del fin del conflicto.
“Acá somos pioneros, pero no queremos ser los únicos que adopten un modelo ancestral. Tenemos la satisfacción de que la justicia ancestral afro estuvo presente en momentos importantes como los relatos de algunos excomandantes de Farc, en septiembre de 2022, de la escucha a más personas relacionadas con la violencia y de momentos bellos como un abrazo colectivo que se dieron víctimas de crímenes de guerra en el Cauca, el pasado 16 de octubre, mostrando una vez más nuestro poder reconciliador. En 2023 seguramente los 11 jueces ancestrales seguirán hablando con la JEP y escuchando relatos a medio contar como la masacre de Jamundí, con una afectación altamente afro”, concluyó Kevin Olmos.
*Nombre ficticio, a petición de la fuente